Organizaciones de atención a migrantes aseguran que se les negó el debido proceso a los venezolanos deportados en la mañana de este lunes, por presuntamente participar en actos vandálicos el pasado viernes 22 de noviembre, durante las protestas del paro nacional.
En medio de las manifestaciones del paro nacional, las autoridades aseguran que ciudadanos de origen venezolano participaron en los desórdenes y saqueos ocurridos en diferentes localidades de Bogotá el pasado 22 de noviembre. No se tenía mayor claridad sobre estas personas hasta que, en la mañana de este lunes, la Policía Metropolitana de Bogotá y Migración Colombia anunciaron que 59 extranjeros fueron expulsados del país por su participación en presuntos actos de vandalismo durante las protestas.
Sin embargo, diferentes organizaciones de atención a migrantes denunciaron lo que serían múltiples irregularidades en el proceso de deportación de estas personas nacidas en Venezuela.
Entre los denunciantes está la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario. De acuerdo con dicha organización, que asesora a extranjeros en Colombia, a los deportados no se les habría garantizado el debido proceso e incluso se les habría impedido defenderse de los señalamientos de que fueron parte de las acciones vandálicas.
Se pudo hablar con Julián Solórzano, miembro de este consultorio jurídico, sobre la situación de las personas deportadas y de las presuntas irregularidades que se habrían cometido en su expulsión del país.
¿Han reportado arbitrariedades en la expulsión de venezolanos?
En este momento estamos trabajando de la mano con esta población migrante que está siendo deportada sin permitirles ningún tipo de asistencia legal o abogado, como lo dispone la ley. Aparte de eso, estas personas están incomunicadas y están siendo deportadas notificándolas con un simple acto de expulsión del país. Están siendo arbitrarios y no les están permitiendo que accedan a su derecho a la defensa.
¿Qué casos han reportado en los últimos días con el paro?
Lo que se ha reportado últimamente con el paro son casos en los que, según la autoridad migratoria, venezolanos fueron encontrados cometiendo presuntos actos vandálicos. El problema es que a estas personas se les está deteniendo ilegalmente y no se les está permitiendo el acceso a ningún tipo de abogado. Además, se les está expulsando del país sin siquiera notificarles los crímenes por los que supuestamente están siendo deportados.
¿Qué respuesta les ha dado Migración Colombia frente a estas expulsiones?
No nos han dado ningún tipo de información. Se excusan en que la Policía Nacional es la que está en control de las medidas y ellos solo están ejecutando la deportación. Ellos nos dicen que cualquier extranjero que quebrante la ley está expuesto a ser deportado, lo cual es cierto, pero tiene que seguirse un conducto regular.
¿Se les está negando la defensa a estas personas?
Precisamente eso es lo que estamos denunciando. No se les permitió acceder a ningún tipo de abogados, ni a ninguna llamada. Es más, no les dijeron a las familias que los iban a deportar, sino que los montaron en unos buses para llevarlos a Catam y de allí a Puerto Inírida para llevarlos hasta la frontera. Ni siquiera los están dejando en puntos fronterizos, sino que los están dejando a lugares desolados.
¿Qué recursos caben en esta situación para las personas deportadas?
Cuando uno va a hacer deportado se puede interponer un recurso de reposición y el de apelación, recursos a los que debe tener acceso cualquier persona, independientemente si han cometido un delito o no. Pero a ellos no se lo permitieron.
Cristian Kruguer en rueda de prensa esta mañana aseguró que no cabe ningún recurso administrativo en este tipo de decisiones…
No hemos tenido contacto con el señor Kruguer, hemos tenido contacto con los funcionarios de Migración Colombia que estaban en lo que se conoce como la UPJ de Puente Aranda. Además de estas circunstancias, no hemos podido tener acompañamiento de los directivos de Migración Colombia. Hemos solicitado un acompañamiento de la Personería, pero hasta el momento ha sido algo que está saliendo sobre la marcha. Me dicen que hay alrededor de 200 venezolanos en este sitio que no tienen ninguna idea de por qué los tienen detenidos. Solo se le está notificando de un acto de expulsión y no se les está notificando de nada más.
¿Estamos hablando de 200 venezolanos?
Estamos hablando alrededor de 200 venezolanos, pero estos números son variables porque ya han ido deportando algunos y han ido ingresando unos nuevos. Si se descuentan los que fueron deportados hoy habrían 140, pero como han ido ingresando nuevas personas el número se mantiene. Más o menos esa es la cifra
¿Qué puede hacer una persona que ya fue deportada y como sanción no puede entrar por los próximos 10 años al país?
Hay varios mecanismos de defensa en la vía contenciosa administrativa y buscan dejar sin validez la deportación y que, como medida cautelar, se suspenda los efectos de la expulsión. Pero, como la vía administrativa es un poco paquidérmica frente a estos temas, lo que se interpone es una acción de tutela para solicitar la nulidad completa de este acto administrativo, obviamente bajo unas circunstancias específicas que el Consejo de Estado ha señalado. Como última medida en estas circunstancias, para los que todavía están en el país, estamos interponiendo habeas corpus para que puedan ser liberados.
¿Qué pasará ahora?
Lo que viene es muchísimo trabajo. Desde el consultorio estamos trabajando como podemos para interponer estos habeas corpus y estamos esperando que la institucionalidad actúe debidamente. Nosotros no estamos a favor o en contra de alguien, solo esperamos que a estos extranjeros se les garanticen sus derechos humanos.
Fuente: El Espectador
Nota relacionada:
