Chile propone corredor tras emergencia migratoria de Perú

➽ De un vistazo

◉ Los migrantes, en su mayoría venezolanos, buscan abandonar Chile, atravesar Perú y seguir camino hacia Venezuela

◉ Además del corredor humanitario, el alcalde de Arica, una ciudad del norte de Chile fronteriza con Perú, declaró el jueves una emergencia migratoria

◉ El primer ministro peruano, Alberto Otárola, dijo el jueves a los periodistas que “no van a ingresar más al país los extranjeros sin documentación”

EL VENEZOLANO COLOMBIA | AP NEWS

Centenares de migrantes venezolanos varado en la frontera de Chile con Perú intentan, sin éxito, ingresar a territorio peruano en su camino hacia Venezuela, mientras autoridades chilenas plantean la creación de un corredor humanitario que les permita regresar a su país de origen. El gobierno de Dina Boluarte decretó el miércoles un estado de emergencia en todas las zonas de frontera para frenar el ingreso de extranjeros.

Los migrantes, en su mayoría venezolanos, buscan abandonar Chile, atravesar Perú y seguir camino hacia su país, pero no pueden salir del territorio chileno pues Perú no permite su ingreso al carecer de documentos. Desde la Cámara de Diputados chilena, el presidente Vlado Mirosevic, solicitará el jueves la creación de un corredor humanitario para facilitar un regreso seguro y ordenado.

Un día antes, la presidenta peruana, Dina Boluarte, decretó la emergencia que salió a Tacna, una población cercana a Chile, para “la ejecución de policías para el control de las fronteras” y Contener la de extranjeros. El anuncio lo hizo junto con unas declaraciones en las que atribuía “actos delincuenciales” a los migrantes y en las que afirmaba que “tenemos que hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana”.

Además del corredor humanitario, el alcalde de Arica, una ciudad del norte de Chile fronteriza con Perú, declaró el jueves una emergencia migratoria frente a la crisis que viven centenares de inmigrantes varados. Gerardo Espíndola declaró que “vamos a disponer de recursos” para ir en apoyo de las personas más necesitadas, especialmente niños y adultos mayores.

Los migrantes que no pueden avanzar hacia Perú se enfrentan desde hace varios días el clima inhóspito que caracteriza al desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta, con calor durante el día y un intenso frío por la noche.

Algunos improvisaron carpas con mantas, pero carecieron de agua y servicios básicos. Hay también quienes han encontrado ayuda en el complejo fronterizo cercano de Chacalluta, en la frontera con Perú.

Las imágenes de televisión desde la zona mostraron el jueves a un grupo de inmigrantes que se lanzaron a correr por la arena del desierto hacia Perú, pero fueron devueltos a la zona chilena por policías peruanos.

La escasa policía peruana realizó disparos al aire para obligar a los migrantes a no seguir avanzando y abandonar el territorio peruano. Más tarde llegó un contingente de policías antimotines peruanos que obligó a los migrantes a retroceder hasta detrás de una zona limítrofe llamada Línea de la Concordia.

El primer ministro peruano, Alberto Otárola, dijo el jueves a los periodistas que “no van a ingresar más al país los extranjeros sin documentación”. Indicó, sin dar detalles, que el problema migratorio se está conversando “al más alto nivel diplomático” porque afecta a Ecuador, Colombia, Chile y Venezuela.

También se refirió a las declaraciones de la víspera de la presidenta Boluarte para matizarlas, dijo que la mandataría había “expresado la preocupación de todos los ciudadanos del país”. No obstante, aclaró que sólo existe “un reducido número de ciudadanos extranjeros que están cometiendo delitos execrables en el Perú” y que la mayoría de venezolanos del país está “haciendo un trabajo, legal, honrado, que están contribuyendo con la economía”.

Algunas mujeres que estaban en la zona fronteriza sin poder pasar se quejaron y demandaron al gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, que les pusiera un autobús para viajar hacia Venezuela. “Tenemos dinero para pagarlo”, dijo una de ellas. Otros empujaban a policías peruanos para que les permitieran entrar al vecino país.

“Vamos a actuar con la rapidez que requiere esta situación tan crítica que afecta a las personas que están varada en la frontera”, aseguró Espíndola, que ya había planteado la idea del corredor para sacar a las personas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia “y llevarlas directamente hasta Venezuela de manera voluntaria”.

Entretanto, la Cancillería chilena “ha estado en contacto con Perú desde el primer momento”, afirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, consultado por la decisión de Boluarte, declaró que “aumenta la presión” en la frontera y envió de “un problema humanitario importante” en la zona.

Añadió que la situación “requiere… también un tratamiento colectivo”. Precisó que hay canales abiertos y que en los últimos días ha habido tres o cuatro largas videoconferencias con autoridades de alto nivel. No precisó con quiénes.

Indicó que el problema humanitario necesita de la asistencia de organizaciones internacionales con experiencia en esta materia, porque “estamos hablando de seres humanos y eso siempre hay que tomarlo en cuenta”.

La situación condujo a un roce diplomático entre Perú y Chile. El gobierno chileno convocó a la Cancillería al embajador peruano en la capital chilena, Jaime Pomareda, para expresarle su malestar por las descalificaciones que emitió el alcalde peruano de Tacna, Pascual Guisa, cuando responsabilizó al mandatario chileno de trasladar la crisis a la frontera con Perú y lo calificó de “irresponsable”. Pomareda no formuló declaraciones.

La cancillería de Perú informó la noche del jueves que convocó al embajador chileno en Lima para expresarle su “protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas, la cual ha generado” que un grupo de ciudadanos extranjeros pretende ingresar por la fuerza al Perú desde territorio chileno.

El primer ministro peruano también se refirió al asunto ante la prensa: “Lo que le pedimos al presidente Boric ya los otros presidentes es que solucionen sus problemas y no lo tiren hacia otro país”.

En Lima un centenar de extranjeros, en su mayoría venezolanos, realizó filas de espera el jueves frente a una oficina de migraciones para intentar regularizar sus documentos. En la víspera la mandataria Boluarte otorgó un plazo de seis meses para actualizar sus permisos.

Una de ellas era la venezolana María Martínez, de 25 años y madre de un niño colombiano de 2 años, cuyo esposo venezolano se quedó trabajando de mensajero de una oficina en Bucaramanga, en Colombia.

La mujer comentó que ingresó sin documentos a Perú hace medio año y vive con su madre y hermano que sí tienen sus papeles en regla. “Nadie te da trabajo sin papeles”, destaca Martínez, quien intentó buscar más de 25 veces un empleo en tiendas de ropa, restaurantes y panaderías. “Hay un estigma por culpa de un grupo de gente delincuente que hace daño a la mayoría de venezolanos”, comentó.

Por su parte, Amnistía Internacional emitió un comunicado en que llamó a Perú y Chile a poner fin a lo que llamó “la militarización” de fronteras. En una declaración pública, señaló que los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando una crisis humanitaria “que auemnta el riesgo para la vida y seguridad de las personas”.

La presidenta de Perú anunció que impulsará una reforma constitucional para “autorizar la intervención permanente de las Fuerzas Armadas en la zona de frontera”. Boric, por su parte, desplegó una multa de febrero un contingente militar a la frontera para ayudar a frenar el ingreso de inmigrantes indocumentados.

La salida de migrantes de Chile coincide con un instructivo de la Fiscalía Nacional del 10 de abril para que los fiscales pidan la detención preventiva de chilenos y extranjeros sorprendidos en delitos que no pueden acreditar su identidad.

Además, una comisión de diputados sucedió esta semana un proyecto que busca tipificar como delito la inmigración irregular y lo despachó a la sala. De aprobarse, pasaría a la tramitación del Senado. La iniciativa propone penas de cárcel que van de los 61 días a 541 días por el ingreso clandestino a Chile.