La grave situación que viven los migrantes venezolanos en Colombia es ignorada en gran medida por la comunidad internacional. A pesar de ser actualmente el segundo movimiento de población más grande del mundo, después del sirio.
La respuesta humanitaria sigue estando enormemente limitada, especialmente en zonas rurales afectadas por conflictos armados y dinámicas criminales.
En los últimos años, más de 1,6 millones de venezolanos han cruzado la frontera hacia Colombia huyendo de una profunda debacle política y económica que les impide acceder a los medios básicos de subsistencia. Esta cifra es apenas una aproximación a la dimensión real de la crisis migratoria. Existen grandes niveles de sub-registro debido a la falta de acceso a documentación y a que entre el 25 y el 75 por ciento de las personas que cruzan las fronteras entre ambos países, dependiendo del sitio de entrada, lo hacen por pasos irregulares.
Lo que sí resulta evidente es que los migrantes venezolanos en Colombia se enfrentan a una situación inédita en comparación con otros movimientos masivos de población recientes. La mayoría de ellos escapa de una situación angustiante en su país de origen, pero no llegan a un lugar seguro al otro lado de la frontera, particularmente cuando se asientan en las zonas periféricas del país. Allí se exponen ser reclutados en grupos armados o a trabajar en cultivos ilícitos y sufren discriminación, violencia sexual y prostitución forzada.
A diferencia de la mayoría de los países de la región, Colombia ha mantenido sus fronteras abiertas para recibir a la población venezolana, aun a pesar de que no cuenta con la experiencia ni los recursos para atenderla adecuadamente. Muchos migrantes duermen en las calles a su llegada para posteriormente acabar instalándose en barrios marginales o en casas abarrotadas. Las malas condiciones de vida y la falta de acceso al agua y al saneamiento tienen un impacto directo en su salud.
Desde finales de 2018, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha establecido tres proyectos de atención primaria y salud mental a migrantes venezolanos en los departamentos fronterizos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. Hasta noviembre de 2019, los equipos de la organización han llevado a cabo más de 50.000 consultas médicas que, aunque no representan la situación en su totalidad, sí ponen de manifiesto las enormes dificultades que enfrentan los migrantes venezolanos para acceder a la atención médica, alimentación adecuada, vivienda y protección.
En relación con el acceso a la salud, la respuesta que ofrece el sistema público a esta población es bastante limitada: solo atiende urgencias vitales, partos y vacunación. Sin embargo, las necesidades sobrepasan ampliamente estos servicios. Es el caso de los pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamiento continuo y cuya derivación a otros niveles de atención no está asegurada. Así mismo, no existen servicios de salud mental tanto farmacológico como no farmacológico para atender a las personas que los requieren.
En el ámbito de la salud sexual y reproductiva existe una gran preocupación. La política conocida como ‘gag rule’ (conocida como ley mordaza) no permite que los fondos provenientes de los Estados Unidos para atender a la población migrante venezolana se inviertan en actividades de planificación familiar, incluidos servicios de anticoncepción, aborto seguro y en el asesoramiento a mujeres sobre cuestiones reproductivas.
Esto resulta particularmente grave porque el 68% de los recursos totales destinados en 2019 para la crisis migratoria venezolana proceden de Estados Unidos, lo que en la práctica se traduce en una barrera infranqueable para las organizaciones que prestan estos servicios que son altamente demandados por las mujeres migrantes venezolanas. En los proyectos de MSF en los departamentos fronterizos, por ejemplo, aproximadamente una de cada cinco consultas está relacionada con este tema.
Por todo ello, urge un mayor compromiso de la comunidad internacional para atender esta crisis. Estamos frente a un éxodo de más de 4,7 millones de personas de las que una tercera parte se ha asentado en un país que no tiene las condiciones para responder de la manera adecuada. Es urgente dejar de minimizar el sufrimiento de los migrantes venezolanos y, al contrario, exigir una mayor financiación sin condiciones que permita una respuesta estable y coherente a la altura de la magnitud de la situación.
Con información de El Espectador
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