La decisión del pasado viernes de la Corte Suprema de Reino Unido ―el más alto tribunal civil de apelación y de recursos de la nación― de ordenar al régimen de Nicolás Maduro pagar las costas del juicio sobre las 31 toneladas de lingotes de oro monetario de Venezuela colocadas en la bóveda del Banco de Inglaterra, deja en claro que el gobierno británico solo reconoce como presidente legítimo a Juan Guaidó y en consecuencia a la junta administradora ad hoc nombrada por el BCV y al procurador especial designado con base en el Estatuto que Rige la Transición.
Los partidos de la oposición que quieren poner fin al interinato deberían replantearse la importancia de mantener el gobierno interino hasta la restauración de la democracia en Venezuela. Su liquidación legitimaría al gobierno de facto de Maduro. Una condición de la que adolece actualmente ante las principales democracias del mundo.
Nuevo orden mundial
En un momento en el que nos debatimos entre el autoritarismo y la democracia por la invasión de Rusia a Ucrania, legitimar al régimen venezolano sería un craso error porque permitirá a los gobiernos que no respetan el Estado de Derecho seguir avanzando en el mundo.
Por otro lado, si el escenario escogido por Estados Unidos, la Unión Europea y la oposición a Maduro para resolver la crisis política de Venezuela es una elección presidencial en 2024, libre, justa y de acuerdo con las normas democráticas internacionales, es necesario el gobierno interino. Esto obligaría al régimen de Maduro a acordar un proceso electoral que le permitiría conseguir la legitimidad de origen. Lo contrario ―sin interinato― podría conducir a una elección presidencial como la que ocurrió en 2021 en Nicaragua, donde Daniel Ortega ―o más bien su esposa― encarceló a los candidatos que eran otra opción en esos comicios.
Además, en los dos años que faltan para la elección presidencial de Venezuela, el resultado de la guerra Rusia-Ucrania definirá las relaciones de los Estados con el nuevo orden mundial que está estableciéndose.
La división del mundo será entre los países que creen y los que no en un orden internacional basado en normas y leyes, en el respeto al Estado de Derecho.
Vladimir Putin ha estado empeñado en atacar el corazón de este orden: las fronteras no se cambian por la fuerza. Ha vuelto al ámbito de la política del poder absoluto, lo que generará una división entre los Estados que defienden o no un orden basado en normas y leyes. Mucho más inclusiva que la basada en democracias frente a autocracias. En este contexto, el interinato encontraría más aliados. Y la presión por parte de la Unión Europea se alinearía con los esfuerzos de Estados Unidos para la solución negociada.
Regresar al drawing board
La oposición a Maduro debe regresar al drawing board para rediseñar la estrategia y términos del Estatuto de la Transición que permita al gobierno interino seguir gozando de la legitimidad de origen hasta 2024.
Si algo necesita la narcotiranía de Venezuela es acabar con el interinato. Maduro sabe que es su talón de Aquiles. Por ello, la decisión de la Corte Suprema de Reino Unido generó la reacción de la vicepresidente de gobierno de facto, Delcy Rodríguez. Aseguró inmediatamente después del dictamen que el Reino Unido “pretende robarse el oro de los venezolanos”. Pero no es en los venezolanos en quienes piensan, sino en el poder de la narcotiranía. En un régimen autoritario no existe separación de poderes, por lo que el oro depositado en el banco inglés lo administrarían Maduro y compañía, y sin ningún tipo de control terminaría en sus cuentas bancarias en Rusia, Turquía, Irán o Emiratos Árabes.
Los que desean acabar con la legitimidad del gobierno interino favorecen el reconocimiento internacional por parte de terceros, voluntario y discrecional, de Maduro como la autoridad que tiene derecho a administrar los activos de la nación.
Un hecho para tomar en cuenta
La decisión del pasado viernes de la Corte de Reino Unido establece que el régimen de Maduro no tiene derecho a administrar el oro monetario ―reservas internacionales del BCV, valorado en 1.900 millones de dólares― en custodia del Banco de Inglaterra. Y reconoce la legitimidad del gobierno interino.
Un hecho que debe ser tomado en cuenta por los factores internos de la oposición a la dictadura para seguir luchando por la restauración de la democracia en Venezuela.
