La probabilidad de que en definitiva exista un Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los venezolanos en Estados Unidos es aún dudosa pues no hay que olvidar la rígida política migratoria que ha instrumentado el presidente Donald Trump, desde que asumió en el 2017.
De hecho, ha buscado disolver este beneficio en vigor, entre otros, para los inmigrantes de países centroamericanos, especialmente Nicaragua, El Salvador y Honduras y Haití. Por lo que la concesión de un TPS para Venezuela supondría una ruptura en la línea migratoria que ha seguido hasta ahora.
Y es que ya hay encima de los escritorios del Congreso una legislación bipartidista que permitiría a los venezolanos en Estados Unidos solicitar el Estatuto de Protección Temporal (TPS), la cual impide su deportación y les autoriza a pedir un permiso de trabajo y viaje, fue aprobado a finales de mayo del corriente año en un comité del Congreso
El proyecto de “Ley TPS de Venezuela de 2019” recibió hace casi dos meses la luz verde del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, según indicaron el demócrata Darren Soto y el republicano Mario Díaz-Balart, ambos representantes de Florida, lugar que aglomera la mayor cantidad de venezolanos residentes en Estados Unidos.
El escape
Establecido en 1990 con fines humanitarios, el TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga el gobierno de Estados Unidos a extranjeros que se encuentren en su territorio y que por desastres naturales o conflictos armados no puedan volver de manera segura a su país de origen.
¿Qué es el TPS?
El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo de protección a personas cuyas probabilidades de supervivencia en su país de origen se ven seriamente limitadas o amenazadas si deciden regresar.
A diferencia del asilo, que brinda protección permanente, el Estatus de Protección Temporal no exige que una persona reúna los requisitos para la condición de refugiada, o que solicite ese beneficio, basándose en un temor fundado de ser perseguida. El TPS, por el contrario, toma en cuenta condiciones generales que vulneran los derechos humanos como fundamento para la protección.
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