La camarilla roja se ha especializado en inventar leyes para reducir la transparencia de la función pública y para asumir poderes contrarios a los principios fundamentales del derecho y de la justicia. Son leyes para el hacer el mal. Hoy quiero destacar fundamentalmente dos, una con la que se ha logrado robar a manos llenas, denominada Ley Antibloqueo; y otra con la que van a robar y a hostigar a muchos, la llamada ley de extinción de dominio.
Con la primera, la llamada ley antibloqueo, han dejado sin vigencia todas las normas dictadas por la democracia para hacer transparente y auditable el manejo financiero del estado. Bajo el pretexto de buscar evadir las sanciones impuestas por la comunidad internacional al gobierno de Maduro, se inventaron este conjunto de nomas mediante las cuales evaden los procesos abiertos de contrataciones públicas, las normas lógicas y universalmente aceptadas de la contabilidad financiera, que obliga a contar con presupuestos equilibrados con previsión y ordenación de los gastos, tramites de pagos a través de instrumentos financieros auditables, y otras normas sobre trasparencia y seguridad en el manejo de las finanzas publicas. Todo eso se lanzó al cesto de la basura.
Ahora se veden, regalan, arriendan, prestan y permutan bienes y activos del estado venezolano en absoluto secreto.
Los beneficiarios de esos actos son personas del entorno político y económico de los jefes de la cúpula roja, tal y como termina de evidenciarse con la forma como se apoderaron de los dineros provenientes de la venta del petróleo, sin que aún se conozca el volumen de crudo, oro, coltán y otros activos saqueados al país. Llegó a tal nivel la informalidad de las operaciones, bajo el amparo de esta nefasta ley, que en PDVSA, ministerios y gobernaciones se pagan bienes y servicios en efectivo, con dólares y euros. Adiós a las órdenes de pago, a la prueba del mismo, mediante cheque o transferencia.
En efectivo, es más eficiente el dicho según el cual: “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.
Tratan de justificar su grotesca inmoralidad con la supuesta ausencia de normas severas para “proteger los bienes de la nación”. Con ocasión del escandaloso robo en PDVSA salieron corriendo a implantar otra normativa, titulada como “Ley Orgánica de Extinción de Dominio”. Tratan de construir una narrativa para mostrar al régimen como doliente y eficiente en la lucha contra la corrupción.
Ahora quieren convencer al país que necesitan poderes especiales y expeditos para recuperar lo robado por sus más cercanos colaboradores y camaradas. Otra farsa más a las que nos tienen acostumbrados. Aquí el saqueo, la corrupción y el robo de las riquezas nacionales se convirtieron en forma de vida normal de toda la nomenclatura del poder porque así se planificó desde la cabeza del gobierno, cuando aún estaba en vida el comandante de Sabaneta.
Dejar robar a los cabecillas civiles y militares para tenerlos controlados. Hasta que la situación se ha hecho insostenible. El saqueo ejecutado no tiene precedentes, ni parangón en ningún país del mundo.
Lo cierto es que aquí no se puede sostener que la corrupción se debe a la ausencia de leyes. El país tiene normas suficientes para castigar a los corruptos y corruptores. También cuenta con normas suficientes para recuperar para el estado, todo lo robado que esté en el territorio nacional, y da atribuciones suficientes a las autoridades para gestionar en otros países la devolución de lo robado.
Aquí lo que ha faltado es voluntad política para enfrentar la corrupción. La revolución bolivariana estableció la impunidad como política. Por eso el mal se expandió hasta hacer la metástasis que hoy apreciamos.
Esa nueva ley de Extinción del Dominio es fundamentalmente un arma para la guerra existente entre los bandos que pugnan por el poder dentro del gobierno. Es un mensaje a los que aún están dentro del poder de confiscarles, sin fórmula de juicio, lo robado si no se alinean a críticamente a las instrucciones de la cúpula roja. Pero también podrá ser utilizada contra cualquier ciudadano ajeno a las tramas corruptas del régimen.
Basta que algún jefe de la revolución se enamore de un bien existente en el territorio nacional, para que de forma expedita se lo confisquen, bajo la acusación de provenir de actos de corrupción. Después que se lo ocupen, lo desvalijen, lo destruyan ya esos bienes habrán perdido su valor fundamental, y las victimas no tendrán ni fiscalía, ni defensoría del pueblo, ni mucho menos un tribunal donde acudir a demostrar su inocencia. Adiós a la presunción de inocencia, al debido proceso, al derecho de propiedad. Todos esos derechos derogados de un plumazo por el derecho revolucionario.
Esa ley busca robar a los que ya robaron. Porque junto a la ley antibloqueo facilitan unas operaciones expeditas y oscuras de ocupación y venta de todos esos activos. Se trata de una normativa contraria a los principios generales del derecho.
El derecho como ciencia ordenadora de la vida social ha generado, en todo su proceso de formación, una serie de teorías y principios sobre los cuales se ha construido el moderno estado democrático en las sociedades occidentales.
Entender la ley como parte importante de la ciencia jurídica, significa adecuarla a las instituciones que por siglos ella ha construido. Un conjunto de normas vaciadas en el papel, por tener la forma y la autoridad para imponerla no adquiere la categoría de ley justa y democrática.
La ley en el estado social de derecho debe dictarse respetando los derechos fundamentales de la persona humana, buscando ordenar la vida social de forma tal de garantizar la paz, la justicia, la equidad y el bienestar general de los ciudadanos.
Cuando una ley se dicta para desconocer esos principios, cuando detrás de un texto normativo hay un espíritu de venganza, de arbitrariedad, de parcialidad hacia intereses bastardos estaremos frente a una ley injusta, contraria al bien común y generalmente contraria a la constitución.
Es eso lo que estamos apreciando en estos tiempos de la revolución.
Leyes para el robo, la arbitrariedad y la violación de los derechos humanos.
No estamos frente a una evolución positiva del derecho. Al contrario estamos en un proceso de involución dictando normas bastardas. Es lo que cierto sector de la doctrina conoce como “derecho penal del enemigo”. Leyes dictadas para atacar al adversario, para someter al contrario, no para ordenar la vida de la sociedad.
Rescatar el estado de derecho, retomar el desarrollo de la ciencia jurídica moderna, basada en los principios generales del estado social de derecho y de justicia, constituye una tarea para los juristas y políticos democráticos.
