Yo nací en la ciudad Tijuana, Baja California, y desde que tengo uso de razón siempre he tenido en la mente la migración, ya sea por el muro o por los miles de historias, documentales y hasta películas de Hollywood que se han realizado en esta frontera con Estados Unidos. Recuerdo muy bien que, en la época de mi niñez, la migración de nacionales a nuestra frontera era por oportunidades de empleo, algunos de estos migrantes no estaban tan obstinados en cruzar a Estados Unidos, muchos de ellos llegaban con la clara intención de vivir en Tijuana, venían con la idea de que acá se ganaba en dólares.
A partir del 2008, las razones de esta migración comenzaron a cambiar de manera drástica, se agregó el factor de la violencia, que detonó el desplazamiento de nacionales, producto de la mal llamada y fallida “guerra contra el narcotráfico”. Las autoridades responsables en aquel entonces no previeron sus daños colaterales: la extorsión, despojo de propiedades y de pequeños negocios de ciudadanos comunes que con mucho esfuerzo lograron construir.
Fue en ese entonces el punto de quiebre de una oleada de nuevos migrantes que, para los estudiosos del tema migratorio, lo han denominado “Desplazamiento Forzado Interno” (DFI). Una migración silenciosa, así la he llamado yo por sus características: no viajan en caravana, no están organizados, son opacados por migración extranjera, no atraviesan ninguna frontera internacional y no se cuenta con algún censo.
Los DFI que llegan a Tijuana son principalmente de ciudades que se encuentran en el estado Michoacán como Apatzingán, Uruapan, Jacona, entre otros; en Guerrero: Zihuatanejo, Chilpancingo y hasta la mismísima ciudad de Acapulco y, últimamente, Ojocaliente, Zacatecas. Esta población ocupa entre 50, 60 y hasttres 70% de la red de los más de 30 albergues que se encuentran en Tijuana, es decir, unas 2 mil 600 personas.
En la garita fronteriza Tijuana-San Ysidro, todos los días se aproximan nuevos migrantes a solicitar asilo, siete de cada 10 de estos son desplazados internos. En estos grupos de personas se encuentran familias enteras que van desde tres hasta 32 integrantes. Es sorprendente ver a tantos desplazados, como si municipios de Michoacán y Guerrero se estuvieran vaciando.
Otro dato contundente y que evidencia esta situación son los de la oficina de aduanas y patrulla fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la que mes por mes publica la cifra de retornadas a México. En lo que va del año fiscal 2023 (octubre 2022 hasta la fecha), fueron expulsados desde Estados Unidos 152,564 mil mexicanos de manera expedita bajo el título 42 en el mismo punto fronterizo de donde intentaron cruzar de manera irregular y que en su mayoría venían en el contexto de DFI. Esta cifra representa el 59.27% de intentos de cruces irregulares comparados con migrantes de otras nacionalidades.
Es muy duro escuchar las trágicas historias, que van desde amenazas de muerte hasta el asesinato de un familiar. Ellos huyen de una persecución que los alcanza hasta en las ciudades donde encuentran refugio a través de la extorsión psicológica con mensajes de texto que reciben desde sus celulares y con los que constantemente los torturan diciéndoles “ya sabemos en dónde estás”.
Los DFI que se encuentran en ciudades fronterizas, son solicitantes de asilo en Estados Unidos y es muy probable que de los que ya se encuentran en aquel país por medio de un permiso humanitario esperando su cita en alguna corte norteamericana, las solicitudes sean rechazadas por un juez y tengan que ser repatriados a México por no contar con las evidencias suficientes para fundamentar su caso, una de ellas y la más importante es la denuncia ante el Ministerio Público, la cual no lograron presentar en su momento porque tuvieron que salir huyendo o porque temían que la autoridad en esa región este coludida con los criminales.
Los desplazados internos se encuentran en el mismo grado de vulnerabilidad y corren el riesgo de perder la vida si permanecen un día más en su lugar de origen, al igual que un ucraniano desplazado por la guerra, un hondureño por las maras o un venezolano por la represión que se vive en su país.
Si bien ya existen leyes a nivel estatal para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno, es inaplazable aprobar la ley general en esta materia que se encuentra congelada en el Senado de la República, para que la Federación pueda intervenir, se creen instituciones y se designe presupuesto para su atención, ya que los estados con mayor número de desplazados se han visto rebasados ante la magnitud del problema.
Por lo pronto, es urgente encontrar soluciones en el corto plazo para evitar que cientos de personas sigan abandonando su lugar de origen por razones de vida o muerte y, así, estar en la posibilidad de cumplir con el objetivo trazado por nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando menciona que “la migración sea opcional, no forzada”.
Podemos tener argumentos suficientes para solicitarle a EU que se responsabilice por la migración extranjera que está de tránsito en nuestro país, pero con la de nuestros nacionales, no; en este caso, hay una responsabilidad directa del Estado mexicano de atenderla y encontrar soluciones. Comienza a notarse un nuevo éxodo de mexicanos y es el único que está en nuestras manos evitar.
