EV COLOMBIA | TÉLAM
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), tribunal deculminó tres días de audiencias en las que se revisó y se denunció la existencia de «un proceso de genocidio político continuado» en Colombia que lleva más de medio de siglo.
El Tribunal de los Pueblos es un órgano de opinión independiente que analiza y condena situaciones de violaciones a los DDHH según el Derecho Internacional a lo largo del mundo, y cuya existencia es una continuidad del Tribunal ‘Russell’ creado en los ’60 por los intelectuales Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre,
Fundado en la ciudad italiana de Bolonia en 1979, el TPP funciona a través de sesiones que suelen extenderse por varias jornadas –en estos tres días se realizó la sesión número 48 desde su conformación- en las que organizaciones de la sociedad civil y víctimas de delitos cometidos por Estados presentan pruebas documentales o realizan testimonios directos sobre violaciones «a los Derechos de los Pueblos» ante un jurado integrado por juristas, académicos y personalidades reconocidas por su compromiso público procedentes de todo el mundo.
DICTADO DE UNA SENTENCIA
El procedimiento concluye con el dictado de una sentencia, un fallo que no tiene efectos penales pero que permite establecer responsabilidades, hacer recomendaciones y poner en evidencia la inacción de Tribunales nacionales o Internacionales -como la Corte Penal internacional con sede en La Haya- frente a casos gravísimos de crímenes de Estado o cometidos por empresas trasnacionales.
En estos últimos tres días, el TPP se dedicó al análisis de la situación en Colombia a partir del anunciado proceso de paz con las FARC en audiencias que se celebraron de modo presencial y también remoto en las ciudades colombianas de Bucamaranga, Bogotá y Medellín: algunos de los denunciantes estuvieron en la sede en la que se constituyó el tribunal (el viernes, la Universidad Industrial de Santander, Bucamaranga) pero otros dieron su testimonio por videoconferencia.
EL JURADO
Algo similar ocurrió con los integrantes del jurado: el titular del tribunal, el jurista francés Phillipe Texier (juez honorario de la Corte de Casación en su país), viajó a Colombia para encabezar las audiencias, mientras que el resto participó a distancia, desde distintas partes del mundo.
Dos de ellos proceden de Argentina, la docente universitaria y sobreviviente de la ESMA Graciela Daleo y el doctor en Sociología Daniel Feierstein, investigador especializado en prácticas sociales de genocidio.
El jurado se completa con la jurista francesa Mireille Fanon (hija del escritor Frantz Fanon, ideólogo del Frente de Liberación Nacional de Argelia y autor del libro «Los condenados de la tierra»); el catedrático de Derecho Penal italiano Luigi Ferrajoli (discípulo de Norberto Bobbio); la abogada nicaragüense y activista ambiental Lottie Cunningham; la periodista italiana y ex diputada Luciana Castellina; el portugués Luís Moita; el jurista catalán Antoni Pigrau; el abogado francés especializado en DDHH Michel Forst; el obispo de México Raúl Vera López y la ecuatoriana Esperanza Martínez Yañez, portavoz de Acción Ecológica.
Según informó a Télam uno de los integrantes del jurado, el argentino Feierstein, la sentencia del TPP sobre el caso Colombia se conocerá recién en mayo, porque el tribunal suele tomarse varios meses de plazo para redactar sus fallos, sobre todo cuando se trata de las acusaciones más graves.
UNA HISTORIA REPETIDA EN COLOMBIA
«Una de las cuestiones que más preocupa sobre Colombia, y creo que fue el motivo por el cual se presentaron estas denuncias ante el Tribunal de los Pueblos, tiene que ver con un hecho reiterado en la historia de ese país: cada vez que las organizaciones insurgentes intentan abandonar las armas e incorporarse a la vida política democrática, se produce en simultáneo un proceso de aniquilamiento de toda la población desmovilizada», analizó Feierstein.
«Eso ocurrió con la Unión Patriótica en los años ’80, pasó con el M19, y está volviendo a pasar en este nuevo proceso de paz de las FARC, esto es una reiteración en la historia de Colombia», evaluó Feierstein, quien sin embargo apuntó que el hostigamiento estatal a los exmiembros de la guerrilla que anunciaron su abandono de la lucha armada es sólo «una parte del proceso de aniquilamiento», porque también hay otras comunidades afectadas, particularmente campesinos.
Uno de los casos que pueden resumir esta última situación, el desplazamiento forzado de familias enteras que debieron migrar de regiones rurales como el departamento de Antioquia, y que en algunos casos hasta tuvieron que irse de Colombia, fue transmitido a los miembros del TPP por la auxiliar de enfermería Adriana Quintero Usuga, exiliada en Suecia desde hace quince años.
Residente en Estocolmo, Quintero Usuga salió de Colombia junto a 37 miembros de su familia luego de que asesinaran a tres integrantes de su entorno familiar más cercano y desaparecieran a otros nueve.
EL TIBUNAL RECOGE Y SISTEMATIZA LAS DENUNCIAS DE GENOCIDIO
«Contra mi familia se inició una persecución porque muchos de mis familiares formaban parte de diferentes procesos organizativos, entre ellos mi papá, que fue parte de la Unión Patriótica y del Partido Comunista y también fue presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de la seccional Antioquia», contó a Télam en comunicación telefónica desde Suecia.
«El tribunal en sí es una oportunidad para visibilizar esta persecución, que nos llevó a abandonar el país. El exilio forzado debe ser entendido como una práctica genocida más», exhortó Quintero Usuga, quien el viernes relató la historia de su familia ante el jurado del TPP.
Otra exiliada, Denis Rojas, residente en la Argentina desde hace varios años, graduada en Sociología en la Universidad Nacional de Colombia y cursante del Doctorado en Historia en la Untref, aseguró a Télam que la acción del Tribunal Permanente de los Pueblos permitirá «recoger y sistematizar todas las denuncias que se han venido haciendo en relación a la figura de genocidio» en su país.
«En el Tribunal de los Pueblos se expusieron procesos de genocidio desde antes del ’80, pero también se plantearon procesos más recientes de exterminio, como de qué manera sistemáticamente se actúa en Colombia contra ciertos grupos poblacionales y contra ciertas expresiones», afirmó Rojas.
Luego de tres jornadas de audiencias, en las que el Estado colombiano se negó a participar pese a ser oficialmente invitado, el TPP entró a partir de hoy en un cuarto intermedio hasta que el jurado emita su sentencia.
Un fallo que, incluso sin efectos penales concretos, buscará ejercer presión sobre el gobierno del presidente Iván Duque y profundizar el debate sobre la democracia en Colombia.
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