Este sábado 28 de septiembre se cumplieron dos meses del golpe del estado a la soberanía popular. El fraude perpetuado de forma grotesca y abierta constituye el arribo a la cima de todas las violaciones al orden jurídico y político de nuestra sociedad, al establecimiento definitivo de un sistema autoritario fundado en la fuerza arbitraria de los poderes públicos.
Este asalto a las urnas electorales, en esta ocasión, ha sido documentado y evidenciado de tal forma que el mundo democrático no ha reconocido el anuncio oficial. Los gobiernos y organismos internacionales han cuestionado el fraude y los más indulgentes le han exigido a Nicolás Maduro hacer público el conjunto de actas con las cuales sostiene haber obtenido el triunfo.
Antes de consumar este delito, la cúpula roja, ya había ejecutado otros desconocimientos a la voluntad popular, usando el control político que ejerce sobre los poderes públicos. En esa cadena de fraudes, debidamente documentados, tiene especial significación el desconocimiento al poder legislativo elegido el 6 de diciembre del 2015.
Aquella jornada electoral tomó por sorpresa a la camarilla gobernante que no previó un resultado, donde la sociedad democrática lograría una mayoría calificada de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Esa jornada de votación evidenció la determinación de cambio de nuestra sociedad al lograr la oposición una votación equivalente al 56.21 % de los votos, quedando la coalición gobernante con un 40.92 %.
La primera reacción del PSUV, para iniciar el desconocimiento a la voluntad popular, fue utilizar la sala electoral del TSJ, mediante la presentación de un recurso contencioso electoral con solicitud de amparo cautelar, contra los resultados del estado Amazonas. El 29 de diciembre de ese año presentaron el escrito, y al día siguiente, es decir el 30 de diciembre de ese mismo año 2015, dictan una sentencia interlocutoria, identificada con el N: 260, suspendiendo la totalización proclamación y adjudicación de los diputados del estado Amazonas, por supuestas irregularidades en el proceso de votación.
Solo hubo esa decisión “temporal” que se convirtió en definitiva, porque jamás la sala electoral se pronunció sobre el fondo; nunca decidió si la elección tuvo algún vicio que generara la nulidad de la elección y en consecuencia se convocara una nueva elección para elegir a los representantes de ese estado, dejándolo sin representación legítima es esa legislatura. De esa forma privaron de forma artera, inconstitucional e ilegal, a la oposición democrática de la mayoría calificada de las 2/3 partes, que es la requerida en la Constitución para tomar una serie de decisiones en la conformación de los demás poderes del estado.
Además de esa burda maniobra confiscatoria de la voluntad ciudadana, usando una mayoría que conservaban en la agonizante legislatura elegida en el 2010, asaltaron el TSJ, designando 13 magistrados el día 23 de diciembre del 2015, en total y abierta violación a los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional. Los llamados magistrados “express” se instalaron para reforzar, más adelante, todo el proceso de desconocimiento a la nueva Asamblea Nacional, cuyas funciones se iniciaron el 5 de enero del 2016.
Seis días después, es decir el 11 de enero del 2016, ese Tribunal Supremo, constituido por magistrados ilegítimamente designados, dictan la segunda sentencia contra la nueva Asamblea, declarando a dicho poder “en desacato”. La historia del derecho constitucional venezolano no había conocido, hasta ese momento, una aberración jurídica e institucional como la que allí se planteó.
En los meses sucesivos la sala constitucional del TSJ se dedicó a desconocer prácticamente todas las atribuciones del órgano legislativo del poder público, dictando entre en enero y marzo un conjunto de sentencias llegando al extremo de dictar el 29 de marzo de 2017, la sentencia 156 mediante la cual dicho órgano judicial asumió las competencias parlamentarias de forma directa o por el órgano que ella disponga, supuestamente, mientras persistiera la «situación de desacato» y de «invalidez» de las actuaciones de la Asamblea Nacional.
El golpe definitivo, lo da la cúpula roja, a la soberanía popular con la inconstitucional convocatoria a una Asamblea Constituyente mediante el decreto presidencial N: 2.830 del 1 de mayo de 2017. En un fraudulento proceso realizado el 30 de Julio de ese año concretaron el golpe de estado a la legítima asamblea. Desde el 4 de agosto del 2017 hasta el 18 de diciembre del 2020 funcionó ese arbitrario cuerpo, que no modificó para nada la Constitución y que solo existió para crear una ficción de órgano legislativo que diera la apariencia de estado moderno a la cúpula usurpadora.
Con el desconocimiento a la soberanía popular mediante el golpe a la Asamblea Nacional, se instalaron los poderes “derivados” de forma inconstitucional, dictado todo un conjunto de actos, administrativos, legislativos y judiciales, totalmente nulos en el derecho, pero que sirven de base al establecimiento del actual estado autoritario que padecemos los ciudadanos venezolanos.
La elección presidencial era la oportunidad para que el chavismo madurismo buscara un retorno a la política democrática. No lo hicieron. Optaron por el fraude abierto y descarado, y en consecuencia, por profundizar su deriva a la dictadura total y absoluta. Han golpeado de forma gravísima la ruta electoral para la conducción de la vida pública.
Si fueron capaces de desconocer los resultados de la elección de los dos poderes emanados del voto ciudadano, serán capaces de hacer lo que les resulte más conveniente en cualquier otro proceso. Este fraude del 28 de julio cierra un ciclo en el proceso político de nuestra Venezuela. Maduro y su camarilla entraron de forma definitiva en el oscuro túnel de la autocracia.
Ya perdieron todo recato y todo disimulo, por eso han desencadenado el más brutal plan de confiscación de los derechos civiles y políticos de la sociedad. La magnitud de la persecución política, de los muertos, presos, desterrados y perseguidos no tiene parangón en nuestra historia, ni en la vida de Hispanoamérica en el presente siglo.
Rescatar la vigencia de la democracia y por ende del estado de derecho es el desafío más importante de nuestra sociedad y de la comunidad latinoamericana. Dejar pasar este golpe del estado socialista a la soberanía popular traerá más y mayores males, no solo a nuestra sufrida Venezuela, sino a todo el continente. Estoy seguro que esa situación está en la consideración de todos nosotros los venezolanos, pero también en todas las conciencias democráticas del mundo occidental. Todo ello junto nos permitirá abrir los caminos por los cuales rescataremos a nuestra Venezuela.-
