Resignación e impotencia son los sentimientos que embargan a niños, mujeres y hombres del barrio Altos de la Estancia, en el sur de Bogotá, tras ser desalojados de sus precarias viviendas en plena cuarentena decretada por el Gobierno colombiano para cortar la expansión del coronavirus.
Altos de la Estancia es un barrio de casas multicolores que se sostienen en las laderas de una montaña desde donde sus habitantes perciben el desarrollo el Bogotá sin recibir sus beneficios.
«Nos echaron a la calle sin darnos tiempo de nada, sin avisarnos. El operativo fue con Policía, con el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios); tumbaron las casas y no quedó nada», relata a Efe Thalía Rodríguez, de 24 años y madre de un niño de cinco.
El barrio donde malvivieron Thalía y su hijo por algo más de dos meses hace parte de Ciudad Bolívar, un populoso sector en los confines de la capital colombiana en donde sus habitantes cuelgan en las casas desde hace semanas trapos rojos, el «código» utilizado para avisar que pasan hambre.
La Alcaldía de Bogotá justificó los desalojos porque los terrenos son de alto riesgo de deslizamiento, porque allí funcionaban expendios de drogas ilícitas y porque se trata de un espacio público.
MISERIA Y DESOLACIÓN
Con la cabeza cubierta por un gorro de lana y una mascarilla que apenas deja ver parte de su cara, Rodríguez mira la montaña en donde hasta hace poco se levantaban viviendas construidas con palos, plásticos y que por techo tuvieron delgadas tejas de zinc.
«Allá quedaba mi casa», dice al señalar un punto en la parte más alta de un terreno de unos 43.000 metros cuadrados en donde ahora todo lo que queda es tierra removida.
Con voz entrecortada, Ramírez asegura que muchos de sus compañeros llegaron hace menos de un año e invadieron el terreno «por la necesidad de tener un lugar en donde vivir y por eso las casas se han levantado con los materiales que podemos comprar y no con aquellos que quisiéramos porque dinero no hay».
EN TIERRA DE NADIE
Pese a que en ese terreno ya no hay viviendas ella sigue en el lugar en compañía de otro puñado de personas, la mayoría mujeres, a la espera de que la Alcaldía de Bogotá les ayude para tener «una vivienda digna».
«Acá vine a parar porque no pude seguir pagando el arriendo en donde vivía. Trabajo limpiando escuelas y colegios pero la empresa dijo que por la pandemia solo puedo trabajar un día si y otro no. O sea que se me redujo el salario», explica.
Por ahora su hijo pasa parte del día en un programa de la Alcaldía en donde le dan la alimentación y por la noche va a casa de su abuela.
«Allá tengo guardadas mis cosas pero no podemos irnos a vivir porque no cabemos», dice la mujer, que con otros vecinos pasa la noche en improvisados campamentos hechos con plásticos a la espera de que «haya una solución, que no venga la Policía y que no llueva porque se forma un lodazal» ya que la única vía de acceso a esta parte del barrio está sin pavimentar.
Y agrega: «No es cierto que la Alcaldía nos haya ayudado con mercados o bonos o nos haya propuesto algo. Acá no ha llegado nada».
INDÍGENAS DESTERRADOS
Un grupo de indígenas del departamento del Tolima, en el centro del país, también fue afectado por los desalojos, por lo que solicitan al Gobierno una solución de vivienda o que puedan retornar a su resguardo.
«Tengo ocho familias acá», dice a Efe Jorge Lozano García, procedente de un resguardo ubicado en la población de Coyaima.
Con su bastón de mando, López asegura que llegó a Altos de la Estancia hace ocho años desplazado por la violencia y que ha podido sobrevivir con ayudas gubernamentales pero «hace mucho tiempo dejaron de llegar».
RESPUESTA GUBERNAMENTAL
Contrario a lo que dicen las personas desalojadas, la Alcaldía de Bogotá asegura que les ha dado alternativas y entregó ayudas a las personas que ocupaban el terreno catalogado como espacio público y en el que más adelante se construirá un parque.
Según el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, algunos ocupantes han retirado voluntariamente por lo menos 185 estructuras que no cumplen con normas urbanísticas y de resistencia sísmica.
«El desmonte se ha hecho garantizando la vida de la comunidad y cumpliendo los protocolos exigidos», acota Acero citado en un comunicado de la Alcaldía.
El funcionario argumenta además que en ese sector de Ciudad Bolívar no hay servicios públicos domiciliarios que les permitan a las familias sobrellevar la crisis sanitaria en la que el lavado de manos es fundamental para evitar el contagio del coronavirus.
El problema es que sin un techo todas esas familias han quedado todavía más expuestas no solo a la COVID-19 sino a otras enfermedades que proliferan entre la miseria.
