Arauca, con más de 256 mil habitantes, es un punto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Gran parte de los migrantes que están llegando a esta zona del país están en condición de irregularidad, dificultando el acceso a temas como salud y trabajo. Es por eso que autoridades y habitantes aseguran que se vive una verdadera crisis social y piden mayor atención por parte del Estado.
Los más de 300 kilómetros de extensión del río Arauca separan a este departamento de Venezuela. En una región en donde la violencia ha estado presente históricamente, lo normal era que los pobladores tuvieran que salir desplazados a otros departamentos, pero desde el año 2015 ha enfrentado la crisis económica, política y social que se vive en el vecino país.
Se estima que en la actualidad hay 42mil 890 migrantes en Arauca, ciudadanos que están llegando a un departamento, cuyos habitantes denuncian graves falencias en temas de salud, educación y trabajo.
Es por ello que el panorama de migración en este departamento es preocupante, el Gobierno lo reconoce, después de Maicao y Villa del Rosario, Arauca es el tercer punto más crítico del país para la migración venezolana.
El padre Deisson Mariño Gómez, defensor del Pueblo regional de Arauca, recordó que esta región del país tiene el mayor número de alertas tempranas, con una verdadera crisis social en donde no hay cómo ofrecerles a los venezolanos unas mejores condiciones de vida.
“Los venezolanos qué piden cuando llegan acá, empleo. Ellos llegan diciendo: -por favor déjenos trabajar. Pero si ustedes revisan Arauca tiene una tasa de desempleo el doble y un poco más del nivel nacional. Por ejemplo, si el nivel nacional está entre el 10 y el 11 por ciento, en Arauca está entre el 24 y 25 por ciento, es decir no hay posibilidades”, señala el Defensor del Pueblo regional.
Según la Defensoría, Arauca es una frontera marginal con una gran fragilidad de atención por parte del estado, situación que se ha intensificado por la falta de respuestas ante la llegada de migrantes, acrecentando los problemas que sufre la región.
“El estado colombiano y sus instituciones locales no han podido dar respuesta efectiva a las necesidades de la población migrante. La respuesta que se ha dado es más una respuesta de la cooperación internacional, pero estas medidas son de emergencia”, afirmó el padre Deisson Mariño.
El desbordamiento que ha tenido la llegada de ciudadanos venezolanos a este departamento, tiene una explicación. El Puente Internacional José Antonio Páez, que separa a Arauca con El Amparo en Venezuela, es el único paso legal. Diariamente, según Migración Colombia cerca de 2 mil personas llegan por este corredor, pero se tienen 24 pasos irregulares, en donde cada día pueden llegar hasta 12 mil venezolanos, muchos de ellos llegan para quedarse, otros vienen a Colombia durante el día y luego regresan a Venezuela, esto se conoce como población pendular.
Foto: Nataly Ramírez.
Según Migración Colombia, con corte al mes de junio hay 1.408.055 venezolanos en Colombia, de esa cifra 665 mil 665 se encuentran irregulares, esa irregularidad o falta de papeles impide por ejemplo, que los ciudadanos venezolanos puedan tener un trabajo con todas las prestaciones sociales. Una limitante similar en temas de salud, en donde solo está autorizada una atención de urgencias, vacunación y partos.
La enfermedad de un sistema de salud
Una joven venezolana que pidió reserva de su identidad, a quien llamaremos ‘Ximena’, llevaba un año viviendo en Arauca trabajando como manicurista, estando en Colombia quedó en embarazo, una gestación que desde el principio fue clasificada como de alto riesgo.
Ximena al igual que miles de venezolanos estaba en Colombia en condición de irregularidad y por tanto no estaba afiliada a una EPS. Pero su atención era prioritaria y por ello acudió a un derecho de tutela, para ser atendida en el Hospital San Vicente, entidad de segundo nivel ubicado en la capital, aún así denunció que no fue atendida en los tiempos adecuados.
“Yo duré dos meses que no vi control, sabiendo ellos que yo tenía la tutela, yo les decía: -pero necesito controles de cada 15 días, porque mi embarazo es muy complicado. Me embolataron diciendo que no habían pagado y así pase sin los controles necesarios”, indica.
Esta migrante denunció que nunca estuvo en el hospital en un tratamiento adecuado. Desde la semana 25 de embarazo fue hospitalizada porque empezó a tener nuevas complicaciones, pero el lugar no contaba con los especialistas para ser tratada y por ello se pidió una remisión a otro centro de mayor complejidad, tampoco pasó nada, por el contrario, aseguró que además de una falta de atención, fue víctima de discriminación.
“Todos los días en la mañana los ginecólogos que pasaban me decían, entiende que tú eres migrante venezolana y a ti nunca te va a salir la remisión, te vas a terminar muriendo acá con tu hija, tienes que entender que como migrante nosotros no podemos hacer nada”, relata.
Al ver que pasaban los días y no salía la remisión, mientras que la su salud y la de su bebé se deterioraba más, tomó la decisión de devolverse para Venezuela, asumiendo el riesgo-. Además, según ella, los mismos médicos le decían que lo mejor era que se devolviera a su país.
En Venezuela fue recibida y el día 9 de junio, con 28 semanas de gestación, su bebé nació con un pronóstico muy desfavorable, era una bebé aún muy prematura, además, al parecer tenía una infección.
Ximena aseguró que luego de estar 10 días en la UCI, su hija falleció. Según su testimonio, si su bebé hubiese sido atendida en Colombia, no hubiese muerto.
“Si a mí y a mi niña nos hubieran atendido a tiempo, hoy ella estaría viva. Solo espero que mi historia sirva para que no se mueran más niños por esta crisis, nosotros estamos llegando a Colombia porque en Venezuela no hay oportunidades, sé que hay personas que han hecho mal, pero somos más los buenos”.
¿Qué responde el hospital?
Buscando respuestas sobre estos hechos puntuales, los directivos del hospital de Arauca, reconocen un desbordamiento en la capacidad de atención. Las estadísticas que manejan son las siguientes:
En el año 2016, hubo 46 atenciones de migrantes.
En el año 2017, hubo 348 atenciones en migrantes.
En el año 2018, hubo 2.083 atenciones en migrantes.
En lo corrido de este 2019, van 3 mil 235 atenciones en migrantes.
Este es un hospital de segundo nivel que en la actualidad tiene un déficit presupuestal cercano a los 24 mil millones de pesos. Jesús Enrique Ballesteros, director encargado del Hospital San Vicente, aseguró que en temas de apoyo para la atención a migrantes se han sentido abandonados por parte del Estado.
Por ejemplo, cuando un migrante no está regularizado, solo puede tener una atención primaria en salud, pero si no tienen ningún documento a los hospitales no les pagan esos pacientes.
“Eso es lo que nos pasa a nosotros, siempre damos la atención inicial, pero en la gran mayoría de casos no hay ningún documento de identificación, por cada 10 pacientes, 8 no tienen ninguna identificación, son recursos que a nosotros no nos van a llegar”, asegura el director del centro asistencial.
Cáncer, Sida, pediatría y obstetricia son los casos por los que más consultan los refugiados, los profesionales de la salud aseguran que en Arauca hay sobrecupo en el área de urgencias de más del 30 por ciento, además sobre el tema de las atenciones destacan las malas condiciones de salud en las que llegan algunos pacientes.
Los profesionales de la salud del hospital de Arauca niegan barreras en atención, frente a la sugerencia de que se devuelvan a su país, aseguran que se deben reconocer las difíciles condiciones del sistema de salud.
“A nosotros nos llegan pacientes con derechos de tutela para ser remitidos, pero por la experiencia en otros casos nos damos cuenta que esos traslados no van a salir, es ahí cuando sugerimos amablemente que quizá pueden recibir una mejor atención si se devuelven a Venezuela, no lo hacemos como un gesto de rechazo, sino porque sabemos que, si permanecen en Colombia, recibir atención cuando no estás regularizado, no es fácil”, indicó el funcionario Jesús Enrique Ballesteros.
Frente a las denuncias de xenofobia, desde el hospital negaron que se hayan presentado situaciones de este tipo, por el contrario, afirman que siempre están dispuestos a atender a todos los pacientes.
Foto: Nataly Ramírez.
El Gobierno reconoce una crisis fronteriza en Arauca
Sobre estas denuncias en temas de salud, Felipe Muñoz, gerente de Frontera, reiteró que la atención de los migrantes ha desbordado la capacidad de atención en el país, por ello las atenciones de salud seguirán manteniéndose en vacunación, pediatría y partos.
“Atender de manera clara el proceso migratorio le cuesta al país 1.5 billones de dólares al año y se han recibido en cooperación internacional en los últimos 2 años son 150 millones de dólares al año”, aseguró el funcionario.
Sobre la posibilidad de tener una regularización más prolongada de migrantes venezolanos, desde el Gobierno recordó que regularizar a un venezolano le cuesta muchos recursos al Estado y que este no cuenta con la capacidad para hacerlo, sin embargo, se anunció que pronto se tendrán nuevos Permisos Especiales de Permanencia (PEP).
“Se tendrá en los próximos meses un PEP para venezolanos que estén trabajando en el país, entonces básicamente un venezolano se podrá regularizar si se demuestra que está trabajando, eso ayudará mucho en temas de informalidad. También tendremos un PEP para estudiantes. el anuncio se hará próximamente y estamos trabajando con varias instituciones para ello”, explicó Muñoz.
El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- De Justicia, lleva varios años haciendo un análisis a la situación de migraciones en el país, para esta organización uno de los primeros aspectos que debe tomar en cuenta el Gobierno es que la migración venezolana no es algo de corto tiempo.
“Es muy importante que se establezcan rutas de regularización para las personas, independientemente de la documentación que puedan traer, así tengan o no tengan pasaporte, sin importar cuánto tiempo lleven aquí, porque si no permitimos que puedan incluirse a nuestra sociedad, no podrán acceder efectivamente al sistema de salud, trabajo, educación”, asegura Lucía Ramírez, coordinadora de Migración y Venezuela de De-Justicia.
Esta organización ha planteado algunos interrogantes sobre la forma como el Gobierno está regularizando a los ciudadanos venezolanos, a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP), sostienen que para mejorar la crisis es fundamental que el Gobierno esta estrategia.
Con información de Radio Nacional. co
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