➽ De un vistazo
◉ Reconocer las vulnerabilidades generadas por el contexto socioeconómico tanto de los lugares de origen, como de tránsito y llegada
◉ Superar las limitaciones derivadas del estado migratorio e importancia de continuar con los procesos de regularización
◉ Visibilizar las desigualdades estructurales que crea el sistema de salud y generar espacios de participación para la población migrante en el rediseño de las políticas de salud
EL VENEZOLANO COLOMBIA | LA SILLA VACÍA
El derecho a la salud no es sólo una cuestión de acceso a servicios médicos y medicamentos; es también una cuestión de otros determinantes sociales.
Según la Organización Panamericana de la Salud, los determinantes sociales son “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana”. Estos factores afectan los niveles de salud de las personas e inciden en la forma como los sistemas de salud deben abordar sus necesidades.
Por ello una mirada integral del derecho a la salud demanda prestar seria atención a determinantes como la situación socioeconómica, los niveles de educación, la edad, el género, la etnia, el acceso a la alimentación y las condiciones de trabajo, entre otros.
El pasado 15 de marzo 2023, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario albergó un foro interdisciplinario para discutir con académicos y expertos el estado de los “Determinantes sociales de la salud para la población migrante en Colombia: Retos, experiencias y el papel de los Derechos Humanos”.
Pese a que se reconocieron avances generados por el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos en materia de integración y afiliación en salud de esta población, el foro reveló un panorama alarmante, especialmente para las personas que no pueden regularizar su estado migratorio o que todavía no tienen el “plastiquito” que les categoriza como regulares en el país.
Estos son los seis retos que tenemos para atender las necesidades de salud de la población migrante en Colombia.
1. Reconocer las vulnerabilidades generadas por el contexto socioeconómico tanto de los lugares de origen, como de tránsito y llegada
Como recordó David Rodríguez, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la vulnerabilidad de las comunidades migrantes suele originarse en el país de origen, pero es común que se exacerbe en el tránsito y en los lugares de destino.
En el caso de la población en situación de movilidad venezolana, los estudios adelantados por Ivonne Castillo (Consejo Danés para Refugiados) y Claudia León (Universidad Autónoma del Caribe) muestran que la diáspora reciente está asociada al aumento de violencia y la escasez de alimentos, recursos y servicios públicos, en particular de salud, en el país de origen.
En lugar de origen y en el tránsito, como resaltó Beatriz Eugenia Luna de Aliaga (Universidad del Rosario), los riesgos de caer víctimas de trata de personas, así como la falta de asistencia para las víctimas de este delito, entre otros, deteriorarían aun más el bienestar físico y psicosocial de quienes migran.
Las condiciones de vida en Colombia tampoco suelen ser determinantes favorables para la salud de la mayoría de las personas con historia de migración. Este último aspecto lo ejemplificó Andrea Rodríguez (Ministerio de Salud y Protección Social), quien relató que según un estudio participativo adelantado por el ministerio para la elaboración del plan decenal de salud pública, en el país persisten problemas de integración socioeconómica de las comunidades migrantes debido a percibida discriminación y xenofobia, falta de información adecuada y trámites y limitaciones normativas que afectan su acceso a trabajos formales y servicios esenciales de salud y educación.
2. Superar las limitaciones derivadas del estado migratorio e importancia de continuar con los procesos de regularización
Desde las primeras ponencias, resultó claro que un determinante social estructural que repercute en la salud de la población migrante tiene que ver con el estado migratorio de más de un millón de personas que todavía no están regularizadas.
Estas personas, según las normas y políticas en salud, pueden tener acceso solamente a atención de urgencias. A esto se suman prácticas irregulares de instituciones de salud que obstaculizan el acceso a este mínimo de protección en salud.
Según Diana Bernal (Universidad del Rosario), el marco jurídico excluyente conduce al personal de salud a no cumplir con principios básicos deontológicos reconocidos a nivel nacional e internacional sobre atención integral en salud.
3. Implementar un enfoque diferencial en la atención a la población migrante
Otro tema central en la discusión fue el precario enfoque diferencial de las políticas que viene adoptando el estado colombiano frente a la población migrante. Como sostiene Claudia León , si bien los estados tienen discrecionalidad para diseñar sus políticas migratorias, en materia de prestación de servicios de salud deben acatar los estándares de derechos humanos, independiente del estado migratorio de la población receptora, los cuales exigen un enfoque diferencial frente a grupos de especial protección como niños y mujeres.
Sin embargo, Luisa Vargas (Save the Children) presentó cifras preocupantes sobre desnutrición y problemas de salud mental que afectan, respectivamente, al 13% y 49% de los menores de edad de nacionalidad no colombiana.
Además, puso de presente cómo en la práctica, pese a que el artículo 44 de la Constitución reconoce que la salud es un derecho fundamental de todos los niños y que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, el estado migratorio es un factor que prima sobre la condición de ser niño o niña en las decisiones de los prestadores de servicios médicos, limitando la atención a las urgencias y haciendo evidente la ausencia de un enfoque diferencial de niñez.
Una situación similar se presenta en relación con las necesidades de salud de las mujeres. Valeria Pedraza (Women’s Link Worldwide) resaltó los obstáculos que se imponen a las migrantes no regularizadas para recibir información y servicios sanitarios relacionados con salud sexual y reproductiva. Son unas barreras que se suman a otras de tipo estructural que experimentan todas las mujeres del país y que terminan exacerbadas por la situación migratoria.
En concepto de Laura Dueñas y Juliana Patiño (Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza de la U. del Rosario), para reducir las mayores vulnerabilidades que enfrentan las migrantes irregulares que buscan, por ejemplo, interrumpir su embarazo, se necesitan reformas normativas que regulen en detalle tales procedimientos y los hagan más accesibles.
4. Reconocer la relación entre calidad del trabajo y la salud
Con base en un estudio sobre integración laboral de la población migrante, Lina Arroyave y Lucia Ramírez (Dejusticia) resaltaron las precarias condiciones laborales que afrontan muchos migrantes y que afectan de forma desproporcionada a las mujeres por factores como la depreciación de su trabajo por diferentes prejuicios, la sobrecarga de responsabilidades de cuidado y la exposición a formas de violencia basada en género, como el acoso.
Para las expertas, las limitaciones que enfrenta la población migrante para acceder a trabajos de calidad y en condiciones dignas puede desembocar en afectaciones en su salud física y mental.
5. Visibilizar las desigualdades estructurales que crea el sistema de salud y generar espacios de participación para la población migrante en el rediseño de las políticas de salud
El uso estratégico del derecho ha servido para aliviar algunas de las desigualdades estructurales que existen hoy en el sistema de salud, como discutieron Juan Felipe Parra (U. de los Andes) y Valeria Pedraza (Women’s Link Worldwide).
Pero ha tenido resultados limitados para resolver los problemas estructurales que afectan la salud de la población migrante. El litigio ha ayudado a muchas mujeres a obtener servicios de salud sexual y reproductiva como procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo.
Algo parecido ha sucedido en el caso de migrantes con VIH quienes, gracias a usos estratégicos de figuras como solicitudes de refugio, han logrado acceder a servicios de salud más allá de la atención de urgencias.
Sin embargo, estas acciones benefician a individuos o grupos particulares, lo que pone de presente la necesidad de soluciones a nivel de diseño normativo y de política.
Reformular normas y políticas en materia de salud para la población migrante pasa por considerar la economía política de la salud y las responsabilidades atribuibles a los diversos actores que participan en la garantía del derecho, muchos de ellos no estatales, como resaltó Everaldo Lamprea (U. Nacional).
También demanda reconocer e integrar en el marco institucional el trabajo que han venido realizando las redes comunitarias de población migrante junto a nacionales colombianos. Según David Rodríguez (OIM), estas redes constituyen importantes instrumentos complementarios territoriales de prevención y detección temprana de la enfermedad y promoción de la salud.
La participación de la población en situación de movilidad debe ser otro pilar del rediseño de política. Diana Bernal (U. del Rosario) recordó que este es un imperativo que deriva de los principios éticos que deben guiar el diseño e implementación de políticas públicas en salud.
Edward Silva (U. Santo Tomás) subrayó la necesidad de diálogos interculturales y del reconocimiento de los saberes comunitarios como insumos cruciales para la toma de decisiones en salud.
6. Universalidad y extensión de los derechos y servicios
Finalmente, Julián Fernández-Niño (John Hopkins University), anteriormente director de epidemiología del Ministerio de Salud, al discutir la respuesta del estado colombiano frente al covid y específicamente el plan de vacunación, recalcó que – a diferencia de lo que ha pasado en la práctica – el principio de universalidad obliga a incluir a todos los migrantes en planes y servicios relacionados con la salud, y esto se justificaría por razones y necesidades técnicas de prevención y éticas frente a la protección del derecho a la salud.
Como resaltaron Laura García Matamoros (decana de la facultad de Jurisprudencia de la U. del Rosario) y Soledad García (Relatora Desca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) al inicio del foro, la salud debe entenderse en el entramado de derechos y necesidades humanas.
Por ello, además de que no deben perderse de vista los determinantes sociales de la salud en el rediseño de la política, debe recordarse la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
Para terminar, queremos enfatizar que, aunque la cooperación internacional y los actores humanitarios financian y prestan muchos servicios sociales y en salud a la población migrante sin importar su condición migratoria, en un estado social de derecho, el sistema público de salud es el garante de la universalidad del sistema, tanto en la norma como en la práctica en todo el territorio nacional.
Cuestiones de política económica pueden justificar excepcionalmente reducciones de los servicios sociales y en salud, pero siempre dentro de los límites impuestos por los derechos humanos.
Esto significa que deben tomarse medidas intersectoriales de regulación, información y control para asegurar a la población migrante no afiliada, como mínimo, las atenciones en salud de urgencia y de primer nivel, los enfoques diferenciales y las necesarias intervenciones psicosociales.
