La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) denunció este jueves «la desaparición de cuatro presos políticos» que fueron sacados de la cárcel militar de Ramo Verde.
Según la organización con sede en Miami, se desconoce el paradero de los coroneles de la Guardia Nacional José Rommel Acevedo Montañez y Pedro Zambrano Hernández, el capitán de la Guardia Nacional Jesús Alarcón Camacho y el mayor de la Fuerza Aérea Adrián de Gouveia.
José Antonio Colina, presidente de Veppex, reclamó a la comunidad internacional que ejerza «la presión necesaria para obtener una fe de vida de los mencionados presos políticos militares» y subrayó que el régimen de Nicolás Maduro es el responsable de «cualquier daño que puedan sufrir».
En un comunicado, Veppex señala también al general del Ejército Carlos Terán Hurtado, director de Investigaciones de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Digecim), como responsable de la «desaparición» de los cuatro militares y anuncia que solicitará a los organismos internacionales y las autoridades de Estados Unidos que lo sancionen por violaciones de los derechos humanos.
Terán, a quien Veppex define como un «esbirro con uniforme militar», es el «responsable de las torturas y las violaciones a los derechos humanos a las que son sometidos los presos políticos militares en los calabozos de la Digecim», agrega.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una intervención ante el organismo en marzo pasado expuso que la violencia y el acoso contra periodistas, opositores, líderes sindicales, autoridades universitarias y otros colectivos continúa en Venezuela, «acompañado de una retórica que estigmatiza a las víctimas».
«Además, mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digecim) en Caracas», indicó la alta comisionada.
En su informe sobre Venezuela correspondiente a 2019, Amnistía Internacional dijo que ese país «seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes» y que tenía constancia de que «durante el año al menos seis presos y presas de conciencia seguían detenidos o sufrían limitaciones de sus derechos».
