Ni la dictadura cayó, ni los venezolanos se regresaron a su país. Después de más de media década, la sociedad y las autoridades colombianas se percatan que la movilidad humana proveniente de Venezuela no es un fenómeno temporal o pasajero.
Ni siquiera la pandemia ha detenido la salida de venezolanos, entre abril y noviembre de 2020 unos 354.454 venezolanos migraron, y en Perú superó la barrera del millón y estiman la migración en 1.043.460, según datos del portal R4V, que reúne la información de OIM y ACNUR.
Para Migración Colombia la población venezolana en el país se contrajo, pasando de los 1.825.687 venezolanos en febrero a los 1.717.352 para octubre, una reducción de 5,93%, es decir que la autoridad migratoria calcula que han salido unas 108.335 personas.
SITUACIÓN COMPLEJA
Los datos parecieran contradictorios, la migración venezolana crece, pero las cifras oficiales en Colombia reflejan una reducción. En realidad, todo ello es tan sólo una muestra de la compleja situación que se da en la frontera colombo-venezolana, a pesar de la pandemia y del cierre de los pasos fronterizos, unos 462.789 venezolanos se han desplazado en medio de la crisis de salud pública, una cuarta parte en dirección al hermano país y las otras tres cuartas partes en dirección a los países de acogida llegando incluso hasta el Perú, según datos oficiales, pero existe un alto subregistro que puede llegar a duplicar las cifras de las autoridades.
Así las cosas, hoy en Colombia se estima que hay 1.717.352 venezolanos, de ellos 45% regulares y el 55% irregulares según Migración Colombia, y unos 568.825 retornados según la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es decir, que el fenómeno de movilidad humana, entre migrantes y retornados provenientes de Venezuela, es del orden de las 2.286.177 personas, aproximadamente el 4,49% de la población colombiana estimada por el DANE para el 2020.
VENEZOLANOS CON TMF
A ellos se suman los 4.986.099 ciudadanos venezolanos con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), un instrumento creado por el gobierno colombiano en febrero de 2017 para controlar el paso de venezolanos que vienen abastecerse de bienes y servicios del lado colombiano.
A pesar de que el uso de la TMF se ha limitado por el cierre de los pasos fronterizos desde el 14 de marzo, como parte de las medidas para contener la pandemia, la población que depende de dicha tarjeta se ha visto obligada a tener que usar las trochas.
Si bien el 31% de la migración venezolana se encuentra en Colombia la vecindad sobrecarga la frontera, de los poco más de 12 millones de personas que habitan entre los siete departamentos colombianos y los cuatro estados venezolanos, aproximadamente el 41% de esas personas se encuentra en migración pendular.
Un apretado panorama que refleja como el 22% de la población venezolana estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela para el 2020 se encuentra en movilidad humana y dependiendo del Estado colombiano y otro 11% dependiendo de terceros países.
COLOMBIA SOLIDARIA
No obstante, las dimensiones del reto, no se puede negar que comparativamente con otros países de la región, el Estado Colombiano ha actuado de forma solidaria con los migrantes y retornados, tanto con las medidas reactivas del gobierno nacional, pero sobre todo con la gestión humanitaria de la sociedad civil que han hecho de la respuesta colombiana una referencia global.
Pero ha llegado la hora de abordar la movilidad humana proveniente de Venezuela en el largo plazo, la consolidación de la dictadura se ha materializado con la pírrica victoria de las elecciones de la Asamblea Nacional del pasado 6 de diciembre y el falso espejismo del retorno venezolano se diluye pasados los más de cinco años.
En el Congreso colombiano se debaten la ley migratoria y la ley de fronteras, herramientas que deben articularse para hacer frente a la movilidad humana. Pero el Gobierno Nacional está absorto en la urgencia que le impone la pandemia y centra todos sus esfuerzos en componer un marco legal que permita la reconstrucción socioeconómica, olvida la importancia que la frontera y la migración tendrán no sólo en la reconstrucción, sino en el futuro de una nación que se enfrenta a su cambio más importante desde la independencia, por primera vez la nación colombiana incluirá un gran componente migrante.
Son las autoridades locales y departamentales las que en medio de las necesidades de las comunidades receptoras hacen frente a la atención migratoria con sus nuevas demandas, tensiones y conflictos para lograr la verdadera integración e inclusión. Pero lamentablemente, son las voces de dichas autoridades las menos escuchadas tanto por el Gobierno Nacional, el Congreso o la Cooperación Internacional, muchas veces la discusión se pierde en las competencias y responsabilidades.
ESTRUCTURAR NUEVAS INSTANCIAS
En momentos en que la ley migratoria pasó su segundo debate sin escuchar y atender las necesidades de las autoridades locales y departamentales de frontera, se requiere estructurar nuevas instancias de coordinación entre los responsables territoriales para incidir en el marco legal que establecerá la política migratoria colombiana.
La movilidad humana trae nuevos debates en momentos que el sistema político se encuentra altamente complejizado por la polarización. Mientras 379.334 colombianos retornados de Venezuela han adquirido derechos políticos para participar en las próximas elecciones, el discurso xenofóbico de algunas autoridades locales, así como el de algunos ministros y congresistas, son el anuncio que el tema migratorio hará parte de la próxima contienda presidencial, como lo ha hecho en Europa, Estados Unidos y varios países de Centro América.
A pesar de que algunas de las autoridades nacionales son conscientes que ha llegado la hora de plantearse el tema migratorio en el largo plazo, las respuestas continúan siendo reactivas y de contingencia. El cierre de los pasos fronterizos es percibido como una medida de contención de la migración y la pandemia, mientras que la salida de venezolanos aumenta y se supedita a la población a las dinámicas criminales de los actores delincuenciales de la zona, pero al final del día “se cierran los pasos, pero nunca la frontera”.
De igual forma se cree, desde el Gobierno Nacional, que no tener diálogo, ni relaciones consulares con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ayudará a desencadenar la transición democrática en Venezuela. No obstante, olvida la responsabilidad que tiene con los más de 3,4 millones de colombianos que aún residen en el hermano país y en lugar de enarbolar una diplomacia del micrófono llena de calificativos debería construir una robusta diplomacia para la migración, no sólo desde su posición como país receptor sino también en dirección a proteger a nuestra propia diáspora en Venezuela.
Finalmente no todo es responsabilidad de las autoridades, sino también de la sociedad colombiana, sus medios de comunicación, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de cada ciudadano, quien debe hacer un esfuerzo por comprender que la inclusión e integración de la movilidad humana proveniente de Venezuela es una realidad irreversible y que de cada uno depende si Colombia se convierte en un caso exitoso y referente global o por el contrario termina alimentando el conflicto armado del que no se termina de salir.
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