EL VENEZOLANO COLOMBIA
Un memorando clasificado, divulgado este lunes, expone que las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos no respaldan las acusaciones realizadas por Donald Trump sobre la supuesta conexión entre el Tren de Aragua (TDA) y el régimen de Nicolás Maduro.
Esta afirmación fue la base para justificar la expulsión de más de 200 venezolanos hacia una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Una ley antigua aplicada con fines actuales
La deportación de 238 ciudadanos venezolanos se llevó a cabo a finales de marzo bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA), promulgada en 1798. Esta norma, concebida para situaciones bélicas, rara vez ha sido utilizada en el siglo XXI.
Trump apeló a ella al afirmar que los migrantes pertenecían a una “organización terrorista extranjera”, sin mostrar evidencia pública que sostuviera dicha acusación.
Desvinculan al régimen de Maduro del Tren de Aragua
El documento, fechado el 7 de abril por el Consejo Nacional de Inteligencia, señala que aunque el contexto en Venezuela facilita la expansión del Tren de Aragua, no existen pruebas que indiquen que el Ejecutivo venezolano colabore directamente con la agrupación delictiva.
“No hay indicios de coordinación ni control desde Caracas sobre las operaciones de esta banda fuera del país”, puntualiza el memorando.
Silencio oficial y controversia legal
Las autoridades estadounidenses no han explicado en detalle cómo determinaron que los migrantes estaban afiliados a dicha organización.
Varios abogados defensores han advertido que las deportaciones se basaron, en muchos casos, en tatuajes y otras señales físicas sin valor probatorio contundente. Familiares de los deportados denuncian arbitrariedad y violaciones al debido proceso.
Investigación y presión política dentro del gobierno
El Departamento de Justicia, tras la filtración inicial reportada por The New York Times, abrió una pesquisa penal sobre la divulgación de información clasificada. El comunicado oficial criticó lo que consideró maniobras internas para minar la agenda presidencial.
Sin embargo, la desclasificación del memorando se dio tras una solicitud de la Fundación para la Libertad de Prensa (FPA), en virtud de la Ley de Libertad de Información.
Migrantes en el limbo legal en tierra extranjera
Actualmente, los deportados se encuentran detenidos en un penal de máxima seguridad en El Salvador, sin cargos formales ni juicios iniciados. El traslado ha sido criticado por organismos de derechos humanos, que señalan la ausencia de pruebas, el uso desproporcionado de una ley obsoleta y la criminalización de migrantes sin antecedentes penales.
La controversia resalta una vez más la tensión entre seguridad nacional y derechos fundamentales, en medio de un clima político polarizado que utiliza la migración como eje discursivo.
