EL VENEZOLANO COLOMBIA | EL ESPECTADOR
Mucho se ha hablado sobre la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida de 2023 que se llevó a cabo el 16 y 17 de marzo en Bruselas. Estuvo coorganizada por la Unión Europea y Canadá en colaboración con ACNUR (la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
El evento contó con la participación de variedad de actores, entre ellos representantes de los gobiernos de los países de acogida, organizaciones internacionales, agencias de la ONU, donantes, el sector privado y la sociedad civil, incluyendo personas refugiadas y migrantes. El gobierno colombiano estuvo representado por el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvaro Calderón.
El 14 de marzo, pocos días antes que iniciara la Conferencia, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dio a conocer un comunicado oficial rechazando el evento, argumentando que se hacía para buscar “regentes cantidades de dinero” y satisfacer los “intereses mercantiles de algunos de sus participantes”.
La relación de Maduro ha sido tensa con la comunidad internacional desde que estalló la crisis que ha expulsado a más de 7 millones de personas que llegaron a diferentes países del mundo, principalmente suramericanos. El reclamo de percibir la celebración de la Conferencia como un acto hostil hacia Venezuela tampoco es nuevo.
Por otro lado, la enemistad entre Maduro y el expresidente Duque era bien conocida y se acrecentó a raíz de las afirmaciones de que en Venezuela había una dictadura. Los espacios de diálogo sobre la diáspora venezolana y la arquitectura institucional creada en la comunidad internacional siempre fueron objeto de las críticas de Maduro e incluso sabía bien que Duque estaba detrás de esos espacios, en tanto había una política exterior en Colombia fuertemente sustentada en reconocer la migración venezolana como forzada por la crisis.
Sin embargo, los ataques de Maduro hacia la Conferencia Internacional de Solidaridad tienen un factor diferenciador con relación a los anteriores: es el primer espacio en el que participa el gobierno Petro para visibilizar la migración y su origen en las precarias condiciones de vida en Venezuela.
Ese contexto hace recordar que hay un tema pendiente dentro de la reconstrucción de las relaciones colombo-venezolanas protagonizada por Petro y Maduro: acuerdos en torno a la migración. Aun no hay claridad sobre la percepción del gobierno Petro por si mismo hacia la diáspora. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, ha dicho que hay un “supuesto” éxodo, pero, más allá, no se ha edificado una política de gobierno con intención de negar que ha habido y sigue habiendo migración proveniente de Venezuela, como sí lo promulga el gobierno Maduro.
Sin embargo, tampoco hay grandes impulsos para la integración de los migrantes en Colombia. Por ejemplo, no se tiene claridad sobre el futuro del Estatuto Temporal de Protección desde el anuncio del gobierno nacional sobre la intención de ampliarlo a otras nacionalidades. No se ha logrado cohesionar a todos los sectores sociales, económicos y financieros para que acepten el Permiso por Protección Temporal (que es la tarjeta que materializa el Estatuto) y, además, se eliminó la Gerencia de Fronteras que era la encargada de hacer funcionar todo el engranaje de entes que implica la inclusión socioeconómica.
Con el restablecimiento de la relación bilateral, Colombia y Venezuela han conseguido logros cruciales: se reabrió la frontera, se reanudó la conexión aérea, en lo judicial, en seguridad y en lo comercial. Pero aspectos sociales referentes a los migrantes colombianos en Venezuela y venezolanos en Colombia van a paso lento. Al igual que con Duque-Maduro, no se hallan consensos ─o si se han alcanzado, no se difunden a la opinión pública─ sobre la gestión migratoria. Ya no porque no existan canales de comunicación, sino porque parecería ser un tema vetado.
Si el gobierno Petro determina que espacios como la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus países y comunidades de acogida le son útiles para abogar por la migración, o por sí mismo como país receptor, es importante conducir acciones en consonancia.
Es necesario que, en la migración, donde hay desencuentros con Maduro, se tracen posiciones claras reconociendo que corresponde a un flujo que solo se redujo en 2020 por la pandemia y, todos los demás años desde 2014 hasta el presente, ha ido en aumento. Primordialmente, porque este es el argumento que sostiene implícitamente el gobierno, por dos razones.
La primera es que Migración Colombia, que depende del Ejecutivo, dio a conocer las cifras más actualizadas de migrantes en el país, según las cuales, a octubre del año pasado, había 2,8 millones de venezolanos (no obstante, este informe no es visible para consulta en la página web de Migración Colombia como si lo son los de años anteriores, aparentemente por errores técnicos). Este informe muestra que, en efecto, la migración no ha disminuido, todo lo contrario.
Y el gobierno ha sostenido que la atención migratoria y la integración deben ser responsabilidades compartidas entre todos los países. Fernando García, director de Migración Colombia, anunció el año pasado que en el primer semestre de este año se realizará una conferencia latinoamericana de alto nivel de países receptores de migración venezolana para buscar soluciones regionales. En la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de octubre del año pasado, la viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Laura Gil, ahora saliente, afirmó el compromiso del gobierno colombiano con la integración migratoria e instó a la región a asumir una respuesta conjunta.
Estos postulados de Colombia que involucran a sus pares requieren de la difusión de cifras reales sobre migrantes, las que Maduro niega. Ese postulado podría tratar de influenciar a Petro, aprovechando que Colombia es el único actor que intermedia entre Venezuela y otros países y que ahora tienen un vínculo cercano.
En el comunicado sobre las aprehensiones hacia la Conferencia, el gobierno venezolano habla sobre los “cientos de miles de venezolanos que de manera voluntaria están regresando al país”, cifras que en ningún momento han sido sustentadas o contrastadas. La agenda en política exterior y las relaciones diplomáticas de Colombia deben defender los intereses del país, en ningún momento deben servir de soporte a ideologías de terceros.
Y conociendo el número de migrantes venezolanos en Colombia, lo que tiene que ver con los migrantes impacta en mediana escala a todo el país, por las dimensiones de esa población. Las prioridades del gobierno Petro deben dirigirse a seguir la hoja de ruta dibujada en el Plan Nacional de Desarrollo. Según las Bases del Plan, para los migrantes ─que no son contemplados en el articulado─ “se apostará por la integración socioeconómica y el cierre de brechas”. Enfatizan, también, en que el Estatuto Temporal de Protección, la Política Integral Migratoria y la Ley de Retorno son medidas importantes pero insuficientes”, por lo que se esperan grandes apuestas desde la acción institucional para el mejoramiento de la calidad de vida de los migrantes y de las comunidades receptoras que, sin duda, implican una verdadera integración.
Por estos motivos, el tema migratorio no solo debe ser puesto en común con los países de la región, también debe ser abordado en conjunto con Venezuela y Colombia debe liderar esos espacios al ser el mayor país receptor. Ante Maduro, Petro debe poner las cartas de la migración sobre la mesa y, paralelamente, avanzar en otros temas como bien se viene haciendo hasta ahora. No por logros en unos aspectos se debe ceder en otros.
