EL VENEZOLANO COLOMBIA | LA SILLA VACÍA
Rubí es venezolana, tiene 28 años y lleva seis viviendo en Colombia. Decidió salir de Aragua en Venezuela, con sus tres hijos cuando la menor tenía menos de un año de nacida. Hoy, vive en Santander y trabaja en una heladería.
“Pero no es fijo porque no tengo documento”, cuenta. A ella le negaron el Permiso Temporal de Permanencia, el famoso carnet del PPT que empezó el Estatuto para Migrantes del gobierno Duque y ha regularizado a más de 1,6 millones de venezolanos hasta octubre del año pasado.
No es la única. Organizaciones de la sociedad civil, consultorios jurídicos y asociaciones de venezolanos en Colombia están acompañando a migrantes venezolanos a quienes les están negando el PPT de manera arbitraria y sin la certeza de poder apelar esta decisión.
Las fallas en la regularización chocan con la promesa de “migración humana” que se ha convertido en el lema de Migración Colombia desde que Fernando García llegó a encabezarla. El director ha dicho varias veces que el PPT es “un carnet que no garantiza derechos”. Pero ha reconocido que la regularización es el primer paso para el acceso a los básicos como la identidad, la salud y la educación.
Sin embargo, la entidad que encabeza, no solo ha negado cientos de permisos sino que sigue liderando operativos a través de los Grupos Especiales Migratorios (GEM). Estos son operaciones conjuntas de Migración con la Policía o el Ejército que tienen como objetivo realizar un control migratorio, pero rápidamente se pueden convertir en una persecución a los venezolanos que no han terminado de regularizarse.
Sin PPT y con esas operaciones, se complica la integración de casi 3 millones de migrantes venezolanos que “estamos radicados aquí, no queremos quitarle nada a nadie, solo necesitamos trabajar”, como dice Rubí.
El Grupo Especial Migratorio (GEM) adelanta operativos en parques centros comerciales y establecimientos abiertos al público, realizando verificaciones, sancionando, deportando, además “realiza acompañamiento humanitario” a ciudadanos venezolanos quienes, voluntariamente, decidieron regresar a su país.
Según los datos suministrados por Migración, en los últimos cinco años se han hecho más de 308 mil GEM en todo el país. De esos, 218 mil fueron en el 2022, un incremento en comparación con los 37 mil del 2021, los 15 mil de 2020 y los 17 mil de 2019. Es decir, en el año que llegó Petro al poder casi se multiplicaron por seis estas operaciones.
La migración humana anda embolatada
Rubí cuenta que quiso obtener “el carnet para mis niños, porque a mí me preocupa lo de la educación de ellos y su salud. Mi chiquita desde que era pequeña le daba gripa muchas veces, entonces necesitaba estar metida al sistema de salud”, dice.
A corte de octubre del año pasado –según un informe que Migración Colombia publicó, pero luego bajó de la página y no ha vuelto a publicar como ha denunciado el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario– en el país hay cerca de 2,9 millones de venezolanos, que salieron del vecino país por la compleja situación política y económica en la que se encuentra.
El proceso para que le negaran el PPT a Rubí se demoró más de dos años. Buscó su regularización cuando tomó la decisión de quedarse en Colombia y trabajar aquí. Le dijeron que el proceso tardaría tres meses. Pero no fue hasta que su amiga mandó un correo electrónico a las oficinas de Migración, dos años después, que se enteró que su PPT había sido negado. “Me tocó pedirle a mi amiga, porque fui a las oficinas y no me supieron dar razón”, cuenta, “porque yo soy un poquito mala para lo que es meterme a computadores o teléfonos”.
Según la respuesta que Migración le dio a la Silla el procedimiento para negar un PPT está especificado en el decreto 971 de 2021 –el del Estatuto–. Dicen que solo niegan un PPT si el solicitante tiene antecedentes penales o procesos administrativos o judiciales en Colombia o en el exterior; investigaciones administrativas migratorias; expulsiones o deportaciones; ha sido reconocido como refugiado o tiene una solicitud de protección internacional vigente.
Rubí no cumple con ninguna de esas causas de negativa, como tampoco lo hacen los cerca de 400 casos de PPT negados que acompaña la fundación Juntos se Puede. Les llegaron tantas solicitudes de acompañamiento que les tocó poner una encuesta de Google para recoger todos los casos.
“Tenemos muchos otros casos en los que no encontramos ninguna razón para la negativa”, cuenta Ana Karina García, la presidenta de Juntos se Puede, una ONG que desde el 2019 busca mejorar las relaciones de los migrantes con sus comunidades de acogida. Según dice, como ocurrió con Rubí, buena parte de los casos que recibe la fundación, no reciben oportuna notificación de la negativa de su PPT.
No es la única notificación que les falta a los migrantes, “muchos de los rechazos son por procesos administrativos que las personas ni siquiera han sido notificadas que tenían”, cuenta María Fernanda Orozco, de la clínica jurídica para migrantes de los Andes que también ha recibido casos.
Se trata de anotaciones policiales por infracciones como cargar una navaja, usar mal el tapabocas en el transporte público, salir de sus casas durante el confinamiento o pasarse un semáforo en rojo.
Esta última sanción hace parte de una profecía cumplida que vaticinó hace dos años Lucía Ramírez Bolívar, investigadora de DeJusticia, en una columna: “Una multa por pasarse un semáforo en rojo es una infracción al ordenamiento jurídico. ¿Le van a cancelar el Permiso a una persona por esa razón?”, escribió.
Ramírez llamó la atención sobre posibles arbitrariedades que hacen parte del articulado del Estatuto de Duque, pero “no lo incorporaron con el argumento de que el debido proceso no se aplica en decisiones administrativas como las de Migración, sino en casos de derecho penal y como aquí no hay sanción legal, no se habla de debido proceso”, le dijo a La Silla.
Dice que se trata de un “problema estructural sobre cómo se ven los procesos administrativos, parece que no tuvieran un impacto para los derechos humanos, pero, en este caso, el estatus migratorio es la puerta de entrada para acceder a derechos”, concluye.
COMUNICADO NO QUEDA CLARO
El segundo lío para los migrantes es que en el comunicado en donde les niegan el PPT no queda claro que pueden recurrir esta decisión. Orozco, de la clínica jurídica de los Andes, explica que los recursos –bien sean la reposición o la apelación– de la negativa se deben interponer en los siguientes 10 días. “Pero como no se notifica debidamente ni sobre la decisión ni sobre los recursos que tienen a su disposición, ni los migrantes ni nosotros que hacemos el seguimiento jurídico sabemos cuál será la efectividad del procedimiento”, dice.
Según la oficina de comunicaciones de Migración, si un PPT se cancela, no se puede apelar y la persona debe salir del país en los próximos 30 días. Pero si una solicitud de un PPT se niega sigue una demanda contra el acto administrativo y “siempre se encuentra abierta la opción de regularización mediante visados, salvo los casos en que se encuentre incurso en sanciones migratorias o judiciales”, le dijo Ramírez a La Silla.
Los operativos terminan criminalizando a los migrantes
El 31 de marzo, agentes de Migración Colombia y la Policía hicieron un operativo de verificación migratoria en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. La entidad le dijo a La Silla que el objetivo de este grupo especial migratorio (GEM) es fortalecer medidas de verificación de migración, como “el registro, la protección y la atención del fenómeno migratorio irregular”. El GEM lo conforman la Policía Nacional, el Icbf, la Dian y Migración Colombia, según le contó Migración a La Silla, y tiene como fin “promover una política migratoria ordenada, regular y segura, respetuosa de las garantías constitucionales a nacionales y extranjeros”.
En ellas, según le contaron a la Silla dos venezolanos que estuvieron presentes pero piden no publicar su nombre por miedo a las represalias, “le piden documentos a uno y si hay alguna medida anulan el PPT”. “Pero si hay un delito, ahí se lo llevan a uno detenido”, cuentan.
“Entendemos que buscan la verificación en términos de seguridad, pero pedimos que las operaciones las acompañen la Personería, la Defensoría u organizaciones de la sociedad civil”, dice García de Juntos se Puede. Una fuente de la alcaldía, que pide no revelar su nombre porque no tiene la vocería de la entidad, dice que les preocupa que Migración gaste recursos en esas operaciones en lugar de acelerar el proceso regulatorio.
Tanto García, como la fuente de la alcaldía, describen estos operativos como “redadas”. Porque cuando los GEM entran a un espacio para hacer un control migratorio, en ocasiones hay capturados –si hay migrantes con proceso administrativos o penales encima– o menores de edad, que se lleva el Icbf si no tienen acceso a todos los derechos.
