La profunda crisis económica, política y social que vive Venezuela ha provocado en los últimos años la salida del país de millones de personas.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el número de migrantes de Venezuela alcanzó 4,6 millones de personas en noviembre de 2019, de los cuales unos 3,8 millones se han asentado en América Latina y el Caribe, principalmente a Colombia, Perú y Ecuador.
Si el éxodo venezolano se mantiene al mismo ritmo que hasta ahora, podría alcanzar una cifra de diez millones de personas en 2023 y podría llegar a superar a la crisis migratoria de Siria en 2010.
Integrar a los refugiados venezolanos supone a corto plazo un reto económico considerable para los países de acogida; sin embargo, a medio y largo plazo podría impulsar su crecimiento.
Un cálculo elaborado recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que la migración venezolana podría aumentar entre un 0,1% y un 0,3% el Producto Interior Bruto (PIB) de los países de acogida en el periodo 2017-2030 (ver gráfico). Colombia sería el país más beneficiado, por ser el que más refugiados ha acogido dentro de sus fronteras.
«La adopción de políticas, por ejemplo, de apoyo a la educación y a la integración en la fuerza de trabajo, podría ayudar a los migrantes a encontrar empleos mejor remunerados y, en última instancia, a mejorar las perspectivas de crecimiento de los países que los reciben», explica el FMI en su estudio.
Los autores del informe destacan el hecho de que muchos migrantes venezolanos tengan «calificaciones y niveles de educación relativamente altos» como factor positivo para la integración y añaden que «el impacto sobre el crecimiento podría ser mayor y más inmediato si los migrantes encuentran trabajos acorde con su nivel de educación».
En el corto plazo, sin embargo, la enorme afluencia de inmigrantes supone un incremento del gasto que los países de acogida tienen que saber gestionar. «Las naciones receptoras están proporcionando un valioso apoyo a los migrantes en los ámbitos de ayuda humanitaria, atención básica de la salud, educación, convalidación de títulos educativos y búsqueda de empleo», explica el FMI.
La prestación de esos servicios elevará el gasto de los países receptores entre un 0,1% del PIB (en Chile) hasta un 0,6% (Colombia). El organismo multilateral advierte de que un reto clave para las autoridades de la región es cómo manejar la transición en momentos en que sus economías se han desacelerado y muchos países necesitan reducir su déficit fiscal.
A nivel multilateral, el FMI insta a la comunidad internacional a canalizar ayudas para que los países de acogida puedan costear la asistencia a los migrantes. Insta, también, a que la situación sea analizada con un enfoque más regional, ya que «las medidas que los países adopten individualmente para hacer frente a la migración , tales como la imposición de restricciones fronterizas, pueden complicar la situación para otros socios».
El FMI recuerda que, desde que se inició la crisis, las condiciones de vida de los 31 millones de habitantes de Venezuela se han deteriorado gravemente. «La extrema pobreza aumentó desde el 10% de la población en 2014 hasta el 85% en 2018», señala el organismo multilateral.
La actividad económica del país se ha desplomado un 65% entre 2013 y 2019 «como consecuencia de la aguda caída de la producción petrolera, el deterioro de las condiciones en otros sectores y los cortes de electricidad». A ello se ha sumado la hiperinflación, que se mantiene desenfrenada, con alzas de un 100% al mes.
Con información del diario Expansión
