Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro son conscientes de que el acuerdo firmado con la administración Biden, refrendado por la Plataforma Unitaria Democrática este 17 de octubre en Barbados, es una de las vías -la principal- para mantener el poder en Venezuela.
Saben que es la única manera de obtener ingresos extraordinarios durante los próximos meses a través de las exportaciones de petróleo, gas y oro a los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y los países del Caribe. Estas transacciones representarán un ingreso mensual que varía entre 1.000 y 1.200 millones de dólares mensuales, según los cálculos de Juan Szabo y Luis Pacheco en el sector hidrocarburos y la proyección del monto del contrabando de oro en 2022, equivalente a 1.700 millones de dólares, de la ONG Transparencia Internacional junto con la consultora Ecoanalítica. A esto se le podrían sumar los 5.100 millones de dólares en el FMI que hasta ahora no han sido liberados debido a la falta de consenso por parte de las autoridades del organismo de quién los debe administrar (oposición o régimen usurpador).
Este volumen de dólares le permitiría a la empresa criminal en Miraflores mostrar una recuperación económica del país, al generar una sensación de bienestar temporal.
Por eso, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, enfatizó en un comunicado la semana pasada -en pleno conflicto Israel-Hamás- que este acuerdo facilita «un avance significativo para resolver la triple crisis política, económica y humanitaria de Venezuela». El régimen de Maduro, no obstante, deberá cumplir antes de diciembre con el establecimiento de una hoja de ruta y un mecanismo detallado para que todos los aspirantes presidenciales puedan postularse y contar con condiciones electorales equitativas, libertad de desplazamiento y medidas para su protección personal; así como el inicio de la liberación inmediata de todos los estadounidenses y prisioneros políticos venezolanos detenidos sin fundamentos justos.
Por su parte, la administración Biden demostró su compromiso con el acuerdo de Barbados al emitir la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, luego de la firma, una licencia general con una duración de seis meses que autoriza las transacciones relacionadas con petróleo, gas y oro en Venezuela. Su renovación estará sujeta, como ya se dijo, al cumplimiento de lo convenido.
Así, el teatro montado en torno a la elección primaria del pasado 22 de octubre, promovido por el presidente del parlamento de Maduro, la primera combatiente y la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, pretende “suspender la realidad” de ese día emblemático, destacado por la contundente participación de más de 2 millones de venezolanos y que resultó en el irrebatible triunfo de María Corina Machado.
La primaria desafió varios paradigmas del régimen “rojo, rojito”: la excelencia del sistema electoral venezolano, completamente automatizado; el uso del Plan República para el resguardo del material y garantizar la seguridad durante las votaciones; y el de la ley seca -establece la prohibición de venta y consumo de alcohol en todo el territorio nacional- para mantener el orden público.
Es sabido que Maduro tiene un historial de manipulación electoral y represión, por lo que no sorprende en lo más mínimo que pueda darle una patada a la solución pacífica y democrática a la grave crisis que atraviesa el país. El hecho de que él y su entorno estén acusados de crímenes de lesa humanidad y narcoterroristas por organismos internacionales refuerza su decisión de no permitir unas elecciones justas, libres y competitivas con la participación de la candidata de la Unidad, electa el 22 de octubre.
Sin embargo, Maduro tendrá que evaluar si quiere el restablecimiento de las sanciones económicas a su régimen por parte de los grandes países democráticos. Al ser de nuevo un usurpador de la presidencia por la falta de legitimidad de origen en 2024 seguirá perdiendo capital político. Hoy el líder del PSUV apenas cuenta con 9,5% de aceptación, según la encuesta de Delphos, Prospectiva Venezuela Octubre 2023.
La tendencia histórica muestra una caída acelerada de su capital político desde principios de este año. Por lo tanto, si Maduro y su entorno deciden incumplir lo convenido el 17 de octubre habrá reacciones no sólo por parte de la administración estadounidense, sino también de la Unión Europea y el secretario general de la ONU, quien llamó a respetar los derechos políticos y electorales e implementar de buena fe el acuerdo parcial alcanzado en Barbados.
Quedará nuevamente aislado con todo lo que eso implica. Carecerá de las divisas necesarias para recuperar la aprobación de su gestión y seguirán disminuyendo los partidarios del chavismo que aún lo siguen. El resultado sería sumamente perjudicial para su capital político, pudiendo llegar a niveles de 5% o 6% en abril de 2024 si se mantiene la caída de 1% al mes que ha registrado desde enero de 2023.
En tal sentido, todos los actores políticos, maduristas y chavistas, lo señalarán como el único responsable de la profunda crisis en Venezuela. Entonces, su capacidad para alcanzar un equilibrio estable en las negociaciones se debilitará, posicionándolo como el potencial “chivo expiatorio” de la revolución bolivariana.
Los 20.000 millones de dólares que Maduro tendría a su disposición en 2024, fruto del acuerdo de Barbados, representan su mejor opción para competir efectivamente en la elección presidencial. Si opta por no honrar su compromiso, arriesgará su capital político y, por ende, la estabilidad para mantener el poder.
En conclusión, el melodrama montado por “Jorgito y Cilita”, respecto a la elección primaria, ordenando al TSJ “suspender la realidad”, no es más que una táctica de distracción y manipulación para la gran mayoría que quiere un cambio político en Venezuela. Pero Maduro debe considerar cuidadosamente sus próximos pasos. Desafiar el acuerdo podría poner en peligro su ya frágil posición y acelerar su salida de Miraflores.
