Migración Colombia: «No podemos permitir que la salida desordenada de venezolanos ponga en riesgo al país»

🔴 Estos procedimientos, aclaró Migración Colombia, están sujetos a la disponibilidad diaria que tenga Venezuela para la recepción de los connacionales, la cual, a la fecha, está fijada en 200 personas por el Puente Internacional Simón Bolívar

Migración Colombia hizo un llamado a los ciudadanos venezolanos para que acaten la medida de aislamiento obligatorio y en caso de requerir retornar a su país, coordinen estos procedimientos con las alcaldías locales, so pena de la imposición de sanciones administrativas y penales, en caso de su incumplimiento.

La autoridad migratoria colombiana recordó que actualmente, tal y como lo ordenó el señor Presidente de la República y está estipulado en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional y las administraciones locales, todo el país se encuentra en un periodo de aislamiento obligatorio, el cual restringe la movilidad de ciudadanos nacionales y extranjeros, incluidos los venezolanos, no solo dentro de las ciudades, sino también por carretera.

Esta medida busca evitar la propagación del COVID-19 y proteger la salud de todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional.

En ese orden de ideas y entendiendo la situación que se ha presentado con algunos migrantes venezolanos que de manera voluntaria han manifestado su deseo de salir del país, el Gobierno Nacional ha coordinado con las alcaldías y gobernaciones, unos procedimientos excepcionales para realizar el paso de personas hacia Venezuela de una manera controlada, buscando que los mismos no representen un riesgo en materia sanitaria para las comunidades.

Estos procedimientos, aclaró Migración Colombia, están sujetos a la disponibilidad diaria que tenga Venezuela para la recepción de los connacionales, la cual, a la fecha, está fijada en 200 personas por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario – Norte de Santander y 100 personas por el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca.

Frente la salida de buses de servicio especial contratados por ciudadanos venezolanos, Migración Colombia informó que en caso de que los mismos hayan iniciado el recorrido sin ningún tipo de coordinación o autorización por parte de la alcaldía, serán inmovilizados hasta que haya disponibilidad para su tránsito en frontera y sus ocupantes serán sujetos de una sanción administrativa, que incluso podría llegar a la imposición de una medida de deportación o expulsión, la cual les impedirá ingresar a Colombia por varios años, así como acceder a beneficios migratorios como el PEP.

Respecto a las empresas de transporte, la autoridad migratoria colombiana recordó la obligación que tienen éstas de reportar el listado completo de pasajeros a través de la plataforma SIRE, que se encuentra en la página web de la entidad, so pena, en caso de no hacerlo, de una sanción de hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así como el cumplimiento de las demás regulaciones expedidas por los Ministerios de Transporte y de Salud.

DATOS PARA TENER EN CUENTA:

• En la actualidad Venezuela solo está permitiendo el ingreso de ciudadanos venezolanos hacia su país por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario – Norte de Santander 200 personas y por el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca 100 personas.

• Diariamente pueden cruzar hacia Venezuela por el Puente Internacional Simón Bolívar, en Villa del Rosario – Norte de Santander 200 personas y por el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca 100 personas.

• A la fecha, han retornado voluntariamente a Venezuela un poco más de 14 mil ciudadanos venezolanos.

• Migración Colombia le ha iniciado proceso sancionatorio a 15 empresas de transporte por el no cumplimiento de los requisitos de ley.

• Los ciudadanos venezolanos que no cumplan la medida de aislamiento obligatorio serán sujetos de medidas sancionatorias de tipo administrativo y penal.

• Los ciudadanos venezolanos que inicien su proceso de retorno voluntario hacia Venezuela sin ningún tipo de coordinación con las alcaldías, serán sujeto de sanciones administrativas, que incluso podrían llegar a la imposición de una medida de deportación o expulsión.

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