La región, de espaldas a la diáspora venezolana y a la migración | Por: Ronal Rodríguez

La diáspora venezolana llegó a los 7.774.494 migrantes, según los datos de la plataforma multiagencial R4V, que le hace seguimiento, con 300.759 refugiados reconocidos y 1.184.889 solicitudes de la condición de refugio pendientes. Se ha convertido en el fenómeno de movilidad humana más grande del mundo. Se calcula que Venezuela ha perdido aproximadamente el 27 % de su población desde la llegada de la Revolución Bolivariana al poder.

En 2023 salió el 20,58 % de la migración venezolana, 1.589.106 personas, pero paradójicamente fue el año de menor respuesta, solo contó con la tercera parte de los recursos de la cooperación internacional requeridos para su atención en la región, mientras que varios gobiernos endurecieron las medidas migratorias y la xenofobia continuó creciendo.

Al complejo panorama se suma la crisis migratoria de la población en dirección a los Estados Unidos por la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Para el 6 de junio las autoridades panameñas reportaban que 174.513 personas transitaron por la selva este año y de ellas el 64,84 %, unos 113.244 migrantes eran venezolanos.

Ni Venezuela se está recuperando, ni sus migrantes están regresando; por el contrario, la “Crisis Humanitaria Compleja” prevalece y se espera que en el segundo semestre de 2024, dependiendo de los resultados de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 28 de julio, se dé un crecimiento significativo de la migración, especialmente de jóvenes y así como de familias en procesos de reunificación en los países receptores.

Particularmente la coyuntura política ha agudizado la persecución contra opositores, defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales y los detractores del chavismo en Venezuela, causando la salida de algunos de ellos ante la represión. Pero sobre todo, genera especial preocupación las presuntas operaciones del régimen de Nicolás Maduro contra venezolanos en Chile y Colombia que van desde las detenciones ilegales, pasando por las torturas, el asesinato y la extracción contra ciudadanos que deberían ser objeto de protección internacional y reconocimiento de la condición de refugiado.

Foto: Observatorio de Venezuela

Incierto futuro

El pueblo venezolano sabe en carne propia que toda situación es susceptible de empeorar y la crisis venezolana es eclipsada por la ucraniana y la palestina, mientras el abordaje migratorio favorable a la integración retrocede rápidamente por los discursos de contención migratoria que promueve la extrema derecha en Europa y los Estados Unidos. Entretanto en la región, los gobiernos de la izquierda progresista le cierran las puertas a los venezolanos y las nuevas oleadas migratorias que cruzan Suramérica y América Central complejizan la situación.

Estados Unidos: la política migratoria de los demócratas es cada vez más parecida a la de los republicanos, y el eventual regreso de Donald Trump augura un detrimento para la población en condición de movilidad humana en los EE. UU.

México: la instrumentalización de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de la política migratoria como moneda de cambio en la relación con los Estados Unidos se prolongará de la mano de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

El Salvador: antes, los niños y jóvenes salvadoreños se sumaban a la caravana migrante Centroamericana huyendo del reclutamiento de las maras; hoy lo hacen escapando de las operaciones de seguridad promovidas por el presidente Nayib Bukele

Cuba y Nicaragua: continúan con su aporte constante a las cifras de migrantes y refugiados que escapan de la represión y la miseria

Panamá: El presidente electo José Raúl Mulino prometió en campaña construir un muro en la frontera entre Colombia y Panamá, imposible de hacer en la selva del Darién pero evidencia la radicalización del discurso político contra la migración, mientras promueve un endurecimiento y “retorno” para los migrantes, especialmente venezolanos

República Dominicana: el reelecto presidente, Luis Abinader, continúa la construcción del muro que busca contener la migración haitiana, en donde la crisis se agudiza.

Ecuador: la ola de violencia que atraviesa el país y las estrategias de seguridad del presidente, Daniel Noboa, rompen el proceso de integración migratoria de la población venezolana y empujan a su propia población a salir, convirtiéndose en la segunda nacionalidad que más ha cruzado el Darién en lo que va de 2024 con 12.300 personas

Perú: a la crisis política del país, se suma el crecimiento de la xenofobia contra los venezolanos, promovida desde el discurso de las mismas autoridades del gobierno lo que termina legitimando el comportamiento adverso a la migración en los medios de comunicación y en la sociedad en su conjunto

Chile: se endurece la legislación migratoria con abordajes de contención, desincentiva la migración y promueve soterrada y abiertamente la salida de venezolanos y haitianos con las expulsiones.

Cifras de tránsito por el Darién.

Foto: Obsr

Decae respuesta colombiana

Colombia que es visto como un ejemplo por apostarle a una respuesta basada en la integración pierde dinamismo, y, al cumplirse el segundo año del presidente Gustavo Petro, el tema migratorio retrocede y el liderazgo regional del país en la materia se desvanece en medio de un discurso grandilocuente pero vacío en acciones concretas.

Al cumplirse tres años del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), política de regularización migratoria que ha llegado a 2.026.011 venezolanos de los 2.845.706 que residen en el país, a febrero de 2024 según Migración Colombia, el proceso se estanca en la falta de voluntad política del gobierno nacional y una disminución considerable de los recursos de la cooperación internacional.

En lo que va de la administración Petro solo iniciaron el proceso el 2,55 % de los venezolanos que accedieron al Estatuto, se aprobó la regularización al 23,37 %, y se entregó el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento de los venezolanos en Colombia, al 29,20 % del 1.945.132 migrantes que ya lo tienen en su mano. Si bien el Estatuto es un proceso acumulativo, es poco lo que se ha avanzado en el actual gobierno y a pesar de los anuncios sobre un nuevo proceso de regularización que supuestamente se iniciaba en octubre pasado, las declaraciones posteriores sobre la estructuración de dicho proceso por parte de los responsables han despertado más dudas que certezas. (Para más información del caso colombiano consulte la última Bitácora Migratoria aquí)