El saliente gobierno de Iván Duque deja en términos de política exterior una cartera debilitada. Durante cuatro años las relaciones internacionales de Colombia estuvieron marcadas por desaciertos e improvisación tanto en los organismos multilaterales como en la relación con los Estados Unidos, pero principalmente en lo que respecta a Venezuela, un vecino complejo con el que compartimos 2.219 km de frontera y que otrora fue uno de nuestros principales socios comerciales.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela han estado en crisis desde 2015, cuando Nicolás Maduro decretó el estado de excepción en varios municipios fronterizos del estado de Táchira por la supuesta presencia de grupos paramilitares colombianos en territorio venezolano. Como resultado de la “Operación de Liberación del pueblo”, Venezuela deportó a centenares de colombianos, en condiciones irregulares e incurriendo en violaciones a los derechos humanos. Desde ese momento no solo se tensionaron las relaciones entre ambos países y se sucedieron diferentes cierres de la frontera, sino que inició un éxodo masivo tanto de colombianos que retornaron al país, como de ciudadanos venezolanos.
A partir de 2017, fruto del deterioro económico, político y social producido en el vecino país bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se intensificó el número de venezolanos migrantes y refugiados. Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), para mayo de 2022 había 6.1 millones de refugiados y migrantes forzados venezolanos en el mundo, de los cuales 1.8 millones se encuentran en Colombia, siendo el principal país receptor. A esto se suma que en 2020 y como resultado de la pandemia, Colombia ordenó el cierre de los pasos fronterizos como medida sanitaria.
Si bien es cierto que uno de los pocos aciertos en la política exterior de Duque tiene que ver justamente con la atención a los migrantes y refugiados venezolanos, en tanto apoyó una política migratoria de puertas abiertas que actualmente avanza sobre la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la relación con Venezuela se deterioró profundamente bajo el actual gobierno de Colombia, aumentando, entre otros, los desafíos para la atención de la población retornada, migrante y refugiada.
Los múltiples desaciertos incluyen el cerco diplomático para forzar la transición del poder a Juan Guaidó, que no funcionó y que además dejó a Colombia pedaleando prácticamente sola dicha iniciativa. A día de hoy Duque tiene las horas contadas como presidente de Colombia, mientras Maduro sigue en el poder y hasta el gobierno de los Estados Unidos ha reactivado los acercamientos con el gobierno venezolano.
Los errores en la relación colombo-venezolana pasan por la clausura de las opciones de diálogo, cerrando la puerta a una salida negociada frente a las diferencias y permitiendo un mayor margen de maniobra de Rusia en la región. Estos errores han impactado negativamente las lógicas sociales de pueblos hermanos, afectaron el comercio binacional e incrementaron la inseguridad, principalmente en la frontera epicentro de la actividad de actores ilegales como el ELN, los grupos al margen de la ley y la delincuencia común.
El nuevo gobierno de Gustavo Petro ha expresado su voluntad de normalizar las relaciones diplomáticas, consulares (porque más de 3 millones de colombianos viven en el vecino país) y comerciales con Venezuela, un proceso que no se dará de manera automática, sino que requerirá tiempo, acuerdos y enfrentará retos que implican seguir apoyando el restablecimiento de la democracia en Venezuela y continuar facilitando la integración y subsistencia de los venezolanos en el país, garantizando el respeto de sus derechos humanos.
A continuación, se presenta un decálogo de sugerencias (sin que impliquen un orden jerárquico) a tener en cuenta en el proceso de restablecimiento de relaciones con Venezuela, que parten de la propuesta central de entender la frontera como fuente de integración y no de conflicto, lo que requiere un gran esfuerzo por reconstruir la confianza de los diferentes actores a ambos lados de la misma, así como entender las particularidades que diferencian la dinámica de la frontera en la zona Norte, Centro y Sur.
1. Construir y reforzar la institucionalidad para recuperar la dinámica fronteriza, desarrollar las fronteras y poder hacerle frente a la ilegalidad y a los grupos al margen de la ley.
2. Desarrollar la infraestructura para fomentar la productividad de los municipios fronterizos y permitir la comunicación entre el centro y la periferia.
3. Trabajar en la superación de las diferencias entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. No hay que olvidar que la diplomacia está al servicio de la resolución de diferencias por encima de las ideologías.
4. Poner sobre la mesa también la reflexión sobre las fronteras fluviales y marinas. No se puede perder de vista por ejemplo que en el Vichada y Guainía la mayoría de las movilidades se dan por los pasos fluviales de Puerto Carreño y Puerto Inírida respectivamente.
5. Superar el desconocimiento municipal de los instrumentos nacionales existentes para promover las relaciones binacionales.
6. Desarrollar una articulación entre los mecanismos y propuestas de integración y migración a nivel local, nacional e internacional.
7. Dejar de pensar en el desarrollo de la frontera de manera unilateral y comenzar a desarrollar propuestas binacionales para el logro de este objetivo. Acá un cambio de narrativa resulta deseable, para entender el potencial que se deriva de la frontera.
8. Reactivar y fortalecer instituciones como las ZIF y los centros fronterizos CENAF y CEBAF.
9. Promover el trabajo articulado entre gobiernos locales, sociedad civil y gremios, sobre todo escuchando sus experiencias para llevar a cabo el proceso de reactivación de relaciones.
10. Fomentar la inclusión de propuestas de integración en los Planes de Desarrollo Municipal. No se puede dejar de lado que Colombia tiene 36 municipios fronterizos con Venezuela: 10 en La Guajira, 7 en Cesar, 10 en Norte de Santander, 1 en Boyacá, 4 en Arauca, 3 en Vichada y 1 en Guainía. Esto per se implica profundizar el ejercicio de descentralización y autogestión territorial.
