Por dos años, la corte argentina había escuchado las denuncias de abusos sufridas por ciudadanos venezolanos que se encuentran exiliados en Argentina, y encontró evidencia creíble de que los graves crímenes que el régimen chavista ha cometido por más de dos décadas constituyen “crímenes de lesa humanidad”, un crimen internacional que —bajo el principio de “jurisdicción universal”— puede ser juzgado en cualquier parte del mundo, sin importar la relación del perpetrador con el país donde es juzgado.
El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) debería seguir el ejemplo de la corte federal argentina y pedir a la CPI que emita también respectivas órdenes de arresto, ya que lleva más de dos años investigando al tirano Maduro pero ha demostrado displicencia en el cumplimiento de sus obligaciones.
La evidencia de las gravísimas violaciones de derechos humanos a cargo del régimen chavista —que incluyen ejecuciones extrajudiciales y casos documentados de tortura— ha existido por décadas. Durante los últimos 25 años, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro ha empujado al país hacia el abismo, erosionando la democracia hasta convertir a Venezuela en un país dictatorial, hoy en día gobernado por uno de los regímenes más opresivos de la región.
En una terrible confirmación de la dificultad de expulsar al dictador venezolano pacíficamente a través de los votos (como, por ejemplo, sí fue posible expulsar al dictador chileno Augusto Pinochet en 1988), el pasado 28 de julio Maduro se adjudicó fraudulentamente la victoria frente a lo que fue un triunfo demostrable de la oposición, liderada por María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González, con el 67% de los votos.
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia
La brutalidad de la represión que siguió a las elecciones contra los venezolanos de a pie que se volcaron a las calles para exigir que sus votos sean contados y que se les garantice eso por lo que votaron —una transición pacífica a la democracia— le ha dado otra oportunidad dorada a la CPI para que cumpla su mandato y haga lo correcto.
La Fiscalía de la CPI, con sede en La Haya, que es responsable de investigar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra, abrió en 2018 —a pedido de seis países— una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Maduro, y, en 2021, la CPI, que tiene la responsabilidad de juzgar estos crímenes, oficializó la existencia del caso.
Entonces, ¿qué se está esperando para actuar?
Desde el 29 de julio, más de 2.500 personas han sido arrestadas y al menos 24 asesinadas. Miembros de la oposición como Freddy Superlano, Williams Dávila y María Oropeza han sido víctimas de desapariciones forzadas luego de ser detenidos violenta y arbitrariamente por fuerzas de seguridad y colectivos armados, con extensos períodos de detención incomunicados y sin acceso a sus abogados o familiares, mientras que los referentes opositores Edwin Santos y Jesús Manuel Martínez Medina han sido asesinados por las fuerzas de seguridad del régimen.
Y la lista de líderes opositores detenidos o desaparecidos sigue creciendo, confirmando las constantes amenazas del Ministro del Interior y Justicia de la dictadura, Diosdado Cabello, quien también es blanco junto a Maduro de la orden de detención argentina, y es directo co-responsable de la campaña coordinada de persecución. El presidente electo Edmundo González se convirtió también en uno de los blancos del acoso judicial y las amenazas, lo que lo forzó a salir del país y solicitar asilo en España en septiembre. Machado, por su parte, continúa con la resistencia pacífica dentro de Venezuela, aunque obligada a estar en la clandestinidad, desde donde trabaja para propiciar la legítima toma de posesión del gobierno electo de ella y González, que debería juramentarse en enero de 2025.
Imagen de archivo de integrantes de la Policía Nacional Bolivariana que enfrentan a manifestantes durante una protesta contra de los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas (EFE/Ronald Peña R.)
Estas son solo las últimas muestras de la barbarie del régimen de Caracas.
Desde el 2014, los venezolanos han sufrido al menos tres picos de represión estatal violenta, particularmente en torno a los movimientos de protesta de 2014 y 2017. Combinados, estos episodios han resultado en miles de personas detenidas arbitrariamente y cientos de asesinados. La reducción del espacio cívico y la erosión del disenso y las libertades fundamentales estuvieron acompañadas de graves violaciones y de la persecución de los críticos del régimen. Entre 2013 y 2023, han habido 1.600 casos documentados de torturas y maltratos y más de 10.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas de seguridad.
Estos hechos y cifras muestran solo una parte de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que se ha desarrollado bajo el mando del PSUV, y especialmente desde que Maduro asumió la presidencia en 2013. Pero son suficientes para demostrar claramente que el régimen ha alcanzado el estándar de responsabilidad penal internacional que debe ser juzgada por la CPI.
En su reporte del 2020 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU ya había afirmado que “la misión tiene motivos razonables para creer que en la República Bolivariana de Venezuela se cometieron (…) crímenes de lesa humanidad”. Estamos siendo testigos de lo mismo en 2024.
La CPI está en una posición privilegiada para actuar y así ejercer una presión institucional sobre Maduro y sus cómplices, no solo por lo significativa que sería una orden de arresto para presionar y aislar al régimen, sino también por la relación especial —aunque de cuestionable probidad y eficacia— que Venezuela y la oficina del fiscal han establecido.
Una persona levanta un cartel que exige el fin de la represión en Venezuela (EFE/Carlos Ortega)
En 2021, el fiscal de la CPI Karim Kahn y el régimen firmaron un memorándum de entendimiento para establecer una relación “constructiva” que le permita a Kahn acceder a funcionarios venezolanos, mientras que analiza una denuncia paralela remitida por el propio régimen venezolano contra los estados que le impusieron sanciones económicas. Con el régimen interesado en preservar esta relación, el fiscal está en una posición ventajosa para tomar medidas decisivas.
Si una corte internacional diseñada para condenar el tipo de abusos que están siendo cometidos en Venezuela no hace nada, ¿quién más con ese poder lo hará? Hasta ahora, las acciones adoptadas por la comunidad internacional han hecho poco para detener la violencia y la corrupción del régimen.
La CPI continúa siendo la única institución internacional que no ha sufrido represalias del régimen después de que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU fuera expulsada de Caracas en febrero por criticar a funcionarios, luego de la detención de la activista Rocíó San Miguel.
Por el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y por mantener su propia legitimidad, la CPI debe aprovechar esta oportunidad y no esperar hasta enero de 2025 para emitir una orden de arresto contra Nicolás Maduro. El momento de actuar es ahora y el tiempo se está acabando.
