EL VENEZOLANO COLOMBIA | MIAMI HERALD
María Eugenia Tovar pasó largas noches de insomnio con pensamientos repetitivos sobre lo ocurrido con su hija Génesis Carmona, asesinada por paramilitares en una protesta contra el régimen chavista. Perdió el apetito y estuvo sumergida en el oscuro túnel de la depresión que le impidió durante un periodo prolongado adaptarse a su vida en el exilio.
Durante un año ella y sus otros tres hijos recibieron ayuda psicológica y terapia familiar en Miami, ciudad en la que se refugiaron, para poder apaciguar el dolor desgarrador que los carcomía por la muerte de Carmona y la persecución que sufrieron.
Tovar rememoraba las 24 horas al día la impotencia que sintió cuando su hija, una modelo y ex reina de belleza de 22 años de edad, estuvo en terapia intensiva en coma inducido, tras ser herida de bala en la cabeza durante una manifestación antigubernamental en Valencia, estado Carabobo, en 2014. Al mismo tiempo, recibía amenazas.
“Yo no contestaba el teléfono porque muchas personas se hacían pasar por periodistas. Las pocas veces que atendía me decían que recordara que tenía (otros) hijos. Una vez personas con armas en una camioneta nos persiguieron a mi y a mi hijo mayor. No quise perder otro hijo. Tuve que dejarlo todo y agarrar la maleta”, dijo en una entrevista con el Nuevo Herald.
Siete años después de la muerte de su hija y el secuestro del cadáver durante unas horas, Tovar aún estalla en un llanto inconsolable cuando relata su experiencia. Ella forma parte de los miles de venezolanos que aún cuando consiguieron refugio en Estados Unidos mantienen profundas cicatrices psicológicas causadas por la brutal represión del régimen chavista.
Casi uno de cada tres venezolanos que emigraron a Estados Unidos sufre de trastorno de estrés postraumático (TEPT), un padecimiento que está llevando, incluso, a algunos de ellos a buscar refugio en el alcohol, advierten académicos estadounidenses que analizaron los impactos de la crisis de Venezuela en la salud mental de los protagonistas de ese dramático éxodo.
“Hemos encontrado tasas increíblemente altas de TEPT en venezolanos que viven en Miami y en Colombia. El 31% de los adultos que entrevistamos en Miami cumplieron los criterios de TEPT”, dijo Seth J. Schwartz, psicólogo y profesor de la Facultad de Educación para la Salud y Psicología de la Universidad de Texas, en una entrevista.
El académico analizó los impactos en la salud mental de casi 650 venezolanos que emigraron a Miami y Colombia junto con la investigadora Saskia Vos para la Universidad de Miami (UM).
Para el estudio de la UM, Schwartz encuestó a cerca de 300 venezolanos que viven en Bogotá, Colombia, y a 339 en el sur de la Florida sobre sus razones para irse, así como sus sentimientos sobre sus nuevos países de residencia.El 21% de los venezolanos entrevistados en Colombia mostraban síntomas de TEPT.
Patricia Andrade, directora del programa Raíces Venezolanas de Miami, dijo que sus compatriotas inmigrantes arrastran una carga emocional muy fuerte, además de la presión sobre la incertidumbre de cómo les irá en el futuro.
Explicó que en algunos casos el grupo familiar se desequilibra por la tensión que estremece a los padres y la angustia de los niños que muchas veces no se toma en cuenta.
“Los padres sufren de mucha ansiedad y si han padecido, por ejemplo, persecución política arrastran todos esos miedos y pesadillas que son recurrentes aún estando en este país”, dijo la activista que ayuda a los venezolanos recién llegados a EEUU en situación de carestía.
Vos expresó que los venezolanos entrevistados para el estudio dijeron que uno de los motivos para huir de su país era que “el gobierno los perseguía a ellos o a sus familiares”.
“Quizás como resultado de esa presión, los venezolanos del sur de la Florida también exhibieron más síntomas de TEPT que los que viven en Colombia”, dijeron Schwartz y Vos.
Entre las principales razones para abandonar sus hogares en Venezuela, además de la persecución política, los venezolanos mencionaron la escasez de alimentos, agua, medicinas y otras necesidades. Muchos afirmaron que apenas había trabajos y los que existían no pagaban lo suficiente para la supervivencia diaria.
Venezuela se encuentra sumida en una desgarradora crisis económica que ha conducido a una pérdida acumulada de más del 70% del PIB desde que Maduro llegó al poder.
Esta situación ha catapultado a la nación petrolera a una espiral hiperinflacionaria que alcanzó su pico en el 2018 con una tasa de 1,698,488%, de acuerdo con cifras de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Y el 94.5% de la población venezolana es pobre y el 76.6% está por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos inferiores a $1.2 por día, según la Encuesta de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello.
El colapso económico y la creciente represión y violencia han dejado profundas heridas psicológicas en muchos de los venezolanos que se han refugiado en Estados Unidos. Algunos buscan ayuda, indicó Andrade, otros se encierran en sí mismos. Hay padres e hijos que caen en el alcohol o en las drogas, mientras que menores inician una vida sexual temprana por falta de orientación. “Estos son los efectos negativos en las familias de inmigrantes venezolanos”.
Schwartz también colaboró con Christopher P. Salas-Wright, profesor asociado de la Universidad de Boston, para examinar datos sobre 400 adolescentes inmigrantes venezolanos que viven en Estados Unidos, quienes también mostraron “problemas de salud mental alarmantes”.
Dijo que muchos jóvenes que experimentaron hambre en Venezuela todavía están sufriendo y es probable que experimenten depresión.
El académico dijo a el Nuevo Herald que casi la mitad de los jóvenes venezolanos que entrevistaron (de 12 años a 17 años de edad), incluyendo casi el 40% de quienes tenían 12 a 14 años, ya había comenzado a ingerir alcohol.
NÚCLEO FAMILIAR COLAPSADO
El núcleo familiar de Beres Anderson se desmoronó después de salir de Venezuela huyendo de la persecución del régimen de Maduro. La depresión, la ansiedad y el alcohol se apoderaron de algunos de sus familiares justo cuando se aferraban a la esperanza de tener una nueva vida en Estados Unidos.
Anderson sabe exactamente cuál es el precio de ser disidente: vivir con temor, sufrir ansiedad, estrés y tener que dejar sus raíces, sus familiares y pertenencias para emprender el doloroso y arduo camino del exilio.
El venezolano, de profesión administrador, trabajaba en la estatal petrolera PDVSA en Maturín, en la región nororiental de Venezuela, y al no estar a favor del régimen dijo que comenzaron a tildarlo de traidor, a perseguirlo y hasta fue golpeado por personas afectas al chavismo.
“Tuve que salir del país porque ya estaba señalado por ellos. Lo mismo le hicieron a otros compañeros de trabajo y los encarcelaron. Eso era lo que me esperaba una cárcel, si no salía de Venezuela. El régimen cualquier cosa se inventa con una persona para meterla presa, arruinarle la vida y hasta llegar a matarla”, dijo en una entrevista.
Pero ignoraba que huir de la persecución golpearía aún más a su familia que ya estaba afectada por las secuelas del acoso en su país natal. Su ex esposa cayó en las garras del alcohol y uno de sus hijos padece de un cuadro severo de depresión.
La ex esposa argumentaba que estaba muy deprimida por tener que salir de Venezuela y dejar a su familia. Además, se intensificaron los problemas de pareja y se refugió en la bebida.
Anderson se dio cuenta de que la situación era grave porque su ex esposa empezó quedarse en la calle y siempre estaba ebria.
Estuvo internada en un centro de rehabilitación durante mes y medio, pero al salir regresó a su círculo de amistades, comenzó de nuevo a beber y se fue de la casa dejando a Anderson y los dos hijos de 14 años y 8 años de edad.
“Fue muy duro porque nosotros venimos de estar muy bien en Venezuela. Si no es gracias a la persecución y a no estar de acuerdo con un gobierno dictatorial, nos hubiéramos quedado. Posiblemente esto no hubiera sucedido. Perdí todo, mi casa, mi comunidad, y más que todo mi familia”, expresó a el Nuevo Herald.
El venezolano, que emigró hace tres años, aseguró que estar fuera de su país es muy traumatizante. Ha sufrido insomnio y ansiedad que a su vez lo ha impulsado a comer de manera compulsiva, aumentando de peso. Padeció penurias económicas y sufrió de depresión, pero logró superarla.
Su hijo mayor sufre de depresión y está bajo tratamiento con psicólogos.
“Muchas veces caí en crisis, pero mi hijo me traquilizaba (…) Fue muy duro.Ya hemos aceptado mucho lo de la separación y hemos ido solventando un poco la situación económica”, relató.
Jazmín Pereira, odontólogo, dijo que su salida se produjo tanto por la persecución como por la situación económica.
“La crisis me alcanzó, no podía costear la calidad de vida ni para mi, ni para mi familia. También por la persecución política, mi familia siempre ha sido opositora al régimen chavista y en la zona donde vivíamos se ensañaron mucho con los disidentes”, dijo a el Nuevo Herald.
Pereira, al igual que Tovar y Anderson, tuvo que “agarrar una maleta y meter lo que me cupiera”.
Cuando llegó a Estados Unidos el estrés y la ansiedad la afectaron. Sufrió bulimia durante el primer año de ser emigrante.
“No quería comer, la comida me daba náusea. El primer año de llegar aquí lo padecí y me lo tuvieron que tratar psicológicamente”, contó.
HUIR DE LA REPRESIÓN
Un total de 5,914,519 venezolanos han emigrado por la crisis económica, la inseguridad y la represión gubernamental, de acuerdo con cifras del 22 de octubre de 2021 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) que cuenta con el apoyo de ACNUR y la Organización Internacional para la Migración (IOM).
El éxodo de venezolanos “representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente de América Latina,” dijo Human Rights Watch (HRW) en su informe mundial sobre derechos humanos de 2021.
HRW señaló que una misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó que autoridades del más alto nivel cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
“El gobierno de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por períodos breves y han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes”, pormenorizó.
Un informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, divulgado el pasado junio señaló que su oficina continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos reportes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación.
Mientras que los patrones previamente identificados de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación persistieron. Hubo casos de personas que fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares.
Dos años antes, Bachelet emitió un aniquilador informe detallando que en la mayoría de los casos se sometió a las personas detenidas a torturas con corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.
María Eugenia Tovar no sufrió tortura, pero fue víctima de acoso psicológico y persecución en medio del viacrucis que vivió con la muerte de su hija. Apenas la joven falleció le informaron en la clínica que funcionarios de una comisión especial reclamaban el cuerpo para trasladarlo a Caracas.
Afirma que el régimen quería extraer la bala que mató a su hija para evitar que fuera vinculada con los colectivos que dispararon contra los manifestantes en la protesta antigubernamental donde la joven participó en Valencia.
Mientras, los paramilitares del régimen se apostaban en las afueras de la clínica permanentemente en motos.
Los funcionarios se llevaron el cuerpo en contra de la voluntad de Tovar, pero no lo trasladaron a Caracas. Después ella logró recuperar el cadáver y cuando fue a una agencia policial a buscar el documento que le permitiría retirarlo, la sometieron a un prolongado interrogatorio.
En medio de esta situación, recibía llamadas anónimas a su casa y a su trabajo con la intención de atemorizarla para que no declarara sobre el caso de su hija. Personas con camisas rojas iban a su lugar de empleo y otras al edificio donde vivía a hacer preguntas sobre ella y su familia.
También se enfrentó a la negativa de varias funerarias a realizar el servicio fúnebre por temor a sufrir ataques de los paramilitares.
Dos meses después de la muerte de su hija, Tovar tuvo que huir de Venezuela y cuando llegó con sus tres hijos todos estuvieron casi un año sin salir del lugar donde vivían.
“Estábamos deprimidos, se nos paralizó el mundo”, dijo.
Tovar no quería comer, lloraba, no dormía y aún sufre de depresión.
“Cada uno de mis hijos vivía su dolor a su manera y yo vivía muy encerrada en mi. De verdad que fueron unos meses bastante fuertes. La depresión era fuerte”, recordó.
La familia recibió asistencia psicológica y en la actualidad sus tres hijos están bien, tienen empleos y parejas.
“En este momento me siento bien, nada que me vaya a ir por el camino de las drogas o por el alcohol. Seguimos lidiando, trabajando en esto porque es algo que no va a pasar nunca, pero aprendemos a vivir con el dolor”, dijo y se echó a llorar.
NECESIDAD DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS
Antes de la pandemia del COVID-19 la mayoría de las personas que atendía el Centro para Sobrevivientes de la Tortura de la Florida (FCST) eran venezolanos y muchos de ellos necesitaban tanto servicios psiquiátricos como psicológicos, dijeron directivas de ese centro.
Sabine Balmir-Derenoncourt, coordinadora del FCST, detalló que los venezolanos que acuden a ese programa sufren de gran ansiedad, depresión, incapacidad para dormir y tienen muchas pesadillas.
“La mayoría de los clientes que nos han llegado de Venezuela la necesidad primaria que tenían era acudir a servicios psicológicos. Su necesidad era tan grande que teníamos que esperar a que los estabilizaran para que luego pudieran acudir a otros programas como clases de inglés u orientación de trabajo”, puntualizó.
Sylvia Acevedo, directora de Servicios para Refugiados y Empleo del FCST, dijo que para recibir asistencia de ese programa las personas tienen que ser víctimas de tortura física o psicológica en su país de origen y que han sido instigados por el gobierno de su nación, por una persona que representa a un gobierno o un paramilitar.
Desde 2000, el FCST ha ayudado a miles de sobrevivientes que han experimentado actos de “tortura indescriptibles”, con la obtención de recursos para problemas relacionados con el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión.
En el periodo fiscal de 2020, el programa asistió a 272 venezolanos y 72.06% de ellos tenían edades entre 18 años y 60 años y el 19.12% de 5 años a 18 años, de acuerdo con cifras del centro.
El programa brinda tratamiento integral y servicios de apoyo gratuitos a las víctimas de tortura política que se han trasladado a las áreas de Tampa Bay y Miami-Dade desde sus países de origen.
Entre los servicios está un tratamiento completocon una evaluación biopsicosocial-espiritual integral de necesidades realizada en el hogar de las personas; servicios médicos, de salud mental, legales y sociales e intérpretes profesionales para acompañar a los clientes a las citas según sea necesario.
[URGENTE] Ya se publicó el informe de @mbachelet que insta al Gobierno de #Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos humanos que se viven en el país.
— Noticias ONU (@NoticiasONU) July 4, 2019
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