EL VENEZOLANO COLOMBIA
El próximo 31 de diciembre obtendrá el permiso de transporte binacional que permite a los conductores venezolanos operar en la ciudad de Cúcuta. Esta situación ha generado preocupación entre los transportistas de la frontera colombo-venezolana, quienes denuncian costos elevados, desigualdad en las condiciones y la proliferación de prácticas ilegales que afectan su trabajo. Pese a múltiples reuniones entre los gobiernos de ambos países, la problemática persiste y los transportistas urgen soluciones inmediatas.
Un golpe al bolsillo del gremio transportista
Celestino Moreno, representante de los transportistas en la frontera, señaló que la renovación semestral de los permisos es un proceso cada vez más costoso y complicado. El Área Metropolitana de Cúcuta (AMC) exige nuevos requisitos en cada trámite, incrementando las dificultades para prestar el servicio. Según Moreno, esto se ha convertido en un negocio que afecta directamente a los transportistas venezolanos.
Además, se reportó un aumento en las líneas binacionales, pasando de 14 a 17 rutas entre Táchira y Cúcuta, lo que, lejos de aliviar la carga, ha intensificado la competencia entre los operadores.
Desigualdad en la frontera
La falta de condiciones equitativas entre transportistas de ambos países es otro punto de conflicto. Moreno destacó que mientras a los conductores venezolanos se les imponen regulaciones estrictas, los colombianos operan con mayor libertad en territorio venezolano.
El gremio exige que los transportistas colombianos cumplan con los mismos requisitos, como un seguro extraterritorial, revisión tecnomecánica y limitaciones en sus rutas. “Debe existir igualdad para que el malestar no siga creciendo”, enfatizó Moreno, quien también llamó a promover una verdadera vecindad, como en los años anteriores al cierre fronterizo en 2015.
La sombra de la piratería
A la compleja situación se suma el aumento de la piratería durante la temporada navideña. Conductores no autorizados trasladan pasajeros hacia Colombia sin los permisos necesarios, afectando las operaciones de las líneas establecidas. Esta práctica, según los transportistas, es tolerada en algunos puntos, como Villa del Rosario, debido al pago de sobornos a las autoridades locales.
Mauricio Valencia, diputado del Consejo Legislativo estadal, denunció estas irregularidades como una violación a los tratados internacionales que regulan el transporte entre ambos países, incluidos los acuerdos de Tonchalá y Cartagena.
Exigencias y soluciones
Transportistas como Rafael Moreno también exigieron que las autoridades colombianas diseñaran rutas específicas para los taxistas extranjeros y que se cumplieran las mismas normas para todos los operadores en ambos lados de la frontera. Asimismo, destacaron la necesidad de aplicar regulaciones estrictas para combatir la piratería y garantizar la seguridad de los pasajeros.
El vencimiento del permiso binacional exponen una vez más las profundas desigualdades y desafíos que enfrentan los transportistas en la frontera colombo-venezolana. La falta de equidad en las regulaciones, el aumento de costos y la proliferación de prácticas ilegales han generado tensiones que requieren atención inmediata. Mientras los gobiernos de Venezuela y Colombia continúan las conversaciones, los conductores esperan soluciones concretas para trabajar en condiciones justas y sostenibles.
