EL VENEZOLANO COLOMBIA | EL PAÍS
La Cámara de Representantes ha aprobado este martes el uso adulto de cannabis en Colombia. Con 98 votos a favor (eran necesarios 95) y 57 en contra, la cámara baja del Congreso de la República ha dado luz verde al proyecto de reforma constitucional en su sexto debate de ocho necesarios para que se convierta en ley. Los dos restantes dependen del Senado, que tiene como plazo máximo para aprobarlo el 20 de julio próximo.
En caso de no cumplirse, se archivará por no cumplir con los tiempos.
Tras superar el debate, el representante liberal Juan Carlos Losada, uno de los impulsores del proyecto, agradeció a los congresistas que lo han respaldado y comentó:
“Esta Cámara le ha cumplido a la agenda progresista, liberal, a la agenda de derechos de los colombianos y por supuesto a un nuevo enfoque a la política de drogas, a la fallida guerra contra las drogas en nuestro país”.
El proyecto debe pasar por ocho debates (y no por cuatro como ocurre con las leyes ordinarias) ya que busca modificar el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe desde 2009 el porte y consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. De los ocho debates, cuatro ocurren en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado.
El objetivo fundamental del proyecto impulsado por el representante Losada es impugnar la prohibición absoluta que impulsó en su momento el Gobierno de Álvaro Uribe para, de esa manera, autorizar la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados para uso exclusivo de los adultos. Eso permitirá, dice el articulado del proyecto, que los tributos obtenidos del mercado cannábico sean invertidos en las regiones que han resultado más afectadas por la guerra contra las drogas.
De acuerdo con otros artículos del proyecto, en caso de que se apruebe, el consumo de sustancias psicoactivas pasará a tratarse como un tema de salud pública. Además, dice que se garantizará que las personas adictas a ese tipo de sustancias puedan acceder a tratamientos terapéuticos para tratarse. De igual manera, se ordenará al Gobierno que en un plazo máximo de 12 meses se cree y se divulgue una política pública que prevenga el consumo de sustancias psicoactivas.
