EL VENEZOLANO COLOMBIA | LA OPINIÓN
Las medidas de prevención contra la COVID-19 en Venezuela, incluyen severas restricciones a la movilidad, mayor presencia policial y militar en las poblaciones fronterizas y el anuncio de mayor vigilancia y control en los pasos irregulares.
Sin embargo, durante el tiempo de pandemia y muy a pesar de estas restricciones, la violencia en la frontera creció en lugar de disminuir en el segundo trimestre de 2020.
Según cifras aportadas por la ONG FundaRedes, a través de un instrumento que han denominado Curva de la Violencia, la acción de la guerrilla, los paramilitares y las bandas delincuenciales con alto poder de fuego, se acentuó en los estados fronterizos venezolanos entre abril y julio.
“La violencia en los estados de Táchira, Zulia, Falcón, Bolívar, Apure y Amazonas da cuenta de un total de 435 homicidios ocurridos en esas seis regiones del país, lo que representa un aumento de 28,5% frente al mismo período del año anterior; además de 44 personas desaparecidas para un incremento de 83 % y 170 enfrentamientos armados que representan 22 % más que en el mismo lapso de 2019”, detalló Javier Tarazona, director general de la organización.
La frontera compartida entre Colombia y Venezuela abarca, del lado venezolano, los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas; y del lado colombiano, los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía.
Edixon Figueroa, quien forma parte del equipo de documentación de la Curva de la Violencia, detalló que de los seis estados fronterizos bajo análisis, cinco comparten límites con Colombia. Zulia y Táchira están entre los tres con mayor índice de violencia, superados solo por Bolívar, donde la explotación minera está vinculada a altos niveles de criminalidad.
“En este segundo trimestre, en Zulia se registraron 164 homicidios, seguido de Táchira con 64, de los cuales la mayoría tuvieron lugar en los municipios de Bolívar, Ureña y García de Hevia, muchos de ellos en trochas, debido a enfrentamientos por el control de estos territorios”.
Señaló que Táchira lidera la lista de desaparecidos con 16 casos reportados, en los que las trochas que comunican al municipio Bolívar con Norte de Santander fueron los escenarios predominantes. Mientras tanto, las trochas de Ureña fueron las más afectadas por enfrentamientos armados entre grupos armados irregulares.
Criminalidad a sus anchas
Para el abogado y exdirector de Politáchira, Jesús Alberto Berro, este aumento en la criminalidad fronteriza durante la pandemia, obedece a que las estructuras delincuenciales no responden al estado de derecho ni a las instituciones, “ellos tienen sus propias reglas y sus propios códigos, aunque la pandemia, que no discrimina ni razas, ni credos, ni estructurales sociales, pudiese funcionar como un elemento inhibidor”.
Esta sería la razón por la cual, incluso las estructuras criminales han impuesto controles para frenar el avance del COVID-19. “Existe un acuerdo entre la guerrilla y los paramilitares, para impedir el paso por las trochas de los viajeros que se movilizan desde otros países, porque eso expone la salud de los elementos delincuenciales que mantienen el control de esos territorios”, explicó.
“El control de estos espacios fronterizos y las actividades ilícitas que en ellos se desarrollan producen una rentabilidad bastante jugosa que en la jerga militar y policial fronteriza se conoce como ‘el pote’, el cual satisface las expectativas económicas de los funcionarios destacados en la zona, lo que a su vez genera una especie de ceguera selectiva que permite a estas organizaciones delincuenciales actuar a sus anchas”, explicó.
Para Berro, lo que viene sucediendo en la frontera es que paramilitares y guerrilla han establecido una especie de acuerdo de cooperación en el que se reparten los territorios sobre los que ejercen el control de las actividades ilegales, que incluyen extorsiones, secuestros y asesinatos, en los que las principales víctimas son los integrantes de bandas delincuenciales que intentan incursionar en estos territorios y las personas de la sociedad civil que ejercen algún tipo de actividad económica y, por alguna razón, no cumplen con las exigencias o las normativas impuestas por estas organizaciones armadas.
Las medidas asociadas a la prevención de la COVID-19 en frontera anunciadas por el Estado venezolano, a saber: toque de queda, cese de movilidad intermunicipal y reforzamiento de la presencia militar en frontera; deberían representar una oportunidad para que las fuerzas del orden impongan el control de los territorios fronterizos, e incluso mayor número de choques con elementos delincuenciales que incumplan estas normas.
“Existe una brecha enorme entre la idealidad, que es el deber ser contemplado en la normativa escrita, y la realidad, lo que propiamente está sucediendo”, señaló el experto.
Al mismo tiempo, Berro recordó que a las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se les ha dado el estatus de grupos beligerantes que tienen todo el reconocimiento del gobierno venezolano.
No ocurre así con los paramilitares, quienes se han convertido en el centro de los enfrentamientos que adelantan las Fuerzas Armadas Venezolanas en los territorios fronterizos, en donde incluso algunos espacios han sido declarados como “territorios libres de paramilitarismo”, aunque en ellos continúan ocurriendo extorsiones, asesinatos, así como el tráfico ilegal de personas, mercancías y combustibles, por parte de otros actores armados.
“Se produce entonces una ausencia de sentimiento de pertenencia, de identidad nacional y la capacidad de estos grupos para permear la institucionalidad y ponerla a su disposición. La criminalidad, en su proceso de transformación, pasa de una delincuencia depredadora a una parasitaria, y luego muta para convertirse en estructural”, destacó el profesor universitario.
Más allá de la línea
Para los grupos armados irregulares que operan en los espacios limítrofes binacionales, la frontera se ha extendido más allá del inmediato espacio de encuentro entre Colombia y Venezuela, hacia municipios e incluso regiones hasta donde han logrado expandir, no sólo su influencia, sino su violento modo de acción.
En lo que respecta al estado Táchira, se ha hecho evidente la presencia de grupos armados irregulares en municipios como Lobatera, José María Vargas o Seboruco, en la zona de montaña, donde no ha existido presencia histórica de organizaciones guerrilleras, recientemente los habitantes han comenzado a reportar la presencia de asentamientos de hombres armados que se identifican como integrantes de la guerrilla del Eln, quienes han comenzado a visitar a los dueños de fincas, predios y comercios; a impartir instrucciones de convivencia y establecer normas.
“Hacen sondeos de cuántas personas hay en la familia, qué negocios o ingresos se manejan, cuáles son las relaciones familiares o de amistad entre los distintos miembros de la comunidad, y exigen colaboraciones obligatorias en efectivo a cambio de seguridad; pero, al mismo tiempo, obligan a la gente a hacer trabajos comunitarios y advierten que quien no siga estas instrucciones debe atenerse a las consecuencias”, dijo un vecino de la población de Seboruco.
Para Berro, detener este avance requiere de un inmenso esfuerzo que permita desmontar la estructura piramidal de estas organizaciones armadas que actúan en las zonas de frontera y se han constituido en verdaderas empresas criminales, que garantizan a sus miembros ingresos muy superiores a los que pueden aspirar los ciudadanos comunes.
“Contener el avance de estas estructuras armadas va más allá del mero hecho de la presencia del Estado formal, pues yo puedo acordonar la frontera, colocar codo con codo efectivos militares a lo largo de toda la línea limítrofe y aun así las estructuras criminales lograrán encontrar un momento o un espacio para romper ese cerco, o bien aprovechando un momento de debilidad física, porque esas personas, comen, duermen, se agotan… o bien corrompiendo a algunos de esos funcionarios”, ilustró.
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