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El presidente Nicolás Maduro es quizás el peor presidente de Venezuela para Colombia y los colombianos, lo ha sido para los connacionales en el hermano país, para la relación bilateral y de frontera, incluso ha cuestionado la delimitación terrestre y ha pretendido imponer la postura venezolana en la delimitación marítima, pero lo peor es el abordaje a la crisis de movilidad humana causada por el chavismo.
En materia migratoria Maduro ha implementado una estrategia de instrumentalización que va del negacionismo, pasando por el aprovechamiento de la tragedia humana, llegando a la estigmatización y persecución de la población en condición de movilidad tanto venezolana como colombiana. El hijo de Teresa, una mujer colombiana que migró a Venezuela buscando oportunidades se convirtió en el presidente venezolano más hostil con Colombia y los colombianos.
La relación entre Colombia y Venezuela se encuentra en su peor momento, no hay relaciones diplomáticas, tampoco consulares, los pasos fronterizos oficiales se encuentran cerrados, porque finalmente la frontera nunca se cierra, y lo que se sabe es que no existe ningún canal de comunicación entre los gobiernos nacionales.
A lo cual se suma que Colombia es uno de los más de cincuenta países que reconoce a Juan Guaidó, pero uno de los pocos que niega a Nicolás Maduro, muchos de los Estados que reconocen al líder opositor mantienen relaciones diplomáticas con el poder factico de Maduro y conservan las relaciones consulares para asegurar la protección de sus connacionales en territorio venezolano.
La estrategia en política exterior del gobierno de Iván Duque frente a la Venezuela chavista no funcionó, las sanciones internacionales, el cerco diplomático y la internacionalización de la crisis de movilidad humana no han dado los resultados esperados y el actual contexto de la COVID-19 transforma el escenario y plantea la necesidad de una reformulación de la relación bilateral.
Las afugias que causan las sanciones internacionales las transfirió el chavismo a la población, incluso las usa discursivamente para justificar la debacle económica y social, y dichas sanciones en su mayoría norteamericanas permiten que sectores de la izquierda latinoamericana y europea justifiquen su apoyo a la dictadura. Si bien, han cerrado los espacios de acción de algunos miembros de la camarilla chavista, la realidad es que la escasez y precariedad asociadas a las sanciones les han dado más poder de control sobre la población. Y en el contexto de pandemia ha implicado que organismos protectores de los derechos humanos soliciten su levantamiento ante las graves repercusiones que pueden tener en el manejo de la COVID-19.
De otro lado el cerco diplomático, ha resultado adverso a los intereses de Colombia y de la región. El aislamiento de la Venezuela chavista se convirtió en una ventana de oportunidad para las potencias no democráticas. La Revolución Bolivariana que ya tenía una posición complaciente con China, Rusia, Irán y Turquía, con el aislamiento de las democracias occidentales ha terminado aceptando las pretensiones de estas potencias extracontinentales que aprovechan la debilidad venezolana para negociar e imponen condiciones que comprometen el futuro del país, pero también de la región. El chavismo en su afán de sobrevivir ha convertido a Venezuela en un botín de saco, que ya tiene en la degradación medioambiental uno de sus mayores efectos en el largo plazo.
Y en la internacionalización de la crisis de movilidad humana Colombia no ha logrado coordinar las políticas de recepción migratoria. Chile, Perú y especialmente Ecuador han implementado medidas que convierten a Colombia en un “país tapón”, sin los recursos que esa estrategia tiene en otras latitudes. Pero en el actual contexto de emergencia en salud pública la situación se complejiza, los recursos de la cooperación internacional sufrirán un importante recorte, se priorizarán en la recuperación socioeconómica post-COVID19 de los países más pobres, y dependeremos de la estrategia regional para afrontar la nueva realidad en los próximos años. Todo dependerá si asumimos la estrategia del aislacionismo, el cierre fronterizo y la paranoia sanitaria, o por el contrario impulsamos una respuesta conjunta e integral de la región. Pero independientemente el Estado colombiano debe reflexionar sobre los efectos que tendrá la vecindad con Venezuela en la implementación de la estrategia que se elija.
La relación bilateral con Venezuela debe replantearse, la salida rápida de la Revolución Bolivariana del poder cada día tiene menos posibilidades, por más que algunos sectores de la oposición venezolana vivan afirmando que las condiciones están dadas y que es inminente la caída de la dictadura, la crisis de la COVID-19 le ha permitido al chavismo acariciar sus más oscuras pretensiones totalitarias y la emergencia en salud pública le permitirá al régimen permanecer en el poder.
Se debe contemplar una diplomacia de respuesta en contexto de salud pública para la convivencia entre Colombia y Venezuela. Lo primero es recobrar las relaciones consulares con el régimen venezolano, no para reconocerlo o legitimarlo, sino para adelantar la protección de los ciudadanos colombianos que permanecen en territorio venezolano, los últimos datos fiables estimaban una presencia de 3,4 millones de colombianos en Venezuela que no pueden quedar desamparados ante las arremetidas de la dictadura.
Y segundo, convertir la Tarjeta de Movilidad Fronteriza TMF en un instrumento de largo plazo con identificación biométrica que regularice la entrada y salida de venezolanos en dirección a convertir la frontera en un espacio ordenado y seguro de abastecimiento y cooperación con el pueblo venezolano, no con la dictadura. Y así permitir la reapertura de la frontera y la atención de las necesidades de la población venezolana.
Las dictaduras no suelen caer cuando se exhibe su atrocidad, por el contrario, terminan usando ese miedo para dominar, se logra más cuando el ciudadano es consciente de la precariedad a la cual lo están sometiendo y ahí la frontera colombiana puede jugar un papel definitivo en la recuperación de la democracia venezolana.