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El excanciller nicaragüense José Pallais se convirtió en el séptimo dirigente opositor detenido, cinco de ellos precandidatos a la presidencia de Nicaragua, por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, a cinco meses de las elecciones generales, informó la Policía Nacional.
Pallais fue acusado de «incitar la intervención extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con fondos externos para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización» del Ejecutivo, según un comunicado del cuerpo policial.
Los delitos imputados a Pallais y a otros seis opositores apresados, entre ellos cinco precandidatos a las elecciones del 7 de noviembre, están contemplados en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía y de agentes extranjeros, aprobada en diciembre por iniciativa de Ortega.
Pallais es miembro del bloque opositor denominado Coalición Nacional y durante las protestas contra Ortega de 2018 fue integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), contraparte del Gobierno en el diálogo que buscaba una solución al conflicto.
Candidatos anulados
Cinco postulantes al máximo cargo político fueron detenidos en la última semana: el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el exdiplómatico Arturo Cruz, la periodista Cristiana Chamorro -que se perfila como la principal competidora de Ortega- y ahora Pallais.
También están bajo prisión el expresidente del gremio de empresarios José Adán Aguerri y la activista de la sociedad civil Violeta Granera.
Medios afines al Gobierno adelantaron que habrá otras detenciones de dirigentes políticos y activistas a los que las autoridades culpan de ser los responsables de las protestas de 2018, que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, de 75 años y 14 de forma consecutiva en el poder, adujo que la revuelta fue un intento de golpe de Estado para desplazarlo del cargo.
Condena mundial
Las capturas de opositores han provocado condenas de Estados Unidos y otros países, que demandaron la inmediata liberación de los detenidos.
El secretario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, exigió también la libertad de los opositores, según apuntó hoy su portavoz, Stéphane Dujarric.
Guterres «está muy preocupado por los recientes arrestos, así como por la invalidación de candidaturas de dirigentes de la oposición en Nicaragua», indicó Dujarric en su conferencia de prensa diaria.
Añadió que «estos desarrollos pueden socavar seriamente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones generales de noviembre».
Las leyes locales impiden presentarse a comicios a quienes estén detenidos.
Además de la detención de los precandidatos, el tribunal electoral de Nicaragua eliminó a los opositores Partido de Restauración Democrática (PRD, evangélico) y al Partido Conservador (PC, derecha), el más antiguo.
Sanciones desde EE.UU.
Previo a que se conociera la nueva detención, Estados Unidos impuso sanciones económicas a cuatro funcionarios cercanos a Ortega, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo.
El Departamento del Tesoro dijo que sancionó a estos responsables por su apoyo «al régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes».
Además de Ortega Murillo, hija del presidente y de la influyente vicepresidenta Rosario Murillo y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, otros tres allegados al mandatario fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.
Ellos son Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y el general Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército.
A ellos se les bloqueó todo activo que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos y se les prohibió toda transacción con individuos y entidades norteamericanas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los arrestos confirman que Ortega es un «dictador» y pidió a la comunidad internacional que «lo trate como tal».
«Estados Unidos continuará usando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen involucrados en esta ola de represión», advirtió el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
