EL VENEZOLANO COLOMBIA | DIÁLOGO-AMÉRICAS
La delincuencia colombiana aprovechó la pandemia de COVID-19 para consolidar su dominio en la frontera venezolana, con la complicidad de cuerpos de seguridad de Venezuela. El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) junto a otros grupos delincuenciales de menor magnitud está aprovechando la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela, para incursionar en el tráfico de personas y explotación de menores a lo largo de la franja fronteriza con Colombia.
Esta situación ocurre con la complicidad de miembros de los cuerpos militares y policiales venezolanos, indicó a Diálogo el 13 de agosto de 2022 Bram Ebus, investigador del International Crisis Group, un laboratorio de ideas de Bruselas, Bélgica, dedicado al análisis de áreas conflictivas en el mundo.
“El ELN durante la pandemia hizo una avanzada bastante grande en la línea fronteriza [y] con la ayuda de servicios de seguridad del Estado de Venezuela sacaron a [la banda delincuencial colombiana] los Rastrojos de La Fría y Boca de Grita, en el estado Táchira [Venezuela]”, dijo Ebus. “También en [el departamento colombiano] La Guajira logró más control al sacar a unas bandas (…)”.
Ebus participó en la elaboración de un trabajo del Crisis Group divulgado el 9 de agosto, que resalta la consolidación del ELN en el área fronteriza aprovechando distintas actividades ilícitas, como la siembra y cosecha de coca o la recolecta de pagos por extorsión. En todas utilizarían mano de obra venezolana, la mayoría de las veces forzada, reclutada principalmente en la frontera, a la que llegan los venezolanos huyendo de la crisis humanitaria ocasionada por el régimen de Nicolás Maduro.
Debido a su mayor presencia el grupo guerrillero también domina los pasos informales por la frontera. “El que cobra el paso por las trochas es el ELN”, sentenció Ebus.
La participación del ELN y otras organizaciones criminales en la trata de personas en la zona limítrofe también son destacadas en un reporte presentado en julio por el Departamento de Estado estadounidense.
Según este despacho, funcionarios de la policía y de las fuerzas armadas de Venezuela “brindaron apoyo y un entorno permisivo a grupos armados no estatales que reclutaron niños para conflictos armados y la criminalidad forzada. Estos grupos armados no estatales crecieron mediante el reclutamiento de niños soldados, y dedicados al tráfico sexual y a trabajos forzados”. El documento indica que el ELN tiene instalados 36 campamentos en el sector venezolano de la frontera con Colombia.
Otra organización que indica la existencia de una alianza con fines criminales entre esta guerrilla y los militares venezolanos es Human Rights Watch. En un reporte divulgado en febrero, reporta que ambos participan en “desapariciones, secuestros y reclutamiento forzado” en el estado Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca.
Esclavitud sexual
Uno de los problemas asociados al tráfico de venezolanos es la posterior explotación en centros de prostitución o trabajos forzados. “Por cada niña o mujer que esté en la esclavitud sexual, o que sea llevada a los grupos armados, existe mucho dinero de por medio”, dijo a Diálogo Alejandra Vera, directora de la ONG colombiana Corporación Mujer, Denuncia y Muévete(MDYM) , que respalda los derechos de la mujer.
Según Vera, en la frontera colombo-venezolana son captadas mujeres para redes de explotación sexual, con la cooperación de los grupos armados. “La pornografía en este momento por medio de la webcam está facturando miles de millones. Uno de los territorios que más exporta pornografía infantil y con mujeres es Norte de Santander”, dijo.
Para Ebus, la complicidad de los cuerpos uniformados en el venezolano dificultará el desmantelamiento de estos grupos. “Es difícil imaginar cómo Bogotá y Caracas podrán resolver estos temas de derechos humanos en la frontera, sabiendo que muchas veces los representantes del Estado, funcionarios públicos locales, y fuerzas armadas policiales de Venezuela, son cómplices de esas redes de trata”, finalizó.
