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Entre la multitud abrumadora del centro de Lima, la venezolana Lilia Gutiérrez, de 27 años, vende gorros de Navidad. Desde que perdió su trabajo por la pandemia, la joven lleva atados en una cuerda a sus dos hijos, de 5 y 2 años, que la acompañan durante jornadas de 12 horas, los siete días de la semana.
Como para Gutiérrez, vender en la calle fue la única alternativa de muchos venezolanos residentes en Perú para sobrevivir a los efectos del covid-19, que los azotó de manera desproporcionada y dejó sin trabajo al 89 % de ellos.
Perú, que abriga más de 1,04 millones de venezolanos desplazados, es el segundo país de destino para esta comunidad, luego de Colombia, y lidera la lista de naciones que acogen más solicitantes de asilo.
Aún así, los refugiados venezolanos en el país andino se enfrentan a un conjunto de barreras legales, administrativas y prácticas que entorpecen su inclusión económica, los orilla a trabajar en empleos informales y, en algunos casos, a sufrir explotación y abuso.
Con la llegada del covid-19 y el atroz golpe al crecimiento económico de Perú, pronosticado a caer un 14 % este año, la ya vulnerable situación de los venezolanos se vio exacerbada y condujo a muchos de ellos a un estado de precariedad extrema, incertidumbre alimentaria, desalojo y desamparo.
“PATEAR” LA CALLE
Tras perder su trabajo en junio, a raíz de la pandemia, Lilia Gutiérrez empezó a vender de forma ambulante mascarillas y “todo lo que encontraba” para mantener a sus dos hijos menores que, como ella, carecen de papeles legales en Perú, según relató a Efe.
Ahora, bajo el arco que da entrada al Barrio Chino, en el centro histórico de Lima, la joven se instala de las siete de la mañana a las diez de la noche con un carro lleno de artículos navideños, junto con sus dos hijos, que la acompañan en las largas e incesantes jornadas de trabajo.
“Comemos en la calle, de lunes a lunes”, pues “vivo de eso, del día a día” y aunque “no me gusta trabajar en la calle, tengo que hacerlo”, lamentó la mujer.
Madre e hijos emprendieron en 2018 el viaje para salir de Venezuela en busca de “una mejor situación económica” y se instalaron en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Pero, hasta ahora, las oportunidades en Perú han sido escasas y “con la pandemia, todavía peor”.
El coronavirus también frenó el desarrollo laboral de Noris Liendo, una mujer de 48 años que tuvo que dejar de vender empanadas venezolanas y café en los alrededores del distrito limeño de Jesús María, donde vive en un apartamento compartido y divide cuarto con su hijo, de 13 años.
Más allá de la venta ambulante, que en argot venezolano se conoce como “patear la calle”, Liendo, licenciada en administración comercial, acumula una buena lista de trabajos, en lavanderías, tiendas y mercados. Pero todos ellos han sido informales y, en algunos, sufrió abuso y explotación.
“Todas mis jornadas han sido entre 10 y 12 horas” y, en muchas ocasiones, “los jefes ofrecen una cosa al principio y a medida que se desarrolla el trabajo no se cumple”, imploró la mujer, quien denunció también la xenofobia constante de los empleadores.
“Aquí yo no soy nadie”, dijo.
VENEZOLANOS EN SECTORES MÁS IMPACTADOS
Según reportó la Defensoría del Pueblo, el 89 % de venezolanos residentes en Perú perdieron su trabajo como resultado directo de la pandemia, el 39 % estuvo en riesgo de desalojo y alrededor de 34.000 emprendieron el viaje impensable de regreso a Venezuela.
De acuerdo con el reporte “El efecto del COVID-19 en la inclusión económica de los venezolanos en Perú”, del Centro para el Desarrollo Global (CGD) y Refugees International, el 71 % de los venezolanos empleados en el país andino trabajaban en los sectores económicos más impactados por la pandemia, como la manufactura, las actividades administrativas, el comercio o el almacenamiento, comparado con el 56 % de los peruanos empleados.
Para las mujeres, el escenario es aún peor. El 78 % de ellas laboraban en estos sectores, una realidad que, según explicó a Efe la coautora del estudio Martha Guerrero, retrata la “sexualización” que sufren.
“Eran percibidas como más guapas” y se las consideraba “más aptas para agarrar puestos que eran de contacto con el cliente”, explicó Guerrero.
INACCIÓN DEL GOBIERNO PERUANO
El reporte citado acusa al Gobierno peruano de dejar a los venezolanos fuera de la respuesta a la pandemia. “No se ha hecho nada. Se han lavado las manos”, denunció Guerrero.
La falta de acciones públicas para apoyar a la comunidad llevó a desplazados a la necesidad de una mayor asistencia humanitaria, enfrentándose al riesgo de desalojo, la falta de atención médica y la inseguridad alimentaria.
En mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que cerca de 200.000 venezolanos en Perú se encontraban en una necesidad urgente de asistencia alimentaria.
“En la pandemia me tocó racionar la comida”, aseveró en declaraciones a Efe Oscar Meza, un venezolano de 36 años, graduado en administración, que desde hace más de dos años trabaja como vigilante de un centro médico en el barrio limeño de San Isidro.
Meza emprendió el viaje a Perú en agosto de 2017, con apenas 250 dólares en su bolsillo, dejando atrás a su madre y su sobrina, a quienes tiene bajo su cargo.
Justo antes de la llegada del covid-19, su hermana, que también vivía en Lima, perdió su trabajo, “se quedó sin un sol” y, con el sueldo mínimo de Oscar (930 soles o 274 dólares) y una boca más a la que alimentar, necesitaron abrocharse el cinturón.
“Gracias a una amiga que nos ayudó pudimos sobrevivir, si no hubiera sido por ella no sé qué hubiera sido de nosotros”, se preguntó el hombre.
DESIGUALDAD LLEVA COLA
Ya antes de la pandemia, los venezolanos en Perú tenían peores resultados económicos que los peruanos, pues mientras el 72,5 % de los peruanos trabajaban en 2018 en el sector informal, la informalidad entre venezolanos ascendía al 88,5 %, según el trabajo de CGD y Refugees International.
Además, los migrantes forzados ganan un sueldo un 35 % inferior al de los peruanos, una brecha salarial que se acentúa más aún entre los refugiados que cuentan con educación universitaria, que cobran un 71 % menos.
Hoy, alrededor de 477.000 venezolanos tienen un permiso temporal de permanencia (PTP), una licencia que hasta octubre de 2018 el gobierno peruano otorgaba a los migrantes forzados para tener derecho legal a trabajar y acceso a los servicios básicos.
En 2019, el gobierno introdujo nuevos y estrictos requerimientos de visa, por lo que muchos venezolanos optaron por pedir asilo. Aquel año, sin embargo, de las casi 500.000 personas que aplicaron, apenas 1.230 lograron el estatus de refugiado (0,25 %).
