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La Corte de Apelaciones de Iquique dejó sin efecto las resoluciones de expulsión impuestas por el Gobierno en contra de al menos 52 ciudadanos venezolanos, la mayoría de ellos deportados en el vuelo que despegó la semana pasada desde la capital de Tarapacá, y unos cinco que siguen en el territorio nacional.
El tribunal de alzada lo determinó tras revisar un recurso de amparo interpuesto por el Servicio Jesuita Migrante (SJM), en razón de que la medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados pudieran controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa, ni exponer los antecedentes que estimara precedentes ante la pretensión de expulsión.
La resolución también alude a que la Intendencia de Tarapacá lo dispuso sin que se concluyera una investigación en contra de los afectados, valiéndose solo de «actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida».
En esa línea, el fallo indica que «no corresponde que la recurrida, como autoridad administrativa, imponga una sanción de carácter tan gravoso sin contar con el necesario fundamento legal», y más aún, en este caso donde la responsabilidad penal de los amparados, que podría motivar una decisión como esta, nunca fue establecida por el Poder Judicial.
Se acogió, por ejemplo, un amparo de 52 personas representadas por el @SJMChile. Sólo unos 5 de ellos no fueron expulsados la semana pasada. Los otros -que ya están probablemente en Venezuela- no tendrán prohibición de ingreso a Chile en el futuro.— Valentina Godoy (@valegodoyb) February 18, 2021
De acuerdo a la presidenta del directorio del SJM, Macarena Rodríguez, esta postura de la Justicia no es nueva, y por lo tanto, «esperamos un cambio en el proceder» del Ejecutivo en materia migratoria.
«Ellos son la autoridad, son los primeros llamados a garantizar y a respetar los derechos fundamentales de las personas, entonces un objetivo político, la idea de hacer un levantamiento muy mediático de esta situación, con las autoridades que viajan al norte y todo, no puede pasar por sobre los derechos de las personas», enfatizó.
Asimismo, Rodríguez opinó que detrás de este caso «hay una situación más de fondo, que tiene que ver con entender cuál es la realidad que vive Venezuela».
Es posible que la causa llegue a la Corte Suprema, algo que podría definir en esta jornada el Gobierno mediante la Intendencia de Tarapacá.
Gobierno defiende procedimiento
El intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, defendió también este proceso y sin confirmar que van a recurrir a la Corte Suprema y afirmó que van a seguir defendiendo su postura.
«La causa de la expulsión es por un ingreso clandestino a nuestro país y por lo tanto nosotros creemos que estamos aplicando adecuadamente el procedimiento y obviamente hay que insistir, que el fondo es que ellos se auto denunciaron diciendo que cruzaron por un paso no habilitado», afirmó la autoridad regional.
«Ahora, respecto de los recursos, tendremos que ver cómo se desarrollan. Vamos a defender nuestra nuestra posición», añadió Quezada.
Por su parte, el alcalde de Colchane, Javier García, llamó al Gobierno a trabajar un plan migratorio serio y legal y aseguró que el fallo demuestra que el Plan Colchane fue -a su juicio- una improvisación.
