EL VENEZOLANO COLOMBIA
El jueves, los colombianos quedaron en vilo, después de que un tribunal colombiano ordenó a los dos candidatos a la presidencia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, asistir a un debate que sería difundido a nivel nacional antes de las elecciones del próximo domingo, ya que las partes no se pusieron de acuerdo.
Le explica por qué se llegó a esta instancia y cuáles serían las implicaciones de no acatar esta orden.
¿Quién ordenó el debate y por qué?
La Sala Séptima del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los aspirantes a la presidencia de Colombia debatir, a más tardar el jueves 16 de junio de 2022, en un espacio de 60 minutos de duración, a través de RTVC Sistema de Medios Públicos.
Esto debido a que un grupo de ciudadanos interpusieron una acción de tutela, pues señalaron que si los candidatos evitan debatir sus programas de gobierno, “se vulnera su derecho a participar en la conformación del poder político consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política”.
El fallo también señaló que tanto Petro como Hernández “se negaron en distintas oportunidades a acudir a los debates presidenciales. Uno en la primera ronda y el otro en desarrollo de la segunda vuelta electoral”.
El debate, según dijo el tribunal, lo debían solicitar ambas partes conjuntamente.
¿Cuál fue la reacción de los candidatos?
En principio, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, manifestó, a través de su cuenta de Twitter que estaba “listo para ello”.
Además, aseguró que no ponía “condiciones a este debate. Usted se burla del debate. Dejo en manos del Sistema de Medios Públicos RTVC todos los detalles del debate: desde los y las moderadoras, hasta los temas, incluidos por supuesto los que usted plantea”.
Por su parte, Rodolfo Hernández -quien ha alegado en reiteradas oportunidades que un debate cuenta no le daría tiempo suficiente para expresar sus ideas- primero dijo a los periodistas que pediría al tribunal la “aclaración del fallo”.
Más tarde, aceptó su asistencia, pero bajo ciertas condiciones como hacerlo en su ciudad, Bucaramanga, que cada respuesta tenga una duración de cinco minutos y que sean ciertos periodistas quienes moderen el debate, entre otros.
¿Por qué no hubo acuerdo entre las partes?
El jueves, en la tarde, el equipo del candidato del la izquierda aseguró que los asesores del Hernández no tuvieron “voluntad” para asistir a una reunión que pactaría las condiciones del debate.
Más tarde, a través de sus redes sociales, como suele comunicarse el candidato Hernández con sus seguidores, dijo que la respuesta de Petro, al afirmar que no ponía condiciones, “demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitara contraria al fallo”.
Incluso, manifestó que Petro, al señalar “que dejaba en manos de un tercero un tema tan delicado -que debería ser resuelto en estricto apego al fallo- demostró que no estaba dispuesto a acatar el proveído en forma dispuesta por el despacho”.
Y calificó que, el hecho de decir que se veían en Bucaramanga, “como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial” y que era una “afirmación de carácter indefinido, sin precisar fecha, hora, lugar ni ninguna otra señal, fue el portazo con el cual cerró la posibilidad de adelantar el debate”, según Hernández, quien añadió que nunca recibió respuesta sobre el pedido de aclaración frente al fallo de tutela.
Al respecto, el candidato de la izquierda respondió en su Twitter: “No puedo más que decir que no se puede ser Presidente y ponerle trampas a los jueces. Sin jueces, solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia”.
¿Qué puede pasar ahora?
Debido a que el fallo es de obligatorio cumplimiento, al no acatarse la orden, los candidatos se exponen a que se les declare en desacato, lo que generaría sanciones o, incluso, un arresto.
Hernández dijo el jueves, en su intervención de la tarde, que ahora el Tribunal Superior de Bogotá es quien debe determinar quién incurrió en desacato a la orden judicial.
“Dejo informado al despacho las acciones que adelanté para dar cabal cumplimiento a la sentencia de tutela referida dentro de los términos correspondientes y acatando y respetando al pie de la letra lo resuelto por el despacho. Corresponderá al despacho determinar quién incurrió en desacato conforme a lo dispuesto”, dijo en su intervención.
◉ Con información de VOA
