EL VENEZOLANO COLOMBIA
Una misión de parlamentarias y organizaciones sociales catalanas visita esta semana Bogotá y Cali para reunirse con autoridades y colectivos de la sociedad civil colombiana con el fin de elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos tras las protestas en el país.
Durante la misión de la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, que comenzó el pasado sábado y se alargará hasta el 3 de julio, las parlamentarias de partidos catalanes de izquierdas se reunirán con organizaciones como el Comité Nacional del Paro (que convocó algunas de las protestas) y organismos como Temblores e Indepaz que han denunciado los abusos policiales.
«Uno de los objetivos es verificar y hacer un relato ajustado a la realidad, teniendo en cuenta que quienes han estado más afectados han sido las poblaciones afro, indígenas, campesinas, mujeres y LGTBI», dijo a Efe la diputada del Parlament catalán por En Comú Podem (izquierda) Jessica González, de origen colombiano, tras reunirse con la Comisión de Paz del Senado.
De la visita, durante la cual también se reunirán con autoridades locales de Bogotá y Cali (epicentro de las protestas, en el suroeste del país) y con la Defensoría del Pueblo, saldrá un informe con recomendaciones que presentarán tanto al Parlament, como en el Congreso español y en el Parlamento Europeo, según informó la diputada de Junts per Catalunya Aurora Madalau.
REUNIONES CON SOCIEDAD CIVIL
Las parlamentarias se mostraron especialmente preocupadas por algunos episodios vividos durante las protestas, que comenzaron el 28 de abril, como las denuncias de desapariciones forzadas -hasta el 24 de junio las autoridades seguían buscando a 79 personas- o las escenas de «paramilitarismo urbano» que se vivieron sobre todo en Cali, con civiles armados disparando contra manifestantes.
Así, buscan «poner el foco en las violencias explícitas del Gobierno colombiano, enfocadas sobre todo en las desapariciones forzosas, en las violaciones hacia comunidades y en la persecución a la disidencia política», aseguró la diputada por la CUP (izquierda independentista) Basha Changue.
Según las últimas cifras de Temblores e Indepaz, hasta el 26 de junio y sobre todo en las primeras semanas, se produjeron 75 asesinatos en el marco del paro nacional, de los cuales 48 atribuyen directamente a la fuerza pública, además de 83 víctimas de violencia ocular y más de 1.800 detenciones arbitrarias.
El Gobierno colombiano, que pide a la comunidad internacional tener cuidado con las cifras, reduce a 25 los muertos en las protestas y asegura que solo tres homicidios tienen «participación de la Policía».
«El común denominador que nos preocupa a las personas que formamos esta delegación tiene que ver una represión totalmente desproporcionada en términos de cifras, muertos, heridos, lesiones oculares, agresiones sexuales que están totalmente opacos y que no han sido esclarecidos a día de hoy», aludió la diputada de En Comú Podem.
«Nos preocupa que la única forma que el Gobierno colombiano se manifieste en ciertos territorios tiene que ver con la militarización y no con políticas sociales, que realmente son las que está pidiendo la población», añadió esta diputada, asegurando que le van a hacer recomendaciones al Gobierno del presidente Iván Duque, con el que no se reunirán durante la visita.
Justamente hoy, en el Congreso de los Diputados español se aprobó, con el rechazo de la derecha, una iniciativa parlamentaria «instando al Gobierno español en trece puntos muy claros (…) para que el Gobierno de Colombia cumpla el acuerdo de paz», explicó la diputada de ERC en el Congreso María Carvalho, participante también de la misión
