Con la apertura del transporte en los puentes binacionales se da un paso más en dirección a la normalización de la zona de frontera entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira, y se ponen nuevos elementos en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela: la compleja recuperación del comercio bilateral, la administración de los pasos fronterizos, la atención en servicios de salud y educación a la población binacional residente en Venezuela y la recuperación de la seguridad, por nombrar algunos.
El comercio binacional asciende a los 56.835 millones de dólares desde que ganó las elecciones en Venezuela Hugo Chávez en 1998 y el chavismo controla el hermano país.
Son 24 años en los que nuestro vecino más importante fue también nuestro segundo socio comercial; para el 2008 el intercambio comercial llegó a los 7223 millones de dólares, sin embargo, para el 2020 se desplomó hasta los 222 millones.
Diferentes factores han caracterizado la relación comercial, según las declaraciones de la Cámara de Comercio del Táchira podríamos estar alrededor de los 600 millones al cierre de 2022, lejos de los mil millones esperados, no obstante, un importante crecimiento del 53 % frente al 2021.
En los próximos cuatro años el objetivo debe ser el de llegar, como mínimo, a los 2368 millones de dólares al año, y así recuperar el promedio de intercambio comercial existente entre los dos países desde que el Estado colombiano debe tratar con el chavismo.
La normalización del transporte de mercancías entre Norte de Santander y Táchira ayudará al propósito de la recuperación de la relación comercial, pero hace visibles nuevos retos. La infraestructura vial venezolana pasa quizás por su peor momento, la falta de mantenimiento, inversión y uso han deteriorado la capacidad de tránsito por las carreteras venezolanas de los camiones con productos colombianos.
EL DETERIORO
En la misma dirección, el deterioro del parque automotor venezolano, la falta de repuestos y mantenimiento hacen prácticamente inviable que los camiones venezolanos puedan llegar a transitar por las vías colombianas, no cumplen con la normativa existente en nuestro país.
El principal problema que enfrenta la recuperación del comercio se desprende de la seguridad en las carreteras venezolanas.
Entre Caracas y San Antonio un transportista tiene que pasar por unas 14 a 17 alcabalas, o retenes ilegales, algunos de las propias autoridades venezolanas en las que se obliga a los ciudadanos a pagar fuertes sumas de dinero para permitir el paso de mercancías.
Los años de ruptura de relaciones permitió el surgimiento de un ecosistema criminal que domina el contrabando, el tráfico de armas, el narcotráfico, la trata y tráfico de migrantes y la minería ilegal, pasando de 3 grupos ilegales en la frontera de Norte de Santander a más de 15. Grupos a los que no les interesa la recuperación y normalización de la frontera y que muy seguramente sabotearan el proceso.
Una vez recuperados los canales de diálogo, las relaciones diplomáticas e iniciado el proceso de normalización de la frontera, uno de los puntos de negociación entre los dos gobiernos debe ser la administración de los pasos fronterizos y las garantías para que los movimientos migratorios sean seguros, ordenados y regulares.
MEDIDAS SENSATAS PARA CONTROLAR EL ALTO FLUJO DE MIGRANTES
La Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) es insuficiente para administrar los fenómenos que ahora existen entre los dos países, con el regreso del transporte público, suspendido desde agosto de 2015, el paso de ciudadanos binacionales, colombianos y venezolanos puede llegar a las 70.000 personas diariamente.
Se requiere un alto nivel de coordinación y medidas sensatas para administrar tales niveles de flujo migratorio, de ello dependerá que la población use los pasos regulares y deje de exponerse en las trochas o pasos ilegales.
A pesar de que la frontera fue abierta por el Estado colombiano en junio de 2021 y por las autoridades que detentan el poder en Venezuela en octubre de ese mismo año, la mayoría de los migrantes prefieren pasar por las trochas y pagar a grupos como el ELN, a pasar por los puentes y quedar supeditados a la discrecionalidad de las autoridades, sobre todo las venezolanas.
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA ESCOLAR
Con el regreso del transporte público el número de estudiantes venezolanos puede crecer significativamente, los problemas del sistema educativo venezolano no se han resuelto, la falta de profesores, libros, insumos y conectividad obliga a los niños, niñas y adolescentes a buscar continuar su proceso formativo en Colombia. Se deben preparar las capacidades de respuesta de las instituciones de educación para cubrir la demanda que se presentará con la normalización de la frontera.
En Norte de Santander estudian más de 52.769 niños venezolanos, 28.783 de ellos en la ciudad de Cúcuta, según los datos disponibles para 2021. Muchos de ellos viven en Venezuela, pero se ven obligados a mentir para realizar su matrícula y ser acogidos al Permiso de Protección Temporal (PPT) como instrumento de regularización y poder graduarse.
Se debe trabajar en la ampliación de la oferta escolar, mejorar las capacidades de maestros y maestras, pero sobre todo en un plan de educación que permita abordar el tema educativo binacionalmente y la recuperación de capacidades de las instituciones educativas venezolanas.
En materia de salud el reto no es menor, por la pérdida de capacidad y la falta de información en salud pública la población venezolana busca la atención en Colombia. Solamente en los años de 2020 y 2021 nacieron 17.939 niños y niñas venezolanos en Norte de Santander y de ellos 10.798 de madres que habitualmente residen en Venezuela.
Es decir que pasaron la frontera para tener sus hijos en Colombia, dadas las precarias condiciones de hospitales y clínicas en Venezuela, y si bien una parte de la población lo hace porque se encuentra en condición de vulnerabilidad, también lo hacen sectores más acomodados.
El departamento fronterizo ha atendido más de 262.120 personas prestándoles más de 1.948.710 servicios en salud entre 2017 a 2022, según los datos del observatorio de MinSalud.
Con la normalización de la frontera y la recuperación del transporte público se puede prever que aumentará el número de venezolanos, colombianos residentes en Venezuela y ciudadanos binacionales, vulnerables y no vulnerables que busquen en Colombia los servicios de salud que Venezuela perdió.
Y finalmente los temas de seguridad, la falta de confianza entre los cuerpos de seguridad venezolanos y colombianos es el mayor reto para enfrentar la criminalidad en el área.
Los venezolanos están convencidos de que los cuerpos de seguridad colombianos se pueden prestar para una invasión de los Estados Unidos y los colombianos, a su vez, están convencidos de que los cuerpos de seguridad venezolanos están articulados con las guerrillas, disidencias y GAO, para desestabilizar al Estado colombiano.
Es imperativo diseñar espacios de construcción de confianza para que, a pesar de las diferencias entre los cuerpos de seguridad, se puedan establecer objetivos comunes y trabajar por la recuperación de la zona de frontera.
El diálogo permanente entre los comandantes del área, cooperación institucional y acciones conjuntas periódicas permitirán arrebatarle el control de la frontera a la criminalidad.
