Tres ONG pidieron medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el migrante venezolano Miguel Ángel Calderón Quintero, del que dicen Colombia expulsa por considerarlo «un espía».
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la ONG Dejusticia y la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes solicitaron las medidas «para que se proteja el derecho a la integridad personal, la protección a la familia y la identidad de la niñez» de la esposa e hija de Calderón detenido el pasado 22 de noviembre en Bogotá.
«La medida de expulsión impuesta a Miguel por parte de Colombia conlleva un rompimiento a la unidad familiar y tiene un efecto directo en el desarrollo de su hija de seis años», dijo el director del programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Cejil, Francisco Quintana, citado en un comunicado de su despacho.
Según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia, el venezolano fue detenido «de manera arbitraria» por la Policía colombiana tras grabar un video de una vía pública en el que asegura que está frente a la «residencia familiar» del presidente colombiano, Iván Duque.
RESPUESTA DE LA CIDH
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) de la CIDH señaló que recibió «información sobre posibles irregularidades en deportaciones recientes de ciudadanos» venezolanos en Colombia, por lo cual instó al Estado a garantizar los derechos al debido proceso y el acceso a la justicia «sin ningún tipo de discriminación».
«La migración de personas de Venezuela tiene un alcance transfronterizo y, como tal, requiere de una respuesta regional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos», afirmó la CIDH en Twitter.
EXPULSIÓN
Las ONG agregaron que Calderón «será trasladado a Cúcuta en un vuelo» a las 17.00 hora local (22.00 GMT) y por ese paso fronterizo, el principal de Colombia con Venezuela, será expulsado a su país.
«Solicitamos a las autoridades colombianas, en particular a Migración Colombia, que se abstengan de adelantar la expulsión programada para hoy y garanticen los derechos del señor Calderón al debido proceso y la unidad familiar de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y las obligaciones establecidas en los tratados internacionales», manifestó Lucía Ramírez, coordinadora del área de migración de Dejusticia.
Las tres organizaciones aseguran que Calderón, quien reside desde 2016 en Colombia donde trabaja como repartidor y tiene el Permiso Especial de Permanencia (PEP), fue acusado «sin sustento alguno de presentar un riesgo para la seguridad nacional» durante las manifestaciones contra el Gobierno de Duque.
RESPUESTA ESTATAL
Migración Colombia señaló en un comunicado que expulsó a Calderón luego de que un juzgado del país negara una acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por Mariu Esther Villalobos Contreras, en representación del venezolano, al «no encontrar vulneración a los derechos fundamentales alegados».
«Es importante recordar que, en su momento, Migración Colombia, respetuosa de las decisiones de nuestros jueces, acató la resolución proferida por la Juez 63 que ordenaba la suspensión temporal de la medida de expulsión, mientras se emitía un fallo de fondo», agregó la entidad.
En una resolución emitida por la Regional Andina de la autoridad migratoria se decidió que Calderón no podrá ingresar al país en los próximos cinco años.
PRECEDENTES
El 25 de noviembre pasado, las autoridades colombianas expulsaron a 59 venezolanos, a los que acusaron de realizar actividades que afectan «el orden público y la seguridad ciudadana» en Bogotá durante las protestas contra el Gobierno.
Nueve días antes Migración Colombia expulsó a seis venezolanos, dos mujeres y cuatro hombres, acusados de estar en el país «realizando actividades que afectarían el orden público y la seguridad ciudadana».
De acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis económica, de los cuales al menos 1,4 millones han llegado a Colombia.
Hace un mes, Migración Colombia también expulsó a otros siete extranjeros acusados de estar en el país para infiltrar las protestas con el fin de alterar el orden público.
Con información de EFE
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