EL VENEZOLANO COLOMBIA
Las centrales obreras de Colombia convocaron para el 7 de septiembre a una manifestación nacional para rechazar recientes decisiones del Gobierno como la de otorgar un préstamo de 370 millones de dólares a la aerolínea Avianca y la expedición de un decreto que califican de «reforma laboral».
La decisión se tomó en una reunión de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), entre otros sindicatos.
«Hemos decidido convocar a todos los trabajadores colombianos y los colombianos en general a realizar en todo el país el próximo 7 de septiembre caravanas vehiculares en rechazo al decreto 1147 y a la autorización de un préstamo a Avianca», dijo el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, en una rueda de prensa virtual.
LAS RAZONES DE LA PROTESTA
A través del decreto 1174, expedido el pasado 27 de agosto, el Gobierno reglamentó el piso de protección social, que para las centrales obreras es la «más agresiva reforma laboral y pensional de los últimos 30 años» en Colombia.
Según Orjuela, esa norma abre la posibilidad de contratar por horas y desconoce otros derechos de los trabajadores como subsidios y afiliaciones a entidades para recreación.
«No se puede hacer uso de tanto oportunismos en medio de la pandemia», dijo por su parte el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, quien agregó que además el país pasa por un momento «muy difícil» por la pandemia del coronavirus que deja hasta el momento 20.052 muertos y 624.069.
«Adelantar una reforma laboral sobre la base de los eufemismos, como se viene manejando la situación ahora, como que no hay masacre laboral sino que ahora son los pisos mínimos de protección social los cuales, según la organización Internacional del Trabajo, los que deben garantizar unos derechos», sostuvo Gómez.
Para Fecode, ese decreto «precariza y elimina pensiones y permite la contratación por horas, es decir, aprueba lo que los colombianos rechazamos en las calles».
Anunciaron que demandarán ante el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, el decreto por considerar que viola la Constitución y aseguraron que suspenden la participación en la misión de empleo creada por el Gobierno «por cuanto esta misión pierde totalmente su efecto de supervivencia» con la expedición del decreto 1174.
LA RESPUESTAS DEL GOBIERNO
Sobre el decreto, el Ministerio de Trabajo explicó que no es una reforma laboral y que de lo que se trata es que las personas que mensualmente reciben ingresos inferiores a un salario mínimo tengan ayudas sociales.
«Aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica, contarán ahora con un mecanismo de protección social, que según el Decreto 1174 del 27 agosto, se reglamenta como Piso de Protección Social», asegura el Ministerio del Trabajo.
En cuanto al préstamo de 370 millones de dólares a Avianca, el Gobierno ha dicho que participará en la reestructuración financiera de la compañía con el fin de preservar el servicio aéreo nacional.
El Gobierno tuvo en cuenta que Avianca es la compañía aérea más grande del país, con una participación del 45,5 % en el mercado de pasajeros transportados en 2019, según el Ministerio de Hacienda.
Avianca se acogió en mayo pasado a la ley de bancarrota de Estados Unidos para iniciar un proceso de reorganización debido al impacto de la crisis de la COVID-19 que a finales de marzo obligó a las compañías aéreas del país a dejar sus aviones en tierra.
Las operaciones de la aerolínea están integradas en Avianca Holdings, formada por las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines basadas en Centroamérica y Perú.
