Desde que el régimen de Nicolás Maduro fundó la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela hace dos años y medio, el escuadrón se ha ganado una reputación temible en los barrios pobres de Venezuela.Imagen de archivo de miembros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela (FAES) deteniendo gente durante una patrulla nocturna en Barquisimeto, Venezuela. 20 septiembre 2019. REUTERS/Ivan Alvarado
Oficiales de la fuerza han sido acusados de torturar y realizar ejecuciones sumarias por grupos de derechos humanos, políticos de oposición y ciudadanos comunes.
El pasado noviembre, Reuters publicó una investigación sobre 20 muertos atribuidos a la fuerza, conocida como FAES, en la que las versiones oficiales de tiroteos como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencia en video, certificados de defunción, informes de autopsia y otra documentación. La fuerza se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en 2017.
Sin embargo, pese a su notoriedad, el grupo FAES es muy reservado y es conocido por sus máscaras y uniformes negros con insignias de calavera, pero sin llevar etiquetas con sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en el anonimato incluso después de derramar sangre.
Ahora, un caso judicial que involucra a la fuerza FAES en la muerte de dos hombres el pasado marzo revela otro hecho poco conocido que Reuters es el primero en ofrecer de manera pública: algunos oficiales del escuadrón son criminales condenados.
Según cientos de documentos reservados presentados por los fiscales del caso, al menos dos oficiales procesados por participar en las muertes cumplieron penas de prisión antes de unirse al FAES.
Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios de oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos tres miembros del mismo grupo, que no están siendo procesados por la mortal operación, tienen antecedentes penales.
Es ilegal y contrario a la política de la policía nacional la presencia de delincuentes en la FAES. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento, revisados por Reuters, dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener “buen carácter moral”.
José Domínguez, jefe nacional de la fuerza FAES, dijo a Reuters en un breve intercambio de mensajes de texto que los miembros de la fuerza pasan por “procesos selectivos” y “entrenamiento especial”. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono.
El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos.
La presencia de convictos dentro de las filas de la FAES arroja nueva luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por el declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento.
Defendido por el presidente como un nuevo medio para combatir el aumento de la delincuencia y la violencia, el grupo FAES se ha vuelto tan temido como los criminales a los que estaba destinado a combatir, especialmente en las barriadas pobres, donde las dificultades avivan la inestabilidad política.
Personas familiarizadas con la unidad FAES dicen que los administradores del grupo están más preocupados por la fuerza y el miedo que por la rectitud.
“Ellos veían la necesidad de contratar personas que no tengan temor de cometer delitos, de ingresar a una vivienda sin orden de allanamiento y matar”, dijo Nora Echavez, exfiscal jefe en Miranda, el estado donde se escuchará el caso judicial en curso.
“Un delincuente hace esto fácilmente porque ya lo hizo la primera vez”, agregó.
Reuters no pudo determinar exactamente cuántos exconvictos pueden estar trabajando dentro de las filas de la fuerza FAES en todo el país. El gobierno no hace públicos los registros de personal y ni siquiera el número de integrantes, que según estiman miembros de la policía, es de unos 1.500 oficiales.
El misterio que rodea a la fuerza, incluida la falta de transparencia sobre sus oficiales, es fundamental en su manual.
“El FAES prefiere el anonimato”, dijo Javier Gorriño, un criminólogo y comisionado de policía municipal en El Hatillo, un distrito de Caracas, que ha interactuado con la fuerza. “Una máscara da más terror cuando uno no sabe quién está detrás”.
El caso que se sigue en Guarenas, una localidad a unos 39 kilómetros al este de Caracas, es uno de los pocos en los que la identidad y los antecedentes de los oficiales de FAES han salido a la luz.
Los dos hombres muertos allí estaban relacionados con las fuerzas de seguridad. Uno era un policía municipal de Caracas y el otro era un exmiembro de la misma fuerza en la capital venezolana. Ninguno de los dos estaba afiliado a la fuerza FAES ni a ninguno de sus oficiales.
Personas familiarizadas con el caso creen que probablemente la única razón por la que sus muertes han provocado una mayor investigación son los vínculos de las víctimas con la policía. Los casos de miles de otros venezolanos que murieron a manos de la policía, supuestamente después de resistirse a un arresto, habitualmente no se investigan.
Alexis Lira, un antiguo policía convertido en abogado cuyo hermano fue una de las víctimas en Guarenas, dice que la mayoría de las familias de personas muertas a manos de policías carecen de recursos y medios para desafiar las versiones de los operativos del grupo FAES.
“La mayoría de las víctimas tiene que aceptarlo”, dijo Lira, quien ahora pasa gran parte de sus días trabajando con los fiscales para buscar la responsabilidad por la muerte de su hermano. “Yo no”.
Su hermano Fernando era un expolicía de 39 años que se había convertido en diseñador gráfico. También murió el amigo de Lira, Eligio Duarte, un funcionario municipal de 41 años en Caracas. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.
Murieron el 6 de marzo de 2019, cuando un grupo de oficiales de FAES les disparó tras una breve persecución en auto. En un comunicado a los investigadores policiales, el supervisor de la fuerza que dirigió la operación dijo que los hombres habían disparado primero contra sus agentes.
La respuesta de la policía fue “bajo estado de proporcionalidad”, dijo el supervisor en su declaración.
No obstante, pronto surgieron pruebas de lo contrario.
Las pruebas forenses mostraron que ni Lira ni Duarte, que habían ido a Guarenas a cobrar un dinero debido a la novia del primero, dispararon un arma.
Ambos hombres fueron baleados desde arriba, según informes de autopsia, lo que socava la afirmación de la fuerza FAES de que fueron alcanzados en un tiroteo.
En una presentación judicial que llevó a la imputación de cargos de homicidio al supervisor de FAES y a seis oficiales, un fiscal estatal escribió: “Los hechos no se suscitaron de la forma como los funcionarios policiales pretenden hacer ver”.
“NO HAY LUGAR EN NINGUNA FUERZA DE POLICÍA”
Guarenas es el tipo de lugar violento que podría haberse beneficiado de una nueva fuerza nacional de lucha contra el crimen. Con unos 200.000 habitantes, esta comunidad del estado de Miranda, al este de la capital, tiene tasas de criminalidad que históricamente han excedido el promedio de Venezuela.
Algunas pandillas, expulsadas de Caracas en los últimos años, se han mudado a las colinas que rodean Guarenas y se extienden a lo largo de la costa caribeña. Las fuerzas policiales aquí y en otros lugares de Miranda son consideradas corruptas desde hace mucho tiempo.
Después de que los precios del petróleo se hundieron en 2014, provocando que Venezuela cayera en recesión, Maduro siguió políticas que profundizaron los problemas del país. Casi 5 millones de personas han migrado, aproximadamente el 15% de la población del país.
En ese éxodo han participado soldados, policías y otros trabajadores de la seguridad pública. Con salarios equivalentes a unos pocos dólares al mes en la economía hiperinflacionaria de Venezuela, quedan pocos incentivos para atraer candidatos calificados para reemplazarlos.
En Miranda, las filas disminuyeron tan rápidamente que los jefes de las comisarías comenzaron a bajar los estándares para los reclutas, dijeron a Reuters seis exoficiales familiarizados con el área.
Algunos de los contratados tenían antecedentes penales. La policía del área acrecentó su reputación de sobornar, cometer extorsiones y secuestros, así como de usar tácticas como chantajear a ciudadanos para sacarles sus pertenencias o detener camiones y saquear su carga.
“Había funcionarios que no deberían haber pertenecido a ningún cuerpo policial”, dijo Luis Martínez, un oficial de policía retirado que trabajaba en el área.
El crimen se disparó. La tasa de homicidios, que aumentó en toda Venezuela, subió particularmente rápido en Miranda.
De 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes a comienzos de década, la tasa para 2017 en Miranda se disparó a 153, según el Observatorio Venezolano de Violencia, un grupo de investigación con sede en Caracas. La cifra fue la segunda más alta en el país y alrededor de 30 veces la tasa en ese momento en Estados Unidos.
Cuando Maduro anunció la creación del FAES en julio de 2017, su gobierno encargó a los administradores de la policía local que reclutaran a oficiales para la nueva fuerza. Las prioridades incluían la lealtad al gobernante partido socialista y la disposición a usar agresivas tácticas en los vecindarios delictivos en todo el país, dijeron más de una docena de personas conocedoras de esos esfuerzos.
En abril de 2018, la Policía Nacional lanzó la unidad FAES del área, administrada desde Zamora, un municipio cercano. La fuerza estableció su sede detrás de un hospital local, al lado de la morgue. Un cráneo toscamente dibujado adorna una pared de yeso encalado junto a la entrada.
Un exjefe de operaciones policiales de Zamora, Oliver Álvarez, tomó el mando. Construyó una unidad de 120 oficiales, muchos de cuales provenían de las fuerzas locales y cercanas, de acuerdo con los contratos de empleo para el escuadrón revisados por Reuters. Álvarez no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Entre los nuevos oficiales de FAES estaba Richard Sánchez, uno de los procesados en las muertes de Guarenas. Sánchez, ahora de 34 años, fue imputado en 2004 por robo y asalto, según registros judiciales. Reuters no pudo determinar si fue condenado por esos cargos. En 2014, fue declarado culpable de robo y cumplió dos años y medio de prisión, según muestran los documentos judiciales.
Reuters no pudo comunicarse con Sánchez.
Su abogado, Miguel Peña, también representa a todos menos uno de los otros seis oficiales procesados en el caso de Guarenas. Peña dijo a Reuters que los acusados están detenidos en un cuartel del grupo FAES en Caracas, pero aún son oficialmente parte de la fuerza. Confirmó la condena previa de Sánchez, pero dijo que sus clientes en este caso actuaron en defensa propia.
“No estoy diciendo que son unos santos”, dijo a Reuters en una entrevista. “Hubo un enfrentamiento y ellos tuvieron que defenderse”.
Otro recluta de la fuerza FAES local fue José Oliveros, un oficial que había escalado a través de las filas policiales en Miranda pese a una condena previa como cómplice de asesinato. Según los registros judiciales, Oliveros, ahora de 37 años, había acompañado a hombres cuando uno de ellos mató a tiros a un hombre después de un altercado de 2009.
Después de cumplir un año de una condena de cinco, Oliveros fue nombrado subdirector de una pequeña fuerza policial cerca de Guarenas en 2017, según muestran los documentos que anuncian su designación al cargo. Se convirtió en jefe de otra comisaría en 2018 y luego en jefe de otra el año pasado, incluso después de unirse a las filas del grupo FAES.
Contactado por teléfono, Oliveros dijo que buscaría el permiso de sus superiores para hablar con Reuters. No respondió a intentos adicionales para contactarlo. Su abogado, Julio Ortega, se negó a hablar con Reuters para esta historia.
“TODOS VAMOS A MORIR”
Las dos muertes en Guarenas siguieron a una fallida transacción en moneda extranjera, según las transcripciones de testimonios de los involucrados a fiscales e investigadores policiales. No está claro por qué los funcionarios del grupo FAES se involucraron o por qué el episodio se tornó violento.
En la mañana del 2 de marzo, María González recibió un mensaje de texto en su apartamento de Caracas que compartía con Lira, el expolicía.
La pareja llevaba junta 10 años y dirigía un negocio de impresión de camisetas. El mensaje ofrecía una transacción básica que muchos venezolanos buscan para evitar que sus ingresos se vean erosionados por la hiperinflación. Al convertir su moneda local en dólares, conservan el valor a largo plazo de sus ganancias.
Jhonathan Coraspe, un excolega de González de Guarenas, le dijo a la mujer que un amigo tenía 500 dólares que quería cambiar por bolívares, la moneda de Venezuela. En los textos, revisados por Reuters y corroborados por González en entrevistas, ella aceptó la transacción.
Ese mismo día, transfirió 1,68 millones de bolívares, aproximadamente el valor equivalente de los 500 dólares en ese momento, a una cuenta que Coraspe dijo que pertenecía al amigo, Rubén Alarcón. González manejó la media hora a Guarenas para recoger los dólares.
Reuters no pudo comunicarse con Coraspe. Después de las dos muertes en Guarenas, Coraspe testificó ante los investigadores y fiscales de la policía, pero desde entonces se ha escondido, según los abogados involucrados en el caso.
Alarcón, el amigo de Coraspe, no respondió a llamadas telefónicas o mensajes de texto de Reuters para discutir el incidente.
En Guarenas, Alarcón no apareció en la farmacia donde Coraspe dijo que se reuniría con González para entregar los dólares. “Confié en ti”, escribió Coraspe. “Estoy chimbo (me siento terrible)”, respondió, y aceptó verla más tarde.
Esa noche, Coraspe condujo hasta el departamento de González en Caracas. Prometió asegurar los 500 dólares.
Lira, el expolicía, y Duarte, el agente policial municipal y amigo que también recibiría un disparo cuando se frustró la transacción, estaban en el departamento, según el testimonio de Coraspe y González. Coraspe dijo a los investigadores que los dos hombres lo obligaron a dejar su automóvil como garantía en caso que nunca entregara los 500 dólares. González dijo que Coraspe ofreció voluntariamente el Honda Civic plateado de 1997.
Ni Duarte ni Lira tenían antecedentes penales, según un documento que la policía de Caracas envió a los fiscales para el caso. Cinco excolegas dijeron a Reuters que ambos hombres habían sido ciudadanos y policías honestos.
En la mañana del 6 de marzo, Coraspe llamó a Hugo Martínez, un oficial de la fuerza FAES que conocía de su vecindario, según el testimonio de Coraspe a los fiscales. Le dijo a Martínez que dos hombres le habían robado su automóvil y estaban tratando de extorsionarlo pidiéndole 500 dólares.
Al día siguiente Martínez le dijo a Coraspe que le dijera a González que tenía los 500 dólares, pero que no tenía forma de llegar a Caracas, testificó Coraspe.
Coraspe le envió un mensaje de texto a Gónzalez y le dijo que podrían encontrarse en Guarenas al día siguiente.
A la mañana siguiente, el 6 de marzo, González envió a Lira, que se fue con Duarte a recuperar el dinero, dijo González a los investigadores.
En mensajes de texto, testificó Coraspe, Lira acordó encontrarse con él en una estación de servicio.
Con Lira con destino a Guarenas, Martínez llamó a su supervisor de FAES, Alexander Uzcátegui, y le contó sobre la supuesta extorsión, según muestran las transcripciones de testimonios de Uzcátegui.
Martínez le dijo a Uzcátegui que Coraspe pronto se encontraría con los dos hombres de Caracas en la estación de servicio. Uzcátegui dijo que él y un pequeño grupo de colegas de FAES estarían “en espera” de ellos allí.
Reuters no pudo comunicarse con Martínez, Uzcátegui ni con ninguno de los otros oficiales acusados en la operación.
A las 13.00, Coraspe esperaba en la estación de servicio. Lira y Duarte llegaron en una camioneta Toyota Hilux azul. Cerca, en dos vehículos, los oficiales de FAES observaban.
Según el testimonio de Uzcátegui a los investigadores policiales, los hombres en la camioneta sacaron un arma y obligaron a Coraspe a ir hacia su vehículo “bajo amenaza de muerte”. Salieron a toda velocidad, dijo. Su escuadrón los persiguió.
Coraspe, en sus propios comentarios a los investigadores, dijo que ingresó a la camioneta voluntariamente. Ni Duarte ni Lira empuñaron un arma, dijo. Sin prisa, los oficiales FAES dispararon contra la camioneta Toyota en movimiento, agregó.
Asustado, Coraspe apretó el freno de mano. La camioneta se estrelló a un costado de la carretera. “Todos vamos a morir”, recordó Coraspe que le dijo a los otros hombres.
Según la transcripción de su testimonio, Coraspe corrió entonces hacia un vehículo FAES y entró. Mientras tanto, los oficiales se acercaron a la camioneta.
Duarte y Lira, testificó Coraspe, salieron con las manos en alto. Siguieron las órdenes de FAES de tirarse al piso. Con los hombres en el suelo, Coraspe afirmó que ya no podía verlos. Escuchó disparos.
Cinco minutos después, los agentes del FAES sacaron a Coraspe de su vehículo y le ordenaron tirarse al piso, dijo en su testimonio. Vio a Lira y Duarte “tirados como inmóviles”, dijo Coraspe a los fiscales.
Uzcátegui indicó a los investigadores que Lira y Duarte habían disparado contra su escuadrón. Sus oficiales respondieron, disparando a ambos. Después del incidente, dijo, los oficiales llevaron a los hombres a un hospital, donde un médico los declaró muertos.
“LO QUE REALMENTE SUCEDIÓ”
A las 14.30, Marlon Brito, un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas recibió una orden de un supervisor para ir a la morgue, según su informe escrito sobre el caso. El cuerpo, conocido como el CICPC, realiza trabajos forenses para la Policía Nacional. Reuters no pudo comunicarse con Brito para hacer comentarios.
En la morgue, al lado del hospital, Brito vio dos cuerpos.
Con una tarjeta de identidad nacional que estaba en el cadáver de Duarte, Brito identificó el cuerpo del oficial de Caracas. El cadáver de Lira sería identificado más tarde por las palabras inglesas “LIBERTAD” e “Historia” tatuadas en su antebrazo izquierdo.
Duarte sufrió dos heridas de bala en el pecho, escribió Brito en su informe. Lira tenía dos heridas en el pecho y un disparo en el estómago. Las autopsias confirmaron las heridas que informó Brito.
Desde la morgue, Brito condujo hasta el lugar del accidente y los disparos. Uzcátegui, el supervisor, hacía guardia con otros 15 oficiales de FAES, según el informe de Brito.
La camioneta Hilux estaba acribillada a balazos, escribió Brito. Las fotos de la escena revisadas por Reuters también muestran las perforaciones. Los proyectiles gastados cubrían el área y dos pistolas yacían en el suelo.
Los oficiales dijeron a Brito que las armas pertenecían a los dos sospechosos que les habían disparado.
En cuestión de días, la autopsia y los informes forenses rebatirían la versión de los miembros del FAES.
Los resultados de la autopsia, preparados por otra agencia gubernamental, concluyeron el 19 de marzo que ambos hombres habían recibido disparos desde arriba. Los informes, revisados por Reuters e incluidos también en los documentos de la corte, dicen que las balas perforaron a Duarte “de arriba abajo”. Lira recibió un disparo de “arriba hacia abajo”.
Duarte Nuno Vieira, profesor de medicina forense y derecho médico en la Universidad de Coimbra, en Portugal, revisó los resultados de la autopsia a solicitud de Reuters. “Los informes de autopsia”, señaló, “están más en línea con un contexto de ejecución sumaria”.
En su informe forense, el CICPC concluyó que las manos de Lira y Duarte no tenían rastros de antimonio, bario o plomo, químicos reveladores expulsados por la mayoría de las armas. Un especialista forense en España que revisó los hallazgos para Reuters dijo que el informe era concluyente.
“No realizaron disparo alguno”, dijo Francisco Gallego, director del Instituto Técnico de Estudios Balísticos de Madrid.
El informe del CICPC dijo que el reporte forense y testimonios situaron a los siete oficiales en la escena.
Uzcátegui, el supervisor, disparó las balas de pistola de 9 milímetros que mataron a Duarte, según el informe. La especificidad fue posible porque las balas, rastreadas por forenses hasta el arma de Uzcátegui, permanecieron en el cuerpo de Duarte, según la autopsia. Aunque las rondas que mataron a Lira salieron por las heridas, la balística en el informe indica que tres de los otros seis oficiales involucrados en el caso habían disparado armas.
Meyfer Díaz, un recluta de 23 años que se unió a la fuerza solo dos meses antes del suceso, disparó una ametralladora Heckler & Koch MP5. Un mes antes de la operación, Díaz publicó una foto de sí mismo en Facebook con el equipo de FAES. “Mámalo un ratico”, escribió, “nada me afecta”.
Sánchez, el oficial que cumplió condena en prisión por robo, disparó su pistola Tanfoglio cuatro veces. Los investigadores rastrearon otras catorce rondas en la escena hasta Oliveros, el oficial que fue cómplice de asesinato.
Reportes de balística y un registro de armas del FAES contenidos en el archivo del caso de los fiscales, ambos revisados por Reuters, muestran que las rondas provienen de un Heckler & Koch MP5 asignado a Oliveros. El registro de armas muestra que Oliveros nunca devolvió la metralleta al arsenal de la fuerza FAES.
En una audiencia en julio, Ortega, el abogado de Oliveros, argumentó que su cliente no tenía el arma el día de los asesinatos.
En su testimonio ante los fiscales, Coraspe, cuya llamada telefónica desencadenó el episodio, dijo que después de las muertes en Guarenas los oficiales del FAES le dijeron que contara a los investigadores “que lo que pasó fue un enfrentamiento”. En cambio, dijo: “Les dije a los funcionarios todo lo que sucedió realmente”.
Texto extraído de Reuters, para leer completo haz clic aquí
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