El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, aseguró este jueves que la reciente activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), no busca «de ninguna manera» una acción militar contra Venezuela.
La invocación del tratado, que no ocurría desde 2001, busca «acudir a todas las acciones políticas y diplomáticas» previstas en «para continuar creando condiciones que conduzcan a un cambio democrático en Venezuela», afirmó Holmes en una entrevista en Madrid.
Preguntado sobre si la invocación del TIAR acordada por doce países latinoamericanos, el pasado día 11 y a petición del líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó tiene como objetivo algún tipo de acción militar, Holmes respondió tajante: «no, de ninguna manera».
También reiteró el objetivo del presidente de su país, Iván Duque, de presentar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas «todas las evidencias» en poder del Gobierno de Bogotá sobre lo que considera el «vínculo» del Ejecutivo venezolano de Nicolás Maduro «con organizaciones narcoterroristas colombianas».
«Colombia tiene evidencias, y esas evidencias, además de lo que ya hemos hecho público, serán puestas en conocimiento de la comunidad internacional» por Duque en la Asamblea General y «en defensa de nuestro interés nacional», insistió.
En una conferencia previa, el canciller insistió en van a continuar el «proceso» para poner fin a lo que definió como «el régimen» venezolano de Nicolás Maduro, creando las condiciones políticas junto con el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros actores internacionales.
En este sentido, señaló en la entrevista que «las conversaciones con Cuba (sobre la crisis de Venezuela) las adelantan otros miembros del Grupo de Lima, no Colombia».
Holmes Trujillo se mostró tranquilo acerca de la denuncia por injuria y calumnia presentada en su contra por el partido político FARC – sucesor político de la guerrilla que desapareció tras los acuerdos de paz de 2018 – por acusar a algunos de sus dirigentes se reunieron en Venezuela de forma clandestina con agentes venezolanos.
En este sentido, señaló que «vamos a comparecer» ante las autoridades judiciales cuando se le requiera y, cuando lo haga, «pondré en manos de esas autoridades todos los documentos y datos» que utilizó para realizar esa denuncia, la pasada semana, ante el Consejo Permanente de la OEA.
El canciller Holmes aseguró que el anuncio del exdirigente de las FARC «Iván Márquez» de que volvía a la lucha armada no afectará al cumplimiento de los acuerdos de paz. Según él, lo que Márquez y «Jesús Santrich» han creado «es un nuevo grupo narcoterrorista, no una nueva guerrilla».
También afirmó que su Gobierno «no» ha tenido ningún tipo de contacto con Cuba sobre Márquez, quien fue uno de los representantes de las FARC en los diálogos de La Habana que desembocaron en los acuerdos de paz de 2016.
«Lo que le hemos pedido al Gobierno cubano es que entregue a los criminales confesos del ELN (la guerrilla colombiana que sigue activa) que tiene en su territorio», precisó, y recordó que contra ellos hay circulares rojas de Interpol y solicitudes de extradición de jueces colombianos.
El canciller colombiano reconoció el apoyo español, y de la Unión Europea, a la «crisis migratoria» por la llegada masiva de refugiados venezolanos a su país, que son ya 1,4 millones, con unas previsiones de que podrían alcanzar los 2,8 millones a finales del año próximo.
Recordó que la comunidad internacional solo ha aportado 280 millones de dólares de los 740 millones solicitados por Acnur y la Agencia Internacional para las Migraciones y consideró que, si se detiene el éxodo venezolano (cuatro millones) se hubieran destinado los mismos fondos en proporción que a los refugiados de la guerra civil siria, la cifra habría alcanzado los 7.000 millones de dólares.
También valoró que el ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, vaya a convertirse en el próximo responsable de política exterior de la Unión Europea.
En su reunión con ejecutivos empresariales, destacó el alto ritmo crecimiento de la economía de su país y el elevado nivel de protección jurídica a las empresas extranjeras que garantiza su Gobierno.
Con información de EFE
