EL VENEZOLANO COLOMBIA
La defensa del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ve indicios de irregularidad procesal en su detención en Cabo Verde, dijo hoy a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
En conversación telefónica desde Praia, capital de este país insular de África occidental, Pinto señaló que la alerta roja cursada por la Interpol, a petición de Estados Unidos, para detener a Saab se emitió después de su arresto el pasado día 12.
«La detención tuvo lugar el 12 de junio y la alerta roja (orden de arresto internacional) fue emitida por la Interpol el 13 de junio, lo que revela una incongruencia temporal para la que estamos tratando de encontrar una explicación», señaló a Efe el abogado.
La defensa intenta averiguar si existe «otro mandato anterior al momento del arresto» del empresario, antes de emprender acciones ante los tribunales, como la presentación de un recurso de apelación contra la prisión preventiva impuesta a Saab el pasado domingo.
POSIBLE ERROR PROCESAL
«Nuestra apelación aún no se ha presentado porque estamos esperando a aclarar la situación con respecto al mandato», indicó el letrado, quien cree que, si no existiera otra orden de arresto, se trataría de un error procesal que podría anular la detención.
Este recurso debería interponerse ante el Tribunal de Apelaciones en la isla de San Vicente, en el norte del archipiélago, adonde Álex Saab fue trasladado hoy en avión para comparecer, presumiblemente, este miércoles ante esa corte.
Saab fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la septentrional isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una alerta roja de la Interpol por delitos de blanqueo de dinero.
El empresario, de 48 años, viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en la isla de Sal, con el fin de repostar combustible.
Según la ley de Cabo Verde, Estados Unidos tiene dieciocho días (a partir del pasado domingo) para presentar una solicitud de extradición, detalló este lunes a Efe el procurador general de la República, José Landim.
«Cabo Verde -añadió Landim- no tiene un acuerdo bilateral de extradición con Estados Unidos, pero está vinculado a las convenciones de Naciones Unidas que le obligan a cumplir con la solicitud, si se hace».
El fiscal remarcó que, respecto a una eventual extradición, «nada está garantizado», pues la solicitud puede ser denegada por los tribunales de Cabo Verde, que ya han actuado así en el pasado en respuesta a demandas de otros países, especialmente europeos.
UNO DE LOS TESTAFERROS DE MADURO
Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Por esa razón, Saab y Pulido tienen una causa abierta por conspiración para blanquear dinero desde 2019 en los tribunales federales del distrito sur de Florida, y el juez Robert N. Scola Jr. los declaró prófugos de la justicia el 26 de agosto del año pasado.
Su detención ocurrió después de que el pasado día 9 la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que «harían parte del patrimonio ilícito» de Saab.
De acuerdo con la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
