EL VENEZOLANO COLOMBIA | DIARIO CRITERIO
Las migrantes venezolanas enfrentan un aumento en la violencia de género, tanto en Colombia como en Perú, de acuerdo con un informe publicado por Amnistía Internacional, el pasado 12 de julio, que señala que en ninguno de los dos países hay medidas que garanticen, protejan y respeten la vida de las mujeres que llegan desde Venezuela.
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, indicó que “una protección basada en género debe ser una prioridad para todos los estados en las Américas, así como lo debe ser la protección de todos aquellos que huyen masivamente de la violación de los derechos humanos en sus países de origen”.
“…Por el contrario, las mujeres refugiadas venezolanas enfrentan una doble y brutal falta de protección, tal como lo revela nuestro reporte sobre la situación en Colombia y Perú”.
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Esta organización internacional de derechos humanos también señala que, según datos oficiales, la violencia basada en género contra las mujeres venezolanas escaló 71 por ciento entre 2018 y 2020, en Colombia; y 31 por ciento entre 2019 y 2020, en Perú.
Las venezolanas enfrentan ataques a lo largo de las rutas de migración, así como en los lugares donde se establecen. También experimentan violencia económica, física y sexual, especialmente por parte de sus parejas o exparejas.
En el ambiente de trabajo también sufren violencia y explotación, incluyendo la de índole sexual.
El informe señala que hay altos niveles de subregistro, lo cual obstaculiza que se pueda conocer con mayor precisión la realidad de la situación.
“Muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia basada en género y aquellas cuya vida está en peligro, prefieren no denunciar por temor a ser expulsadas del país debido a su estado de documentación”, aseguró Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
El informe concluye que ambos países han fallado en asegurar la protección de las mujeres venezolanas.
Así mismo, denuncia la falta de un acceso efectivo a los procesos de regularización de su estatus migratorio, lo cual genera “la percepción de que ellas no tienen los mismos derechos que el resto de la población y que, por tanto, no pueden imponer denuncias ante las instituciones o que, al hacerlo, corren el riesgo de ser deportadas a su país”.
Colombia y Perú han recibido más del 50 por ciento de las más de 6 millones de personas que han huido de Venezuela en los años recientes, debido a la violación masiva de derechos humanos.
Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “las personas continúan saliendo de Venezuela para huir de la violencia, la inseguridad, las amenazas, la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”.
Los más de 6 millones de refugiados y migrantes venezolanos –“la mayoría de los cuales vive en países de América Latina y el Caribe– constituyen la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo”, especifica la organización.
Colombia acoge a más del 37 por ciento de los 4,6 millones de migrantes venezolanos que viven en América Latina y el Caribe, según la Acnur. Por otro lado, la ausencia de una estadía regular afecta a cerca de un millón de estas personas.
Esta población trabaja, en su mayoría, en el sector informal y afronta situaciones de abuso, explotación y discriminación, problemas particularmente graves para las mujeres y menores de edad.
En cuanto a este último grupo, para diciembre de 2021, Migración Colombia aseguró que 446.477 niños, niñas y adolescentes han comenzado su proceso para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, un mecanismo que les permitirá acceder a servicios básicos, como la educación.
Según un estudio del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, entre 2018 y 2019, el registro de matrícula oficial en la educación preescolar, básica y media de estudiantes venezolanos en Colombia aumentó 488 por ciento.
