La ONU recomendó a las autoridades colombianas «una lucha efectiva» contra la impunidad en el caso de la muerte de siete campesinos ocurrida en 2017, y por asesinatos de miembros de comunidades indígenas en el suroeste del país.
«En ambos casos recomendamos respetuosamente una lucha efectiva contra la impunidad y redoblar los esfuerzos para superar las causas estructurales que originan la violencia buscando prevenir nuevos homicidios», dijo en un comunicado la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Al referirse a la masacre que el 5 de octubre de 2017 dejó siete muertos y 22 heridos en el caserío de El Tandil, en el departamento de Nariño, la Oficina asegura que dos años después «las víctimas y los familiares siguen esperando que se garantice su derecho a la justicia».
La masacre de El Tandil, un caserío que hace parte de Tumaco (Nariño), donde se ha recrudecido el conflicto armado interno que se creía terminado con la firma del acuerdo de paz de noviembre de 2016, ocurrió cuando campesinos que protestaban contra la erradicación forzada de cultivos ilícitos fueron atacados presuntamente por la Policía.
La Oficina de la ONU agrega
en su comunicado que «pese a las acciones impulsadas por las autoridades y
a la complejidad del caso, dos años después de ocurrida la masacre, aún
persisten desafíos para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a
la reparación de las víctimas y sus familiares».
El
organismo internacional subraya que «a la fecha, los resultados de las
investigaciones son exiguos».
Sobre
la situación que se vive en el vecino y convulso departamento del Cauca, la
Oficina señala que pese a los esfuerzos de las autoridades estatales, se han
intensificado las agresiones en contra de los integrantes de los pueblos
indígenas de esta parte del país.
«Los
ataques incluyen homicidios, amenazas, individuales y colectivas, y atentados
que se han extendido sobre la zona de Tierra Adentro», puntualiza.
Recuerda
que en septiembre y en lo que va de octubre, la Oficina recogió
«información sobre el homicidio de nueve integrantes de los pueblos
indígenas del Cauca», entre ellos dos integrantes de la guardia indígena,
un líder juvenil y cinco comuneros.
También
asegura que en ese tiempo hubo un atentado contra un exgobernador indígena y
amenazas individuales y colectivas contra guardias y líderes que han sido
declarados «objetivo militar».
«Este
conjunto de afectaciones, individuales y colectivas, socavan la pervivencia
física y cultural de los pueblos indígenas», añade la información.
Por
todo ello, la Oficina de la ONU urgió al Gobierno a que tome medidas que
garanticen la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y
cultural de los pueblos indígenas en condiciones de dignidad y seguridad en sus
territorios.
Con información de EFE
