EL VENEZOLANO COLOMBIA
Una vez a la semana desde que llegó a Estados Unidos el invierno pasado, Danny Sánchez Pabón se toma una foto de sí mismo en una aplicación de su celular para registrarse con las autoridades de inmigración.
El abogado venezolano huyó del estado montañoso de Táchira en 2017 después de que su participación en la política de oposición llevara a las autoridades a rebuscar su casa. Viajó por Sudamérica, viviendo en Colombia, Chile y Perú, donde trabajó como asesor legal ayudando a otros inmigrantes venezolanos. Los temores sobre las consecuencias políticas de la victoria presidencial de un maestro izquierdista del Perú rural llevaron a Sánchez Pabón a emigrar a Estados Unidos.
Luego de viajar en avión a México y caminar desde la ciudad de Mexicali hacia la frontera estadounidense, se entregó a las autoridades estadounidenses a finales de diciembre. Estuvo bajo custodia durante nueve días antes de ser liberado y se le ordenó registrarse todos los martes a las 11 a.m. a través de una aplicación móvil. Siempre se registra a tiempo, dice.
“A veces antes, nunca después”, dijo. Y cada vez que puede, viaja a la oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, en Miramar y se toma una foto en el sitio “para que conste que periódicamente he estado asistiendo” allí.
Sánchez Pabón se encuentra entre el creciente número de personas en Miami monitoreadas electrónicamente a través del Intensive Supervision Appearance Program de ICE, una iniciativa que, en lugar de detención, utiliza teléfonos, aplicaciones móviles y monitores de tobillo para supervisar a los inmigrantes que esperan vistas judiciales o con órdenes finales de deportación.
Un año antes de que el presidente Joe Biden llegara a la Casa Blanca, la oficina de ICE en Miami — a cargo de LA Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos — supervisaba a 4,669 participantes activos en el programa. Ese número había aumentado a 9,283 en octubre de 2021, según datos de ICE. A partir del 9 de abril, el número es 14,130 — aproximadamente 1,000 más que los niveles previos a la pandemia de 2019.
El crecimiento reciente del programa en Miami es parte de un aumento nacional de alternativas de detención bajo Biden. En Estados Unidos, la cantidad de participantes activos inscritos en alternativas a la detención en general es de 216,450 personas — casi un aumento del 60% en seis meses. Aunque hubo una caída en la población diaria promedio nacional del programa en el año fiscal 2020 debido a la pandemia, las tasas previas al COVID-19 ya se superaron, según la solicitud de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, del presidente Biden para el año fiscal 2023.
Un funcionario del DHS caracterizó la expansión nacional del programa como un cambio de política intencional. El departamento podría tener 7,500 camas menos en los centros de detención de inmigrantes en el año 2023, según la propuesta de presupuesto del DHS, con un total de 25,000 camas. Mientras tanto, la propuesta incluye un aumento de $87 millones en el presupuesto para las alternativas a la detención.
“El programa permite un monitoreo más cercano de los [inmigrantes] en diferentes niveles de supervisión, utilizando varias tecnologías de monitoreo diferentes”, dijo un portavoz de ICE, y agregó que “ayuda a los participantes a satisfacer sus necesidades básicas y comprender sus obligaciones de inmigración”.
Pero algunos defensores e inmigrantes dicen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para reducir la cantidad de inmigrantes detenidos y ven el programa como una intrusión del gobierno en las vidas de las personas indocumentadas que luchan por sus casos de inmigración. “Cuando las personas sienten que están siendo observadas y monitoreadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eso tiene un gran efecto paralizante en las personas que se organizan para defender sus derechos humanos y civiles”, dijo Jacinta González, organizadora principal de la campaña No Tech for ICE para Mijente, una organización de justicia social.
LAS ALTERNATIVAS DE DETENCIÓN SE AMPLÍAN BAJO BIDEN
Miami fue una de las ocho ciudades de Estados Unidos donde se implementó por primera vez el programa de supervisión intensiva en 2004. Las Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE, a cargo de la aplicación de la ley de inmigración y las deportaciones, supervisa el programa. La BI Inc. — una subsidiaria de GEO Group, un operador de prisiones privadas con sede en Boca Ratón que administra un centro de detención de ICE en el condado de Broward — administra el programa a través de un contrato con la agencia.
Aproximadamente tres cuartas partes de todos los participantes en alternativas a la detención son monitoreados a través de una aplicación de teléfono llamada SmartLINK, que tiene tecnología de reconocimiento facial. Otros se registran a través de llamadas telefónicas con reconocimiento de voz, mientras que otros son rastreados a través de los grilletes con GPS. ICE toma en consideración el estado migratorio actual y los antecedentes penales de un migrante, así como las condiciones humanitarias o médicas, para decidir si alguien será monitoreado en lugar de detenido. La ubicación de ICE en la ciudad fronteriza de Harlingen en Texas tiene el mayor número de personas activas inscritas en alternativas a la detención en 25 ciudades, según las últimas estadísticas de la agencia. Las oficinas de Newark y San Francisco están manejando una cantidad similar de casos que la oficina de Miami, que ocupa el sexto lugar.
Un aumento en los usuarios de SmartLINK está impulsando el crecimiento, según los investigadores de Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. El uso de la aplicación se había “más que cuadruplicado” en todo el país durante el primer año de la administración de Biden, mientras que el uso del GPS y supervisión telefónica “se mantuvieron en gran medida estancados”, según el informe reciente de la organización. En los últimos seis meses, la cantidad de participantes que utilizan SmartLINK en Miami aumentó de aproximadamente 6,875 participantes activos en octubre de 2021 a 11,998 participantes activos en abril de 2022.
Mientras tanto, la supervisión telefónica apenas aumentó, de 135 a 171 personas. Y el uso de monitores de tobillo con GPS en Miami se ha reducido en 300 usuarios a poco menos de 2,000 desde octubre — un número que ha ido disminuyendo en los últimos tres años.
“NADIE QUIERE SER DETENIDO”
Los inmigrantes en el programa que hablaron con el Miami Herald dijeron que preferían estar en alternativas a la detención que en un centro de detención de ICE, el beneficio más obvio para los participantes del programa. “Nadie quiere ser detenido en un centro de detención de inmigrantes, donde se encuentra en un lugar extraño, es posible que no hablen el idioma, hay preocupaciones de COVID, problemas de salud, preocupaciones de debido proceso”, dijo Andrea Crumrine Jacoski, abogada supervisora de la Unidad de Inmigración en Servicio de Ayuda Legal del Condado de Broward, que ofrece asesoría legal gratuita a los residentes del condado de bajos ingresos. Katie Blankenship, subdirectora legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de la Florida, dijo que existen beneficios “prácticos y económicos” para el monitoreo electrónico. E
l costo diario de una cama para adultos en los centros de detención es de $142.44, según el presupuesto del DHS del año pasado, e incluye instalaciones, guardias y atención médica. Las alternativas a la detención le cuestan al gobierno federal $7.29 diarios por participante.
Cuando las personas no están detenidas, agregó Blankenship, pueden estar con amigos y familiares y tener más oportunidades de buscar ayuda de un abogado en sus casos de inmigración. Un análisis de National Public Radio de 2019 encontró que más de la mitad de todos los detenidos de ICE están recluidos en prisiones rurales, donde la representación legal y el apoyo comunitario pueden ser difíciles de conseguir.
“Tiene una comunidad y un sistema de apoyo y conocimiento de los recursos y luego puedes trabajar en construir su caso y, con suerte, encontrar un abogado que te represente”, dijo Blankenship, y agregó que las tasas de éxito de los casos de inmigración “aumentan astronómicamente” con representación legal.
Blankenship también dijo que los datos muestran que cuando las personas no están detenidas, asisten a sus audiencias de inmigración. Un estudio de University of Pennsylvania Law Review encontró que el 83% de todos los inmigrantes no detenidos asistieron a sus audiencias judiciales entre 2008 y 2018. Y el Instituto de Justicia Vera, que aboga por la justicia criminal, encontró que el 98% de los clientes liberados de la detención que tenían representación a través de uno de sus programas de asesoramiento gratuito se presentaron a las vistas programadas.
MIEDO A LA INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD
Pero los inmigrantes y sus defensores también han expresado su temor de que las alternativas a la detención violen la privacidad de los participantes. El 14 de abril, organizaciones legales y de derechos de los inmigrantes, incluido el Comité de Apoyo de Mijente, demandaron a ICE exigiendo acceso a información sobre qué tipo de datos obtiene el gobierno federal a través del programa de alternativas de detención.
◉ Con información del Nuevo Herald
