Después de casi 7 años de estar irresponsablemente cerrada la frontera colombo venezolana por una disputa, capricho e irresponsabilidad del régimen venezolano, se plantea el reto de la “reapertura de ese punto de encuentro entre dos naciones y países hermanos”, no de una línea divisoria entre pueblo y familias que han hecho de ese espacio territorial compartido su centro y forma de vida.
Esta línea de encuentro fronterizo entre dos naciones debe verse como un punto de convivencia y convergencia y no como un punto de división entre dos Estados, naciones o países, puesto que en la realidad es allí donde se integran y comparten dos países enraizados históricamente en una misma tradición cultural y libertaria. De igual manera en la geopolítica regional, comparten intereses y proyectos de desarrollo y cooperación.
LA FRONTERA ES UNA FORMA DE VIDA
La frontera es mucho más que una línea divisoria, es una forma de vida donde las mismas familias comparten ambas nacionalidades, unos nacidos en territorio colombiano y otros en territorio venezolano, constituyendo una incuestionable dicotomía antropológica, una realidad socio política y socio cultural y económica.
DEUDA MORAL
Reabrir de nuevo la frontera no constituye una dádiva o reivindicación, tampoco un reconocimiento, más bien una vergonzosa deuda moral pendiente con un pueblo subyugado y humillado irresponsablemente por los Gobiernos de turno.
Este era un reto y una necesidad inaplazable que ambos gobiernos debieron resolver desde hace mucho tiempo, independientemente de las razones o interpretaciones políticas que lo originaron, o de la forma en que los gobiernos pretenden manejar sus interéses ideológicos y se constituyen en la representación jurídica y política de la nación a través de Estados y gobiernos autocráticos y hegemónicos que no le ha importado el sufrimiento de tantas familias de ambos países.
En este caso, desde hace más de 7 años, decretar el cierre fronterizo conllevó a la creación de miseria y estimular el contrabando y asentamiento de todo tipo de grupos y mafias irregulares al margen de la ley que promueven crímenes y operan libremente en la frontera colombo venezolana.
Todo lo cual ha perjudicado gravemente como siempre a los más vulnerables de ambas naciones, la clase más pobre y desfavorecida.
Aparte, este era una deuda social y constituye un reto y una necesidad que ambos gobiernos debieron resolver desde hace mucho tiempo independientemente del “reconocimiento” político o formas de gobierno. En este caso, en Venezuela por un gobierno, cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada discutida y puesta en tela de juicio en la región y particularmente por el anterior gobierno de Colombia.
Independientemente de estas consideraciones ha sido el pueblo, el más desposeído, el más débil el ciudadano de a pie, el más perjudicado. Era una deuda con un pueblo humillado empobrecido y subyugado, que ha padecido y adolece de los más básicos recursos para resolver su crisis existencial y económica, de agua, electricidad, alimentación, vivienda, seguridad y servicios médicos en una frontera que fue pujante en un tiempo y generadora de riquezas que tenía un intercambio comercial muy importante para ambas naciones y una balanza de pago favorable para dichas economías.
Los ciudadanos en Colombia y en Venezuela aspiramos que sea un paso decidido y una nueva estrategia política, determinante para rehabilitar la economía y las relaciones en esa frontera colombo-venezolana que ha pasado y está pasando tanta necesidad.
Esperamos que no sea simplemente un saludo a la bandera y una forma para legitimar el contrabando de mercancías, armas drogas y gasolina, sino que sea realmente bajo un control institucional que permita restablecer la relaciones comerciales consulares económicas y sociales en esa zona tan devastada y empobrecida por la negligencia e irresponsabilidad de los gobiernos de turno.
