Una nueva normativa del gobierno chileno entró en rigor esta semana, la cual aplica para los migrantes de Venezuela. Y es que desde el martes 5 de noviembre quienes estén realizando el trámite de visa de residencia podrán pedir permiso para dejar el territorio nacional.
El gobierno de Sebastián Piñera, que desde hace más de veinte días enfrenta protestas sin tregua, dispuso normas en materia migratoria formalizadas a través de la circular Nro. 29 bajo el argumento de “agilizar el proceso de solicitud de salida” a extranjeros que solicitan visa.
Sin embargo, a menos de 72 horas de iniciada, la medida ya presenta serios tropiezos. Pues la plataforma digital donde los interesados podrían realizar el trámite vía electrónica, rellenar el formulario y consignar documentos, no está en línea: https://tramites.extrajeria.gob.cl/
Documentación exigida incluye:
- Comprobante electrónico de solicitud de residencia, o comprobante de correo de envío de la solicitud
- Pasajes donde conste el lugar de destino
- Carta que explique los motivos de la petición
El gobierno de Sebastián Piñera también estableció plazos: la solicitud debe ser efectuada con un mínimo de cinco (05) días hábiles o un máximo de veinte (20) días antes del viaje.
Según informó el Departamento de Extranjería y Migración de Chile, a los postulantes les llegará un correo electrónico con la confirmación de envío. No obstante, se advirtió desde la Cancillería que esta se reserva el derecho de aprobar o rechazar la “acogida del trámite”, lo que sin embargo no repercutirá en el proceso de solicitud de residencia.
De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población de inmigrantes se ubicó sobre 1.251.221 personas, un registro actualizado hasta el 31 de diciembre del año 2018. Pero además confirma que los extranjeros que lideran ese número son los venezolanos.
En la actualidad, unos 400 mil ciudadanos de Venezuela viven en Chile, según la base de datos del gobierno nacional y el Departamento de Extranjería, un listado que encabezaban hasta hace poco los peruanos; paradójicamente, la nación que registra mayores denuncias de xenofobia.
En la última década, la diáspora venezolana creció de manera exponencial debido a la crisis humanitaria compleja que afronta la nación sudamericana.
Apoyo mundial a los migrantes
El anuncio de nuevas medidas ocurre poco después de la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la Crisis de Refugiados y Migrantes de Venezuela que se realizó en Bruselas los días 28 y 29 de octubre de 2019, cuando se envió un mensaje de apoyo a refugiados y migrantes; así como a sus países y comunidades de acogida.
La cita internacional se enfocó no sólo en la atención de los miles de migrantes criollos, sino en la urgente necesidad de evitar los cada vez más altos brotes de xenofobia,
Bajo el auspicio de la Unión Europea (UE), la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se analizaron las buenas prácticas de algunos países de acogida; además de resaltar la importancia de brindar una “respuesta regional coordinada” de forma inclusiva y con solidaridad; una meta que sigue luciendo utópica y poco realista.
En total acudieron más de cien delegaciones, incluidos los entes de la Unión Europea y los Estados miembros; representantes de países de América Latina y del Caribe, agencias de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y voceros de instituciones financieras internacionales.
Sin embargo, también apoyaron el “derecho soberano de los Estados para gestionar sus fronteras”, algo que en la práctica implica cambios inesperados en la normativa; amén de las acciones que lejos de brindar acogida, apuntan a cerrar las puertas a los venezolanos.
La migración como negocio
Aunque de momento sólo en el papel, la posición conjunta expresó rechazo a los actos de odio, intolerancia y xenofobia; señaló igualmente que aún cuando ocurran “de forma aislada” o “parezcan tener una importancia menor”, necesitan ser “rechazados con firmeza”.
Los participantes ratificaron el rol de la Plataforma Regional de Coordinación liderada por el ACNUR y la OIM, como un mecanismo válido de coordinación que ayude a dar respuesta a la severa crisis de refugiados y migrantes de Venezuela.
En 2020 está previsto la realización de una reunión del “Grupo de Amigos del Proceso de Quito”, bajo la coordinación de la Unión Europea. La actividad apuntaría a consolidar un proceso permanente “para movilizar fondos sustanciales adicionales”, lo que hasta la fecha sigue siendo en el terreno la principal preocupación de los países presuntamente afectados.
Fuente: Aleteia
