EL VENEZOLANO COLOMBIA | RCN RADIO
El contralor general de la República, Felipe Córdoba, advirtió que en los últimos tres años la deuda con los hospitales públicos por la atención de urgencias brindada a ciudadanos venezolanos ya supera los $407.000 millones.
Según el funcionario, estas y otras presiones sobre el gasto público hacen que los recursos reservados para la atención a los migrantes se tornen especialmente sensibles y están expuestos a circunstancias imprevistas y a manejos que podrían desafiar el régimen legal vigente”.
En ese sentido, el contralor Córdoba les recomendó a los gobernadores del país prestar todo el apoyo fiscal para poder atender a los migrantes venezolanos y recordó que la política migratoria demanda una eficiente gestión del gasto y un control eficaz.
“La política migratoria, que demanda una articulación de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y las administraciones departamentales, exige un compromiso de ustedes en materia fiscal”, le dijo el contralor Córdoba a los gobernadores reunidos en Cúcuta.
El jefe del organismo de control citó igualmente las siguientes cifras que se tienen en este tema: De acuerdo con los cálculos más recientes del Fondo Monetario Internacional, la atención a la población migrante y refugiada venezolana en Colombia tendrá de aquí a 2023 un impacto fiscal que se ubicará en el 0,6 por ciento del PIB.
Y, según el Banco de la República, los costos relacionados solamente con la atención en salud para esa población se aproximarán a los 620.000 millones de pesos, es decir, un 0,06 por ciento del PIB.
Es de mencionar que la meta del Gobierno para este año es llegar al millón de migrantes venezolanos regularizados con la tarjeta de identificación del Estatuto Temporal de Protección, lo que les permite tener acceso a la seguridad social, salud y el mercado laboral formal.
Según Migración Colombia, «más de un millón de los casi 1,8 millones de venezolanos que hay en Colombia ya agendaron su cita para el registro biométrico, que es la segunda etapa de la implementación del Estatuto Temporal de Protección».
