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La migración de venezolanos es un tema que ha convocado a toda la región desde 2015, cuando muchos de los ciudadanos del país vecino empezaron a cruzar las fronteras a causa de la falta de garantías y de un sistema de gobierno en constante lucha política por mantenerse en el poder.
A la fecha, Colombia, con 29,9% del total de venezolanos migrantes; Perú, con 19,8%; Chile, con 19,7%, y Argentina, con 8,9%, han sido los países de Latinoamérica que mayor número de migrantes de Venezuela han recibido desde que empezó el éxodo en ese país.
Según datos proporcionados por la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela de Acnur, al cierre de 2020, en la región había cerca de 5,4 millones de refugiados venezolanos, de los cuales, 2,4 millones cuentan con un permiso de residencia y estancia temporal, mientras que otros 143.664 ya cuentan con alguna forma de estatus legal dentro de los países de acogida. Hasta finales del año pasado había 798.128 solicitudes de refugio pendientes.
Pese a que los gobiernos se han movido con agilidad para apaciguar el fenómeno migratorio de la última mitad de década, los problemas han sido mayores a los esfuerzos. La región atraviesa una fuerte crisis en el mercado laboral, los niveles de inseguridad alimentaria superan los mínimos de pobreza y la falta de garantías en seguridad, según la ONU, ha removido fuertemente los ánimos de la región.
PLAN PARA LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS VENEZOLANOS
La estrategia, que está compuesta por cuatro ejes centrales, contempla una movilidad humana fronteriza regulada por estándares migratorios globales, el reconocimiento mutuo de los títulos y las competencias de los migrantes, una intermediación laboral con programas de ayuda al acceso al trabajo y la inclusión de los migrantes a los programas de protección social.
Dentro del plan para la inclusión socioeconómica de los venezolanos migrantes a la región hay dos objetivos claros. Por un lado, reducir las brechas en acceso a condiciones óptimas de vida y la vulnerabilidad, y por el otro, lograr que el capital humano en movimiento contribuya al desarrollo económico de los países que los reciben.
De acuerdo con Luis Felipe López-Calva, director Regional para América Latina y El Caribe del Pnud, cerca de 85% de la población venezolana se encuentra en América Latina y el Caribe, por lo cual, según el experto, la región tiene que enfrentar nuevos retos en materia de movilidad de las personas, de acceso a los servicios básicos y de protección, de inclusión en los mercados laborales y de cohesión social.
En esa misma vía, la estrategia regional de integración socioeconómica pretende atacar la desigualdad de la población migrante desde el aseguramiento al acceso en oportunidades de trabajo, donde se busca que los nuevos residentes contribuyan a dinamizar la economía de los países y de la región.
DATOS DE LA OIT
Según las estimaciones de la OIT, 80% de los migrantes venezolanos que participan de la economía tienen jornadas laborales superiores a las 48 horas semanales y devengan hasta 60% de un salario mínimo. Además, el organismo internacional señala que 45% de las microempresa creadas por migrantes regulares muere en los primeros cinco años de vida.
De ahí, propender por la legalización del capital humano extranjero y asegurar sus condiciones laborales tendría un impacto positivo en la reducción de las tasas de inseguridad, de hambre y de pobreza en la región, según lo aseguró Vinícius Carvalho Pinheiro, director de la OIT para América Latina y el Caribe.
El informe de la estrategia detalló que los gobiernos formarán una red de cooperación que permitirá que los migrantes accedan de forma gratuita a los servicios de salud de sus países y que tengan seguridad social.
LA INFORMALIDAD LABORAL ES EL PRIMER OBSTÁCULO PARA UN DESARROLLO ADECUADO
Según la OIT, las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela, sobre todo las mujeres, encuentran más posibilidades de emplearse en la economía informal, con las limitaciones que implica en cuanto al acceso a los derechos laborales. La razón es estructural, pues entre la mitad y tres cuartos de los empleos de América Latina y el Caribe están dentro de la economía informal, sea porque se trata de empleos sin contrato laboral y en condiciones precarias o porque abarcan emprendimientos de baja productividad y sin posibilidad de costear coberturas frente a los riesgos.
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