EL VENEZOLANO COLOMBIA
Nicolás Maduro, conversó con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, sobre los efectos de la pandemia por COVID-19 así como del estatus de los derechos humanos en el país.
Ambos «mantuvieron una reunión oficial en el marco del periodo de sesiones de la Asamblea General, en el 75 aniversario de la ONU. Conversaron sobre el desafío de fortalecer hoy, más que nunca, el multilateralismo», dijo el canciller del régimen, Jorge Arreaza, a través de Twitter.
El jefe de la diplomacia venezolana explicó que Maduro y Guterres «abordaron la lucha para contener» la pandemia «en el mundo».
Maduro «le explicó al secretario general la estrategia única que Venezuela ha seguido para controlar la pandemia. Coincidieron en la necesidad de garantizar los tratamientos y vacunas para todos», prosiguió Arreaza en la misma red social.
El canciller señaló también la propuesta que Maduro hiciera a la ONU de crear un «fondo rotatorio para compras públicas de medicinas y alimentos para todos los Estados miembros, especialmente los países que sufren bloqueos y persecuciones financieras arbitrarias».
Además, Maduro reiteró ante Guterres que su Gobierno ha mantenido la cooperación con la Oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de ONU, Michelle Bachelet.
En este sentido, Maduro hizo entrega al secretario general de Naciones Unidas del informe levantado recientemente por las instituciones venezolanas sobre la situación de los derechos humanos en el país, en respuesta a otro informe crítico elaborado recientemente por una Misión Internacional a instancias de la ONU.
La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante una resolución y busca evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.
Ese informe acusa a Maduro y a otros altos cargos como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.
Dicho documento, también sugiere que tribunales de fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional , juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizados.
