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Un tribunal de Cabo Verde rechazó hoy formalmente el cumplimiento de un fallo de una corte africana que ordenaba a este país a sacar de prisión al empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para colocarlo en un régimen de arresto domiciliario.
La Corte de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, se negó hoy a acatar la orden del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), a la que pertenece Cabo Verde.
El Tribunal de Justicia dictaminó el pasado 30 de noviembre que este país insular de África occidental debe poner de inmediato bajo arresto domiciliario a Saab, detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio a petición de Estados Unidos, que ha solicitado su extradición por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
El empresario -que lleva en prisión preventiva desde el 14 de junio- alega problemas de salud que requieren la atención de un médico fuera de la cárcel en la que está recluido, por lo que el Tribunal de la CEDEAO pidió que se le conceda la detención domiciliaria para tener acceso a su familia, doctores y abogados.
FALTA DE COMPETENCIA PARA OBLIGAR A CABO VERDE
Esta corte, con sede en Abuya (Nigeria), ordenó a Cabo Verde aliviar el encarcelamiento de Saab al estimar que la Justicia del país africano «actuó fuera de su jurisdicción» cuando lo detuvo para responder a la solicitud de extradición de EE.UU.
Sin embargo, la Corte de Barlavento afirmó este martes, según una resolución a la que tuvo acceso Efe, que el Tribunal de la CEDEAO «no tiene competencia para obligar al Estado de Cabo Verde al cumplimiento de sus decisiones».
El tribunal africano, con sede en Abuya (Nigeria), tiene jurisdicción para escuchar quejas individuales sobre posibles violaciones de derechos humanos desde la aprobación de su Protocolo de 2005.
Pero la Corte de Barlavento sostiene que Cabo Verde «no firmó, ni mucho menos ratificó, el Protocolo de 2005, que atribuye competencias al Tribunal de la CEDEAO sobre cuestiones relativas a la violación de derechos humanos».
Por tanto, «la competencia para determinar la liberación o la sustitución de medidas cautelares es de los tribunales nacionales», zanjó el juzgado de Barlavento.
Fuentes de la defensa contactadas por EFE en Praia, capital caboverdiana, confirmaron hoy que esa corte también rechazó «rotundamente» dos peticiones presentadas anteriormente por Saab para cumplir su detención provisional en un domicilio, a la espera del resultado del proceso de extradición.
En cuanto a estas dos peticiones, la ley caboverdiana no permite que la defensa apelar a instancias superiores, aunque hay dos tribunales jerárquicamente por encima de la Corte de Barlavento: el Supremo Tribunal de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Ante la imposibilidad de apelar, las fuentes de la defensa declararon a Efe que evalúan qué hacer en relación con la orden del Tribunal de la CEDEAO, pues entienden que las decisiones de este tribunal comunitario deben ser ejecutadas por Cabo Verde.
PREOCUPACIÓN DE VENEZUELA
La decisión de la corte caboverdiana se conoció después de que los abogados de Saab instaran el pasado día 9 al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, a cumplir la orden del tribunal africano.
Los letrados amenazaron incluso con «pedir al órgano competente de la CEDEAO que imponga sanciones a Cabo Verde por no cumplir con sus obligaciones».
Dos días después, el Gobierno de Venezuela, que sostiene que el empresario tiene la nacionalidad venezolana, expresó su «preocupación» por la demora de las autoridades de Cabo Verde para poner en arresto domiciliario al supuesto testaferro de Maduro.
El Tribunal de la CEDEAO también admitió la condición de Saab como «enviado especial» de Venezuela, argumento que usa la defensa para alegar que su arresto es ilegal porque «tenía derecho a la inviolabilidad personal» debido a ese estatus.
El empresario fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal (norte), tras una petición de EE.UU. cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.
El Gobierno y un tribunal caboverdianos han aprobado la extradición de Saab, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia.
