Uribe, entre la guerra contra las FARC y los abusos en el poder

• Comenzó en 1976 como jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín, desde donde pasó en Bogotá a la Secretaría General del Ministerio del Trabajo

EL VENEZOLANO COLOMBIA

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, de 68 años, que este martes se convirtió en el primer exmandatario cuya detención ordena la justicia, alcanzó una enorme popularidad por su lucha sin cuartel contra la guerrilla de las FARC pero sus tácticas acabaron por ponerlo ante los tribunales.

De estilo ejecutivo a la hora de mandar, Uribe comenzó su vida pública en Medellín, donde nació en 1952 y se formó como abogado, y en su recorrido por distintos puestos de la Administración aprendió el engranaje de la burocracia que años después lo llevó a imponer su sello en la Presidencia colombiana en el periodo 2002-2010.

Comenzó en 1976 como jefe de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín, desde donde pasó en Bogotá a la Secretaría General del Ministerio del Trabajo (1977) y luego a la Dirección de la Aeronáutica Civil (1980-1982).

CARRERA MARCADA POR LAS FARC

Regresó a Medellín en 1982 como alcalde nombrado y al año siguiente enfrentó una tragedia familiar que daría un giro a su visión de la política y del país: el 14 de junio de 1983 su padre, Alberto Uribe, fue asesinado en su hacienda en la localidad de San Roque (Antioquia) por guerrilleros de las FARC.

En 1984 Uribe fue elegido concejal de Medellín por el Partido Liberal y dos años después llegó por primera vez al Senado donde permaneció hasta 1994 y se dio a conocer como un político audaz que no temía enfrentar a sus contradictores.

Hizo una pausa en la política en 1998 para irse a estudiar en Estados Unidos y el Reino Unido y en esa época apoyó la candidatura presidencial del liberal Horacio Serpa, que perdió las elecciones de ese año con el conservador Andrés Pastrana.

En la campaña presidencial de 2002 subió como espuma en las encuestas con su promesa de combatir a las FARC que en ese entonces tenían un poder de fuego superior al del Ejército, determinación que aumentó tras salir ileso de un atentado con un autobús cargado de explosivos detonado al paso de su caravana en Barranquilla el 15 de abril de 2002, que dejó cuatro muertos y seis heridos.

Para entonces el Gobierno de Pastrana negociaba sin éxito con las FARC a las que había concedido una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, que la guerrilla aprovechó para incrementar su actividad criminal, lo que aumentó la popularidad de Uribe, decidido a acabar esos abusos si ganaba la Presidencia.

BAUTISMO DE FUEGO

En mayo de 2002 consiguió el triunfo en primera vuelta y el 7 de agosto de ese año las FARC le dieron un bautismo de fuego al lanzar cohetes contra la Casa de Nariño, sede presidencial, cuando Uribe se aprestaba a jurar el cargo.

Uno de los artefactos cayó en un barrio aledaño al palacio y dejó 14 civiles muertos.

Al tiempo que arreciaba su lucha contra los grupos guerrilleros, Uribe empezó a negociar en 2003 la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusadas de tantas atrocidades como las FARC y de operar como aliadas del Gobierno y en particular del Ejército.

Ese proceso, criticado por ser laxo con los paramilitares, concluyó en 2006 con la desmovilización de 31.000 combatientes.

Años después salió a la luz el llamado escándalo de la «parapolítica», el contubernio de políticos con paramilitares en distintos lugares del país para ganar elecciones y contratos a como diera lugar e imponer su ley a sangre y fuego en las regiones.

En el auge de su poder Uribe impulsó una reforma a la Carta Magna para permitir la reelección presidencial inmediata, aprobada en octubre de 2005 por la Corte Constitucional.

De esta forma, al año siguiente pudo presentarse de nuevo como candidato y fue reelegido para el periodo 2006-2010 al arrasar en primera vuelta con el 62,2 % de los votos.

GOLPES A LA GUERRILLA

En el segundo mandato, Uribe consiguió lo que antes parecía imposible: golpear el corazón de las FARC con operaciones militares que acabaron con la fama de invulnerables de los mandos de esa guerrilla.

El 2 de marzo de 2008 un bombardeo en territorio ecuatoriano mató al número dos de las FARC, Luis Edgar Devia, alias «Raúl Reyes»; dos días después fue asesinado alias Iván Ríos, otro miembro del Secretariado de la guerrilla, a quien un escolta le cortó la mano derecha como prueba para cobrar la recompensa ofrecida por el Gobierno.

El 26 del mismo mes el país se enteró de la muerte en las montañas de Colombia del fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias «Manuel Marulanda Vélez».

La racha de Uribe continuó el 2 de julio de ese 2008 con la «Operación Jaque», en la que el Ejército rescató a 15 secuestrados por las FARC hacía varios años, entre ellos la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once militares y policías.

MANIOBRAS PALACIEGAS

Para entonces empezaron a salir a flote las primeras denuncias en su contra, como la de la congresista Yidis Medina que declaró haber negociado su voto favorable a la reelección a cambio de prebendas que le dieron personas cercanas a Uribe.

A ese escándalo le siguieron los de familiares suyos y colaboradores cercanos condenados por parapolítica, las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes conocidas como «falsos positivos» y las interceptaciones ilegales de llamadas telefónicas de jueces, magistrados, periodistas y opositores que minaron su popularidad.

Tras ayudar a elegir en 2010 a Juan Manuel Santos como su sucesor y la posterior ruptura con él porque no estaba de acuerdo con las negociaciones de paz con las FARC, Uribe fundó su propio partido, el Centro Democrático, con el que fue elegido senador y se convirtió en líder de la oposición.

Fue en el Senado donde nació la disputa con Iván Cepeda, congresista del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo (PDA), a quien Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos porque le preparaba una denuncia en el legislativo por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló no solo archivó la demanda contra Cepeda sino que le abrió una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos que hoy lo tiene bajo detención por primera vez en su vida. 

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